Informe presentado por el Comité Nacional de Paro – CNP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.

INFORME PRESENTADO POR EL COMITÉ NACIONAL DE PARO – CNP A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – CIDH

Bogotá, junio 9 de 2021. Entregado a: Antonia Urrejola Presidenta CIDH; Comisionados Joel Hernández Stardudo Ralón Tania Reneaum Panszi Secretaria Ejecutiva; María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo Cooperación Técnica y Capacitación; Pedro Vaca Relator Especial para la Libertad de Expresión; Equipo Técnico Secretaría Ejecutiva Delegación Visita a Colombia Comisión Interamericana de Derechos Humanos Bogotá.

Presentación

Agradecemos la decisión de la CIDH de realizar esta visita a Colombia como respuesta a la solicitud de miles de organizaciones y personas y de la insistencia de la comunidad internacional.

El Comité Nacional de Paro presento el 16 de mayo unas exigencias de garantías para ejercer la protesta, y entre ellas incluyo la exigencia al gobierno nacional de que diera anuncia al pedido de la CIDH, en los siguientes términos: “Que el gobierno nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Y acepte el pedido de visita de los siguientes relatores especiales de naciones unidas: derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura”.

El Comité Nacional de Paro fue constituido en el año 2019 y actualmente está integrado por sectores sociales del orden nacional (organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, mujeres, educadores, salud, derechos humanaos, cooperativas, pensionados, periodistas alternativos, productores agropecuarios, pescadores, mineros, lgtbi, cultivadores de coca, arte y cultura, recicladores, padres de familia, transportadores, etc.), 28 comités departamentales de paro y unos 350 comités municipales de paro

Queremos presentar este informe donde incluimos una sustentación de las razones del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril, las garantías para la protesta que hemos exigido al gobierno y sobre las cuales el gobierno nacional no ha tenido la voluntad de adoptar, las consecuencias de esta falta de garantías, y unas solicitudes concretas con las que pensamos podemos mejorar las condiciones para ejercer los derechos de reunión y manifestación pública.

1- Los antecedentes y razones del Paro Nacional

a- El Acuerdo de paz como impulsor de la participación ciudadana en Colombia.

La firma del acuerdo final de paz entre el Estado Colombiano y la antigua insurgencia de las FARC EP en el año 2016 ha tenido como una de sus consecuencias políticas positivas la generación de un proceso creciente de ampliación y masificación de la participación ciudadana y la protesta social, expresado entre otras cosas en muy significativa votación de la consulta ciudadana contra la corrupción en agosto del 2018, las inmensas movilizaciones estudiantiles e indígenas de los últimos años, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y el actual paro nacional, estos últimos dos, los más grandes en las últimas décadas en Colombia. De hecho, según la base de datos de “luchas sociales en Colombia” del CINEP Colombia se

presentaron 12775 jornadas de protesta entre 2016 y 2019, teniendo como principales motivos 2“el incumplimiento de pactos, la exigencia de derechos y las motivaciones políticas.”

b- El pliego de 2019 presentado por el Comité Nacional de Paro (ver anexo)

En medio de las masivas movilizaciones del Paro Nacional iniciado en noviembre de 2019 en defensa de la vida, la paz y en contra de las medidas económicas regresivas del Gobierno de Iván Duque, posibilitó la ampliación y fortalecimiento del Comité Nacional de Paro y la construcción de un pliego nacional que recogió en buena medida las diversas aspiraciones, demandas y reclamos de los diversos sectores de la ciudadanía que se movilizaron durante dichas jornadas, este pliego de ciento cuatro puntos en buena medida se puede sintetizar en cuatro grandes bloques:

● Implementación del acuerdo de paz y garantías para la vida: el pliego recoge medidas concretas y específicas contenidas en el acuerdo final de paz y que, aunque son obligaciones estatales no han sido impulsadas o implementadas cabalmente por el Gobierno de Iván Duque, muchas de ellas directamente relacionadas con la creación de mecanismos que permitan frenar el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación.

● Cumplimiento de acuerdos anteriores con sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario: producto de proceso de movilización social de años anteriores se alcanzaron diversos acuerdos entre sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario con el gobierno nacional, los cuales, a pesar de estar contenidos en distintos mecanismos normativos como políticas públicas, leyes y decretos han sido incumplidos en su inmensa mayoría

● Medidas de Política social: la movilización del año 2019 tuvo origen en buena medida por un fuerte paquete legislativo impulsado por el gobierno nacional y su coalición al interior del Congreso de la República, paquete que incluye entre otras medidas de mayor flexibilización laboral, afectaciones serias al régimen pensional y de seguridad social en el país, por tanto el pliego nacional recoge la exigencia de su no aprobación y la de la construcción de medidas de política social progresivas y de carácter garantista.

● Nuevas demandas ciudadanas: la sociedad colombiana al igual que buena parte de las sociedades contemporáneas vive un proceso de complejización de su ciudadanía, de sus aspiraciones y del entendimiento de sus derechos, proceso especialmente relacionado a la irrupción de nuevos entendimientos sobre el rol de las mujeres, los jóvenes y de la forma en la que debemos relacionarnos con la naturaleza, es por esto que en el pliego nacional se encuentra contenidos diversos reclamos y propuestas en relación a la forma en la que el Estado debe responder a dichas demandas ciudadanas.

c- Pliego Nacional de Emergencia por el cuidado de la vida, la salud y el empleo (ver anexo)

La pandemia del COVID 19 y el pésimo manejo sanitario, económico y social que le ha dado el Gobierno de Iván Duque ha traído como consecuencia la pérdida de la vida a más de noventa mil personas, siendo Colombia uno de los países en el mundo con más muertos por cada cien mil habitantes, la destrucción de millones de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos de las personas que trabajan, la destrucción de pequeñas y medianas empresas, y la extensión del hambre y a un franco deterioro de la democracia por el manejo autoritario de la crisis.

Ante esta realidad el Comité Nacional de Paro le presentó en junio de 2020 al gobierno nacional un pliego social que busca cuidar la vida, la salud y el empleo llamado “pliego nacional de emergencia” con el que mediante seis medidas concretas se busca garantizar que todo colombiano pueda ser atendido integralmente, oportuna y dignamente frente al diagnóstico y atención de las diversas complicaciones de salud derivadas del COVID 19, una renta básica para millones de familias que hoy no pueden afrontar con

dignidad y derechos la pandemia, medidas que detengan las violencias basadas en género que se han incrementado exponencialmente en el actual contexto, la gratuidad en la educación superior para que millones de jóvenes no se vean obligados a desertar el sistema educativo profundizando más la desigualdad en el país y medidas urgentes para proteger la producción agropecuaria y la producción nacional no sólo como un elemento central para conservar el empleo sino también para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad para el país.

Principales indicadores de la situación social del país Comparativo 2019 - 2020.

DANE (2021) - *Ministerio de Educación

La pandemia del covid-19 y la estrategia del confinamiento obligado no solo dejó al descubierto sino que agravó la precariedad del sistema de salud y en particular de atención a la población de menores recursos, así como las enormes fracturas sociales producto de la aguda pobreza monetaria y de las profundas desigualdades existentes, que a más de ser unas de las mayores en el mundo, se da como rasgo predominante tanto entre territorios como al interior de los mismos, y entre el campo y la ciudad.

La situación social de Colombia, ya crítica después de décadas de políticas económicas y sociales neoliberales, ha empeorado durante la pandemia. Con la pérdida de aproximadamente 2,4 millones de puestos de trabajo, una tasa de desempleo promedio de 16,1% y una contracción de la economía del 6,8% durante 2020, los hogares vulnerables, pobres y familias de clase media, son los más afectados.

Fedesarrollo estima, de acuerdo con lo sucedido en 2020, que la población en condición de pobreza pudiera haber llegado al cierre del año a niveles superiores al 45%. A su vez, Garay y Espitia han proyectado una pobreza y vulnerabilidad a finales de 2020 entre el 60.0% y el 62.5%. De haber resultado esa evolución de la pobreza se podría concluir que Colombia habría retrocedido más de década y media en términos de avances sociales en pobreza y desigualdad.

Esto en conjunto ha venido reflejándose en el deterioro de la calidad de la vida de los hogares colombianos. De acuerdo con el Pulso Social del DANE, a enero de 2021 el 65.7% de la población consideraba que la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses, es peor o mucho peor. El 69.7% sostiene que tuvo menos posibilidades de consumos básicos que hace un año. En enero de 2021, el 67.3% de los hogares consumieron 3 comidas al día, en comparación con el 90.1% un año atrás, el 29.7% de los hogares 2 comidas al día, el 2.4% una sola comida y el 0.5% de los hogares (42.237) manifiestan haber consumido menos de 1 comida al día.

En este contexto, la política de Renta Básica permanente se constituye en un instrumento necesario para permitir que los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que en buena parte están en cabeza de mujeres (4 de cada 10 hogares para la población general), puedan tener incondicionalmente los recursos monetarios suficientes para poder adquirir los bienes y servicios requeridos para la vida.

El sistema educativo está en crisis por la refinanciación de la educación a nivel preescolar, y a nivel de educación superior, las transferencias ara cubrir sus costos han venido decreciendo, con la pandemia la crisis se agrava por que tan solo el 9 % de los hogares rurales tienen conectividad o dispositivos electrónicos para recibir formación virtual, y a nivel urbano no es menos grave ya que el 51% de hogares o no tienen conectividad o no tienen computadores u otros dispositivos electrónicos para recibir sus clases.

En Colombia, durante el año 2019, cada 3 días una mujer fue asesinada por su pareja o expareja, por lo menos una mujer fue agredida por su pareja o expareja cada 13 minutos, cada 24 minutos al menos una mujer fue agredida sexualmente y sobre este grupo, las niñas y las adolescentes fueron el 86% del total de mujeres agredidas. Las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas, seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años. Los presuntos agresores son personas cercanas a las víctimas, así lo demuestra que, de los 18.927 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes reportados en 2019, solo en 633 casos (3,34%) el presunto agresor se registró como desconocido, en 9.749 casos (51,51%) el presunto agresor fue un familiar y en 3.505 casos fue un conocido (18,51%).Así mismo, en 14.671 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, correspondiente al 77,51%del total, se reporta la vivienda como escenario del hecho victimizante.

En medio de la pandemia del covid-19 Colombia perdió 509.370 micronegocios. Estos pasaron de ser 5,8 millones entre enero y octubre de 2019 a 5,3 millones en enero y octubre de 2020. Así lo indicó el Dane, entidad para la que un micronegocio es una unidad económica que tiene como máximo nueve personas ocupadas y que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios. Además, en el informe se indica que 64,0% de los micronegocios son de propiedad de los hombres (3,4 millones) frente a 36,0% que pertenecen a las mujeres (1,9 millones). Además, 90,1% pertenecen a trabajadores por cuenta propia. Del total de micronegocios, en ese periodo 26,9% son de actividades de Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, 21,9% se dedican a la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y 9,9% a la Industria manufacturera (que incluye: recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales). Esto ha generado la perdida de cientos de miles de empleos en Colombia.

d- El Paro Nacional del 28A de 2021, por la vida, la paz, la democracia, contra las reformas tributaria y de salud

Después de casi un año de presentado el pliego de emergencia (el 20 de junio de 2020), y de no obtener respuesta, ni disposición para discutirlo, y ante los regresivos proyectos de ley de reforma a la salud y de reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro, convoco de nuevo a un Paro Nacional el 28 de abril de 2021, debido a la gravedad de la crisis social. Es importante que la CIDH conozca que el Paro Nacional es consecuencia de la crisis social y no como ahora lo presenta el Gobierno que el Paro Nacional es el origen de la crisis, las cerca 13000 mil movilizaciones ciudadanas en 800 de los 1.100 municipios de Colombia, reflejan la gravedad y urgencia de la situación.

El pliego de emergencia se dirige a garantizar condiciones mínimas de subsistencia, tal como lo señala el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Las cifras de contagios y muertes por covid-19, Colombia llega a los 3′571.067 contagios, de los cuales, hay
157.064 casos activos; 3′310.737 personas se han recuperado en la pandemia, y 91.961 han fallecido. Sin que avance en debida forma el fortalecimiento al sistema de salud, y el cuidado del personal de salud, han muerto más de 300 trabajadores de la salud en el marco de la atención de la pandemia.

e- Los logros del Paro Nacional para la sociedad

El Paro Nacional inició en Colombia el 28 de abril y que ya completa 42 días con más de 13 mil movilizaciones, con masiva presencia en las calles, con diversas expresiones artísticas. La historia del estallido social que no tiene precedentes se lee en las pintas, grafitis en los muros de las ciudades, una nueva generación de jóvenes y casi niños y niñas se visibilizan en los pueblos y los barrios con una inmensa alegría y voluntad de cambio, jóvenes que no se rinden y que escriben su propia historia, jóvenes que aman la vida, la libertad, la naturaleza, los animales y que sienten que el país anda mal y hay que cambiar la situación, jóvenes buscando una representación real y renombrando plazas y calles con actos de dignidad y memoria. Sin duda el primer activo del paro es que se está pariendo una generación de cambio que sueña con un mundo mejor y que serán sin duda actores presentes y futuros de los cambios que requiere el país.

Se cayó la reforma tributaria, y su propuesta regresiva de descargar los impuestos en las capas más pobres de la población a través del IVA, y con aumento de cargas para las clases medias, beneficiando a los sectores más ricos y a las grandes empresas, proyecto de ley que no tuvo ninguna concertación social y que fue el detonante del estallido social que vive el país, igualmente esto propicio la caída del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que renuncia el 3 de mayo a raíz de la crisis.

La polémica reforma a la salud que tenía mensaje de urgencia del presidente Duque, fue hundido el 19 de mayo por los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el archivo proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, gracias a la presión ciudadana en las calles.

El 13 de mayo se cae la segunda Ministra, de acuerdo con la prensa colombiana, Claudia Blum, ministra de relaciones internacionales renuncia en medio de la crisis del paro nacional, y ante la avalancha de críticas desde la ONU, la OEA, la OCDEC, la Unión Europea, Gobiernos, Parlamentos, y toda la prensa mundial que muestra las imágenes del manejo brutal por parte de la policía de la protesta social.

El lunes 18 de mayo se conoció, de manera extraoficial, la renuncia del general Juan Carlos Rodríguez, quien comanda la Policía Metropolitana de Cali, la cual no solo abarca la capital vallecaucana sino otros municipios de la región como Yumbo y Jamundí, que también han sido fuertemente golpeados por las violentas jornadas de represión policial, como una señal de los altos costos para la Policía Nacional en la región donde se han presentado la mayoría de violaciones a los derechos de los manifestantes.

El 12 de mayo de 2021 el Presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Educación María Victoria Angulo, en su estrategia de aparentemente ceder sin negociar, anunciaron que se garantizará la matricula cero para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público en el país, solamente para el segundo semestre de 2021 y no como se pide en el pliego de emergencia.

Dentro de la misma estrategia de ceder sin negociar, el 18 de mayo el presidente Iván Duque Márquez dio a conocer una nueva línea de crédito para jóvenes de 18 a 28 años, con tasas preferenciales, orientada al desarrollo de proyectos en materia agropecuaria o agroindustrial, y que estará a cargo del Banco Agrario de Colombia, uno de los puntos a debatir en el pliego de emergencia. Igualmente reiteró que “desde el primero de julio se pondrá en marcha un plan de choque para generar empleo a jóvenes de entre 18 y 28 años, subsidiando el 25 por ciento del salario, lo que es equivalente a la seguridad social”.

Dentro de las peticiones del paro nacional en el documento de garantías para la protesta social se solicitó la anuencia para la visita de la CIDH a Colombia, en la lógica de que el que nada debe nada teme, pese a la resistencia del gobierno, este cedió sin negociar a la visita esperanzadora para la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia y el respeto total a la protesta social como un derecho humano previsto en el artículo 37 de la Constitución.

Este gran e histórico Paro Nacional ha develado la insuficiencia y el fracaso de la política económica y social, la dificultad del gobierno para escuchar los sectores sociales y populares, y su negativa a dialogar y negociar de manera efectiva y su talante autoritario llamando a utilizar la fuerza, las armas, la policía y el ejército nacional antes que dar soluciones a la crisis social.

2- Las falencias del Estado para garantizar el ejercicio de la protesta social.

a- Los instrumentos del Acuerdo de Paz para las garantías de la protesta que no se cumplieron

En el Acuerdo de Paz con las FARC se establecieron varios instrumentos, que de haberse implementado tendríamos unas mejores condiciones para tramitar los conflictos sociales, se trata de lo establecido en el punto 2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales, en el que se señala: “… resulta importante adoptar acciones para fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y, en especial, brindar garantías para su participación e interlocución con las autoridades… Con estos propósitos, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promociones de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales…”

En el punto 2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta pacífica, en el que se señala “La movilización y la protesta pacífica, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia. Su práctica enriquece la inclusión política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción colectiva de Nación. Más aún, en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica. Junto con la movilización y la protesta pacífica se deberán garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas. Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, el Gobierno definirá́ las medidas y ajustes normativos necesarios.”

En el punto 2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, se señala, “La promoción de buenas prácticas de planeación participativa es clave para la profundización de la democracia en Colombia, en especial en el marco de la implementación del presente Acuerdo en las regiones, que requerirá́ de la movilización y participación activa y eficaz de la ciudadanía. Con el objetivo de fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas, el Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones”. Y en el punto 2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad, se señala: “En un escenario de fin del conflicto, todos y todas, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de

respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente”.

b- Las exigencias de garantías para el ejercicio de la protesta presentadas al gobierno nacional el pasado 16 de mayo

En Colombia, el derecho a la protesta social se encuentra consagrado constitucionalmente. El Artículo 37 indica que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Teniendo en cuenta los antecedentes de (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas; (ii) los discursos de odio y la “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y no letales con efectos letales; (iv) las detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En un contexto en el que después de 18 días del inicio del Paro Nacional, se registraba que al menos 50 personas habían sido asesinadas, 578 personas heridas, de los cuales 37 han recibido lesiones oculares, al menos a 1430 detenciones arbitrarias, 524 presuntos desaparecidos, 21 casos de violencias basadas en género; en el que la ciudadanía movilizada exige que se acabe el ESMAD, cese la militarización y se brinden garantías y la comunidad internacional a una sola voz reclamaba que se detengan los abusos y excesos de la fuerza pública.

El Comité Nacional de Paro – CNP mediante comunicado público del 16 de mayo de 20213 entre otros expresó “En respuesta a la comunicación del día de ayer, suscrita por el Ministro de Trabajo y el Alto Comisionado para la Paz, en la que se convoca a una primera reunión de la Mesa de Negociación con el Comité Nacional de Paro, hemos acordado acudir, para tratar un único punto, las garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando, para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones”

El mismo día el CNP, difundió públicamente el documento “EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN -COMITÉ NACIONAL DE PARO – 16 de mayo de
2021- “4, la cual se anexa

c- La discusión de las garantías con el gobierno nacional no llegó a un acuerdo

Como consecuencia de lo anterior, la mesa sobre garantías se integró por 8 delegados y delegadas del Comité Nacional de Paro y por su parte la delegación del gobierno se compuso, entre otros, por el Alto Comisionado para la Paz (quien la coordina), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Trabajo, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, delegados y delgadas del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Defensa Nacional, el Consejero Presidencial para Estabilización y la Consolidación y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y asuntos internacionales, con el acompañamiento en calidad de garantes de la Conferencia Episcopal, de la Misión de Verificación de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y finalmente conto con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Pese a que se enviaron 2 oficios dirigidos a la Fiscalía General de la Nación, nunca hizo presencia.

El día 17 de mayo de 2021, al interior de la mesa, el gobierno nacional brinda una respuesta sobre el
documento “EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE
NEGOCIACIÓN -COMITÉ NACIONAL DE PARO – 16 de mayo de 2021”5, la cual es respondida por el CNP mediante comunicado público el mismo día6, en el cual, entre otros, señalamos:

“Hoy esperábamos una respuesta a nuestras exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió.

Sobre las respuestas recibidas señalamos:

1- No se refirió al uso armas de fuego en el control de las protestas, la contención de grupos civiles armados, las detenciones indiscriminadas, la solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico, y sobre el funcionamiento del protocolo de protesta.

2- Hoy el Comisionado de Paz responde igual que el presidente el pasado 10 de mayo, y el Ministro de Interior ayer: que todo lo que exigimos está en la ley, que existe una la instancia para cada exigencia, y que ya les dieron traslado a las autoridades competentes o que se encuentran en consultas. Como si se tratará del trámite de un derecho de petición.

El gobierno todavía no entiende que estamos en Paro Nacional porque esas leyes, esas instancias y esas autoridades no funcionan, no responden a millones de colombianas y colombianos.

3- Pretenden hacernos creer que no ven lo que ha sucedido desde el 28 de abril, que el Estado de Derecho está funcionando, esa mentira no se la cree nadie. Pretenden dar una imagen al mundo de respeto del Estado de Derecho y de un diálogo sincero.

El gobierno nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Y lo más grave en las cifras del gobierno se mezclan daños de las cosas, con daños a las personas.

El gobierno insiste en mostrar e incluso exagerar los hechos de vandalismo, como si con ello se pudiera legitimar a la fuerza pública para matar, herir, o desaparecer a quienes protestan.

4- Defensoria del Pueblo y la Procuraduría no respondieron a nuestras exigencias para todas en el marco de su misión institucional

5- La única preocupación del gobierno, son los bloqueos, y nos exigen levantarlos. Y hemos dicho, que seguiremos acordando corredores humanitarios, que no pondremos en riesgo la vida, salud, la alimentación de los colombianos y colombianas.

De esta reunión sostenida hoy hemos concluido, que quien está violando la ley, que el que esta fuera del derecho es el Gobierno. Nosotros convocamos a protestas pacíficas, corredores humanitarios, a reclamar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho

2-El Comité Nacional de Paro sigue esperando una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta.

Estamos dispuestos a mantener la interlocución siempre y cuando sean efectivas las garantías
solicitadas”.

El día 20 de mayo de 2021, al interior de la mesa, el gobierno mantiene la respuesta enviada el 17 de mayo
sobre el documento “EXIGENCIAS DE GARANTÍAS PARA LA PROTESTA Y PARA LAS MESAS DE
NEGOCIACIÓN -COMITÉ NACIONAL DE PARO – 16 de mayo de 2021”7 sin hacer variaciones en temas fundamentales en los siguientes términos8:
La protesta social es un derecho, por tanto, no se aplicará conmoción interior. Sobre los siguientes puntos no están de acuerdo:
-Retirar al Ejército y al ESMAD del control de las protestas
- Ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras, como el sistema Venom.
- Detengan de inmediato los asesinatos y los ataques que están realizando grupos de civiles armados contra los manifestantes
- Ordenar a las autoridades públicas que respeten, protejan y garanticen la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, así como de los periodistas y los medios de comunicación.

Presentan partes de videos de declaraciones del Presidente. Y señalan que ese día hará una declaración más precisa, y solidaridad con víctimas.

Sobre estos puntos no están de acuerdo:

- Es necesaria una declaración específica, completa, rechazando y condenando la violencia de la fuerza pública

- Declaración del Ministro de Defensa pidiendo disculpas

- Retiro de los mandos responsables

Sobre política pública de no estigmatización, el Comisionado de Paz hará una declaración pública reiterando la condena a la estigmatización.

Lo que no están de acuerdo:
- El pedido es que sea el presidente, y no en abstracto, es sobre la estigmatización realizada contra manifestantes, minga indígena, etc.

Sobre política de genero de 2017, la consejería de equidad de la mujer liderará un grupo de trabajo que incluya plataformas de mujer a nivel nacional y regional, para un protocolo sobre tratamiento diferencial en los procedimientos operacionales de detención y captura.

Por su parte, el Comité Nacional de Paro designa delegadas.

Se revisará el tema de presupuesto prevención de la violencia contra la mujer, Se
fortalecerá conciliación extrajudicial para reparación directa, en casos de abuso de fuerza pública. Agencia de defensa del estado expedirá un marco normativo,
Puntos en que no están de acuerdo:

- Restablecimiento pleno de la salud de quienes han sufrido heridas en el marco de las protestas.

Sobre visita de la CIDH, vicepresidenta y Canciller se reunirá la semana el 23 de mayo en Washington. El Comisionado dirigió una comunicación dando traslado sobre todo el punto.

Grupo de trabajo para implementar el protocolo, entre CNP y Gobierno Nacional:

Sobre los temas de Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, el Alto comisionado de paz emitió cartas a las instituciones remitiendo solicitudes del Comité del Paro.

Reunión delegados CNP y secretaria jurídica de la Presidencia para revisar el cumplimiento del Decreto 003 de 2021, protocolo protesta, incluye todo el punto 2.2.1 y 2.2.2 del acuerdo de paz. Gobierno nacional acepta comisión de trabajo.

Finalmente manifiestan que faltan cambios normativos en relación con el Proyecto 364 de 2020, segundo debate en comisión segunda del senado. Para lo cual proponen que se participe en las audiencias públicas para debatir reforma a la Policía.

La delegación del CNP finalmente hace la lectura del comunicado del 19 de mayo de 20219.

El día 20 de mayo de 2021, el CNP da respuesta al documento PUNTOS DE ENCUENTRO 20-5-21 presentado por el gobierno nacional, la delegación del Comité Nacional de Paro recogiendo la metodología del gobierno, y nutriendo su propuesta a partir de las discusiones y observaciones de los procesos regionales, envía una nueva propuesta que se llama “OTROS PUNTOS PARA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO”10.

En respuesta al documento enviado por el CNP el día 21 de mayo de 2021, el gobierno nacional remite el documento “PRIMER BORRADOR DE ACUERDO SOBRE GARANTÍAS PARA TODOS LOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y PACÍFICAS”11 en su interior
expresa “Aprobado por Ministerio de Defensa Nacional a las 11:24 am con confirmación de Beatriz Muñoz, Secretaria General del MINDEF” y “Aprobado por el Ministerio del Interior a las 12:16 pm con confirmación de Lucía Soriano, Asesora del MININT”. El cual es respondido por el CNP el 22 de mayo de 2021 mediante el documento OTROS PUNTOS PARA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO12.

Entre el 22 y el 24 de mayo de 2021, se adopta una metodología dirigida a evitar los intercambios epistolares y a abordar la discusión directamente en la mesa. Para lo cual se retoman los últimos textos construidos para tratar de buscar un acuerdo y se da una discusión en la mesa identificando PUNTOS DE PRE- ACUERDO13.

d- El preacuerdo sobre garantías para el ejercicio de la protesta logrado el pasado 24 de mayo (ver anexo)

Siendo el responsable de la negociación el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos quien había encabezado la delegación de gobierno en la mesa, el día 24 de mayo se logra un preacuerdo. Por parte del

CNP se manifestó que se diera un tiempo de consultas para ir a refrendar el acuerdo alcanzado en la plenaria del CNP, para lo cual se solicitó una hora.

La respuesta del gobierno nacional fue que ellos requerían más tiempo, siendo solicitado un tiempo inicial de 15 días, argumentando que debían consultarlo en un consejo de ministros, y que la señora vice presidenta se encontraba fuera del país y que el Ministro de Defensa estaba respondiendo la moción de censura en el congreso de la república. Igualmente manifestaron que en caso de hacer ajustes estos debían ser de redacción, de puntuación “unas comas y unos puntos”, y podría haber unas notas marginales”. Para lo cual finalmente el gobierno se comprometió a avisar la fecha de la próxima reunión.

El día 27 de mayo de 2021, la comisión de gobierno, delgados y delegadas de CNP con el acompañamiento de garantes nuevamente se reúne en la Mesa. Ya con la ausencia del ex comisionado de Paz Miguel Ceballos, el gobierno manifiesta que la coordinación de la delegación de gobierno estará a cargo ahora de Emilio Archila el Consejero Presidencial para Estabilización y la Consolidación, y adicionalmente informa:

1. Que no han terminado de revisar el documento de preacuerdo. Lo cual no puede ser catalogado como dilación, es revisión, para acertar, siguiendo estándares, por lo cual se está analizando a fondo y el proceso todavía no termina, Ministerio Defensa e Interior firmarían. Protocolización, requiere unos ajustes marginales, o de lo contrario se van a constancia.

2. Debe incluirse una respuesta sobre los “bloqueos”, y la “violencia” como declaración conjunta, resulta esencial incluirlo dentro del texto, para no sigan afectando a los colombianos que no se están manifestando. Salud, subsistencia, trabajo.

3. Con la misma celeridad e intensidad quieren trabajar, empezaríamos el domingo 30 de mayo de 2021.

En esa ocasión la respuesta del CNP al gobierno fue:

1- El gobierno No quiere negociar, juega a desmontar el paro. Sigue en la dilación, tres días revisando y lo siguen haciendo, y lo de bloqueos lo tienen hace 10 días cuando el comité nacional de paro hizo una referencia puntual al tema. Se está dilatando mientras en el país se desarrolla una gran arremetida de fuerza el escuadrón antibloqueo, con una guerra jurídica contra el CNP, etc.

2- En una sola sesión el domingo 30 de mayo acordamos todo (garantías de protesta, mesas de negociación), eso requiere que nos entreguen todas las observaciones el 28 de mayo, en la idea del día lunes 31 de mayo protocolizar el acuerdo final.

Finalmente se acuerda que el gobierno enviara los documentos el día 28 de mayo antes de mediodía. El CNP el día 28 de mayo emitió comunicado a la opinión pública14 en donde expresó:

“El derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democracia, es una expresión normal y necesaria de una sociedad donde coexisten diversos y contradictorios intereses. Este derecho incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo.

El ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido.

En tal sentido declaramos:

1. Desde el 28 de abril estamos convocando a movilizaciones pacíficas por la vida, la paz y los derechos.

2. Condenamos todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública, como los que realizan los particulares. Rechazamos la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social.

3. Rechazamos los actos que destruyen infraestructura y bienes públicos, así como bienes privados en medio de las protestas.

4. Los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas.

5. Siempre hemos declarado y promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, insumos para la salud, todo lo necesario para prevenir y evitar el aumento de los contagios y las muertes causadas por el covid19 y las misiones humanitarias.

6. Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria.

7. Continuaremos impulsando el diálogo para que se llegue pronto a acuerdos con cada sector de la ciudadanía que se encuentra realizando concentraciones y cortes de vías.

8. Adelantar con seriedad y celeridad las negociaciones que conduzcan a la solución de las
demandas presentadas por la ciudadanía ayudaría a la reactivación económica”.

Sin embargo, el 28 de mayo, el Gobierno Nacional expidió el decreto 575 “Por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”. Mediante este decreto se busca priorizar la asistencia militar involucrando a los militares en el manejo de la protesta bajo la figura de “asistencia militar” contemplada en el Código de policía Nacional pretendiendo subordinar las autoridades civiles a los mandos militares. En general es un decreto inconstitucional que vulnera no sólo la protesta social sino asimismo la autonomía territorial como una clara muestra de no voluntad para el diálogo.

Pese al acuerdo realizado, el día 30 de mayo en horas de la madrugada, el gobierno nacional remite al Comité Nacional de Paro tres documentos uno con relación a los “desbloqueos”15, otro sobre Puntos a acordar16 y finalmente una propuesta de Metodología para las Mesas Técnicas de Construcción de Acuerdos17

Estas dilaciones y desconocimientos evidencian una voluntad simulada de negociación del gobierno nacional que es resultado de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, pero que

demuestran una falta real de voluntad política y que se observa en actuaciones como la desautorización por parte del Ministro del Interior hacia dos viceministros que habían ya firmado un acuerdo para aliviar el corte de vía en Buenaventura, en la alocución desde Cali en la cual Presidente anuncia el más grande despliegue militar en el sur occidente y las manifestaciones estigmatizadoras y criminalizadoras de la protesta como las proferidas por el Ministro de Justicia Wilson Ruiz quien afirmó que los ejercicios de denuncia se trataban de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, entre otros, y lo dicho por el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila quien señaló en una entrevista que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

La delegación del gobierno con la que se concertó el preacuerdo en materia de garantías, presento una nueva propuesta con profundas diferencias de fondo a la que se había pactado con el Comité Nacional de Paro18. Pese a lo anterior el CNP mantuvo su voluntad de dialogo. Así en un claro gesto de continuar tratando de buscar un acuerdo en materia de garantías el CNP el día 30 de mayo de 2021 le envió una propuesta al gobierno tratando de recoger lo que consideró puntos de redacción del preacuerdo19. Adicionalmente el CNP emitió dos comunicados a la opinión pública2021 en la que entre otros señaló:

“1- El Comité Nacional de Paro ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en ello.

2- Ante la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, hemos hecho una nueva propuesta al gobierno nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos. Para mayor

claridad de la opinión estaremos difundiendo el texto del preacuerdo, el texto en el que el gobierno introduce profundas modificaciones, y el texto de nuestra nueva propuesta.

3- El Comité Nacional de Paro apoya y estimula los procesos regionales de dialogo, y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país. Le hemos solicitado a las instituciones acompañantes (Misión de verificación de la ONU, oficina de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos y la Conferencia Episcopal) que verifiquen la reducción de los cortes de vía en el país y entreguen un informe a las partes en la siguiente reunión.

4- Exigimos la derogatoria del decreto 575 de 2021.

5- Acordamos continuar las conversaciones el próximo martes 1 de junio a partir de las 9 am

6- Ratificamos el rechazo al recrudecimiento de la violencia policial en los últimos días y, en especial, en la ciudad de Cali y, por ello, seguiremos reclamando:
¡¡¡Duque pare la masacre!!!”

Pese a lo anterior el gobierno nacional solo hasta el día 1 de junio envía dos documentos que nombra INSUMO PARA AVANZAR EN PUNTOS DE ENCUENTRO2223, no obstante, al realizar el análisis comparativo frente a la propuesta enviada el 30 de mayo se evidencian retrocesos en materia de garantías

tal y como se puede evidenciar en el anexo de la tabla comparativa puntos de preacuerdo24.

Posteriormente, el día 1 de mayo el CNP emite comunicado a la opinión pública25 en el que entre otros expresó:

“1-El gobierno nacional presentó un nuevo documento sobre garantías que deshace el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo, insiste en militarizar las protestas y no acepta cumplir lo establecido en la normatividad, la jurisprudencia y los estándares internacionales.

2- El Comité Nacional de Paro apoya y estimula los procesos regionales de diálogo, y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país.

La ONU y la Conferencia Episcopal han verificado, a solicitud de las partes, una tendencia a la reducción de cortes de vías, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales.

3- Las plataformas de derechos humanos y el Comité Nacional de Paro solicitamos una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego lo exigimos en la discusión de las garantías para la protesta y solo después las movilizaciones y la presión internacional el gobierno se vio obligado a aceptarla.

4- El partido de gobierno está dedicado a bloquear, a impedir que se llegue a acuerdos, lo hizo con el acuerdo logrado en Buenaventura, lo pretende hacer con el acuerdo logrado en Cali entre los jóvenes y la alcaldía de Cali con la mediación de la iglesia y de naciones unidas, y lo está haciendo con el preacuerdo logrado con el Comité Nacional de Paro. Y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones.

5- Le hemos señalado explícitamente los temas que consideramos vitales y le solicitamos al gobierno que reconsidere su posición y suscriba el preacuerdo de garantías del 24 de mayo, basado en la desmilitarización de la protesta, la derogatoria del decreto 575 de 2021 y el cumplimiento de la constitución, la jurisprudencia, la ley nacional y de los estándares internacionales. Esperamos una respuesta el próximo jueves”.

El día 3 de junio se realiza una reunión en donde nos disponemos a analizar las dos propuestas adoptando la metodología de identificar los acuerdos, los puntos en los que había similitudes y en los que existían diferencias de fondo. Tras culminar la reunión mediante comunicado público26 entre otros manifestamos:

“Después de un nuevo día de conversaciones queremos señalar:

1- Avanzamos muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. Esperamos que el gobierno muestre voluntad efectiva para llegar pronto a un acuerdo.

Es importante recordar que habíamos llegado el pasado 24 de mayo a un preacuerdo con 34 medidas, y que el gobierno deshizo el pasado 29 de mayo proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto.
Seis días después, de las 34 medidas, en 16 tenemos acuerdo, en 11 hace falta precisar, y en 9 se

identifican grandes discrepancias, en temas como la no participación de las fuerzas militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del ESMAD en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo. Nuestras propuestas buscan que se implementen los estándares internacionales y las sentencias de las altas cortes.

2- Sobre los cortes de vías recibimos un nuevo informe, donde se verifica una reducción significativa, al día de hoy persisten 23 puntos, y todos ellos hay procesos de diálogos y negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas, y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de autoridades locales. Es nuestra voluntad seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a nuestro alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías.”

El día 4 de junio retomamos la reunión, abordando el punto 1.8. cuyo texto de diferencias es el siguiente: (rayado lo que el gobierno quiso borrar)

El Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) no intervendrá durante el desarrollo y control de la protesta social pacífica, se aplicará el criterio de diferenciación.

El Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) intervendrá excepcionalmente para controlar actos de violencia en el marco de disturbios a fin de evitar la eventual materialización de hechos delincuenciales.

El ESMAD intervendrá de conformidad con los estándares internacionales y legales, de manera excepcional, bajo el principio bajo los principios de necesidad,
tomando precauciones, respetando la proporcionalidad y las normas sobre el uso de la fuerza, activándose como último recurso de intervención.

Luego de cuatro horas de discusión y tras realizar una argumentación desde los estándares internacionales, la constitución política, la jurisprudencia, la ley, decretos reglamentarios y resoluciones que regulan la materia, no fue posible llegar a un acuerdo en el que el gobierno nacional reconociera que la intervención del ESMAD es de manera excepcional o como último recurso. Igualmente, que se reconociera el principio de diferenciación. Debido a ello se decidió suspender la reunión y se propuso retomar el día siguiente.

Después de realizar consultas regionales y nacionales, el día 6 de junio de 2021, el CNP emite comunicado público en el que, entre otros, expresó:

“Sin embargo, el Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el gobierno nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Debe explicarse que el gobierno nacional también dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el gobierno no quiere atender.

El CNP reafirma su condena a la violencia, su apego a la movilización pacífica y su decisión de exigir que cese el daño a la propiedad pública y privada y las acciones vandálicas de la fuerza pública y los particulares. Hemos sido claros, frente a los cortes o cierres de vía y así lo expresamos en el comunicado del 26 de mayo.

Esta actitud del gobierno nos lleva a suspender la negociación y evaluar la continuidad de las conversaciones adelantadas con el gobierno. Como parte de ese proceso, entregaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el preacuerdo del 24 de mayo sobre los mínimos para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica”.

En síntesis, puede observarse que el Estado colombiano se niega a aceptar:

● Que en situaciones de protesta social no es aplicable la figura de la conmoción interior, ni la asistencia militar.

● Que la intervención del ESMAD y de la Policía Nacional en contexto de protesta social aun cuando se derive en violencia es excepcional y es el último recurso. Y que debe actuar bajo principios claramente establecidos.

● Que el uso de armas de fuego no es permitido en el contexto de la protesta social y en el uso de armas no letales se debe tener la máxima precaución aun cuando se derivan en disturbios.

● Que existen puntos consagrados en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que aún no han sido desarrollados.

● Que se acordó una comisión de garantías y derechos humanos cuyas funciones van más allá de las consagradas en el Decreto 003 de 2021.

● Que en proceso amplio de análisis y discusión sobre el régimen de la Policía Nacional se puede discutir el tema de doctrina y prácticas de la fuerza pública.

● La expedición de un marco que viabilice la reparación directa de las víctimas, a estudiar una eventual indemnización, a quienes hayan resultado afectados en su salud por los hechos acaecidos desde el 28 de abril de 2021, en el marco de la protesta social pacífica.

● A enviar una comunicación donde exprese su anuencia al pedido realizado el pasado 7 de mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Tampoco se comprometió a dar su anuencia a la visita de varios relatores especiales de Naciones Unidas que llevan varios años solicitándolo.

● Aceptar que: (i) el derecho de protesta pacífica constituye un elemento fundamental de la democracia, es una expresión normal y necesaria de una sociedad donde coexisten diversos y contradictorios intereses; (ii) Este derecho incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico para ejercerlo. El ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención, para abrir espacios y posibilidades que las instituciones no han permitido; (iii) Los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas; (iv) Siempre hemos declarado y promovido que se debe garantizar la circulación de la misión médica, insumos para la salud, todo lo necesario para prevenir y evitar el aumento de los contagios y las muertes causadas por el covid19 y las misiones humanitarias; (v) Desde un inicio hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria.

● La competencia de autoridades locales para llegar a acuerdos, desconocimiento y ataque a los acuerdos de garantías logrados en los territorios. El 26 de mayo el Alto Comisionado para la paz

como delegado del gobierno nacional y el Comité Distrital del Paro de Buenaventura firmaron un acuerdo para fortalecer el corredor humanitario para garantizar el abastecimiento desde y hacia buenaventura, de bienes y servicios fundamentales para todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, el día 28 de mayo el ministro del interior desautorizó dicho acuerdo, lo que evidencia la falta de voluntad del gobierno nacional para hallar soluciones y la directriz de torpedear cualquier acuerdo que se logre en los territorios.

e- Los impactos de la falta de garantías en los derechos a la vida, la integridad física y la libertad personal de quienes protestan

En medio de la más grande y visible brutalidad policial, del uso ilegal e ilegítimo de la fuerza, con pleno e intencional desconocimiento de buenas prácticas y estándares internacionales, El gobierno nacional se ha mostrado indolente con la sistemática vulneración de Derechos Humanos cometidos directamente por agentes de la Policía Nacional y su actuación cómplice con grupos de civiles armados.

No ha respetado ni ha brindado las garantías para el libre ejercicio de nuestro derecho constitucional a la protesta. Ha actuado con evidente desacato a las ÓRDENES contenidas en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, órgano que evidenció “una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas", las cuales se han mantenido y son sistemáticas.

Igualmente se presentaron hechos sistemáticos de vulneraciones a derechos humanos en el marco de la movilización social, tales como:

● Desconocimientos de centros de protección y traslado de personas conducidas o detenidas.

● Dificultades en información de personas detenidas y/o conducidas que imposibilitan hacer seguimiento en tiempo real a la situación de los/as detenidos/as.

● Dificultades en información de heridos/as que imposibilitan hacer seguimiento en tiempo real de su estado.

● Agentes de la policía nacional:

- Usan de manera indiscriminada, desmedida y desproporcionada armas de fuego en contra de los manifestantes (realizan disparos de armas de fuego contra la población civil).

- No actúan cuando civiles a su lado disparan armas de fuego.

- Usan de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos y cabezas de los/as manifestantes. Los proyectiles y gases impactan directamente al rostro, ojos y humanidad de los/as de los manifestantes.

- Lanzan gases lacrimógenos vencidos en contra de las manifestaciones.

- Lanzan gases lacrimógenos y aturdidoras contra las viviendas. Intentan arbitrariamente ingresar a hogares amenazando y amedrentando y/o amedrentan a pobladores/as que se encontraban en sus hogares.

- Utilizan el Venom desde el piso en una plataforma con lo cual los gases de la mitad y abajo, salen horizontales hecho que incrementa significativamente el número de heridos contusos.

- Realizan amenazas, agresiones físicas, retenciones ilegales, señalamientos y estigmatizaciones, desconocimiento de la labor voluntaria que ejercen personas defensoras de Derechos Humanos, Brigadistas y/o periodistas y comunicadores.

- Realizan obstrucción a la labor voluntaria de las y los Defensores de Derechos Humanos, como a medios de Comunicación alternativos.

- Dirigen sus vehículos automotores (tanquetas y motocicletas) en contra de la Humanidad de los protestantes.

- Realizan ataques a personas en estado de indefensión.

- Realizan actos de violencia sexual y violencias basadas en género en contra de personas incluidas menores de edad.

- Realizan hurto a bienes de persona agredida.

- Realizan actos de discriminación racial o étnica a persona agredida.

- Algunos presentan ausencia u ocultamiento de distintivos de identificación.

- Se rehúsa a aportar información consolidada y actualizada en relación a personas conducidas o detenidas.

El presidente de la república y sus ministros de Defensa y del Interior, son los máximos responsables por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, el ESMAD y el Ejército Nacional, así como el ataque indiscriminado que grupos y bandas paramilitares realizan hacia quienes ejercemos el derecho a la protesta. Esto teniendo en cuenta que los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos desde el 28 de abril hasta el 4 de junio en el territorio nacional, según la información pública de la campaña defender la libertad un asunto de todas dejan como resultado:

● 77 homicidios, de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello. Dos (2) de estas personas, eran mujeres. Dos (2) eran defensores de DDHH. Quince (16) están en proceso de identificación y se está verificando su relación con las protestas.

● 1.246 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados. Hemos registrado setenta y cuatro (74) los casos de lesiones oculares y ochenta y siete (87) los casos de personas heridas por arma de fuego. Se ha logrado establecer que del universo de personas víctimas de heridas: 615 son hombres, 127 son mujeres y 497 no se reporta su género; muchas personas heridas se niegan a iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social.

● 158 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención CVI. Se han presentado diversas modalidades de ataques; como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, acoso sexual, estigmatización y ataques de personas

armadas no identificadas. Entre estas agresiones, 8 han sido dirigidas a comunicadores sociales, en especial, prensa alternativa.

● 667 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales: 466 fueron detenidas, en su gran mayoría de manera arbitraria, 127 fueron heridas, 2 mujeres fueron asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 45 defensoras de derechos humanos han sido agredidas. Adicional a ello, una joven menor de edad decidió suicidarse de manera posterior a sufrir agresiones sexuales por parte de la fuerza pública en Popayán, Cauca. Estas cifras generan gran preocupación debido al riesgo diferenciado que se tiene en escenarios de protesta social al ser mujeres y parte de la población LGTBIQ+.

● 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la misma institución en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa, según la Defensoría del Pueblo, entre los cuales hay 23 casos de violencia sexual. Como Campaña, tenemos registro de 27 casos de VBG hacia mujeres en el marco de la protesta social que incluyen 11 casos de agresiones sexuales, que incluyen abuso sexual, tocamientos indebidos y desnudez forzada, 3 casos de violencia física a mujeres en razón del género, 9 casos de violencia psicológica que incluyen conductas de acoso sexual, amenaza de agresión sexual y hostigamiento; y 8 situaciones de abuso sexual ejercidas contra hombres.

● 2.808 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

● 20 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 12 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.

● 1304 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Las cuales obedecen a diferentes denuncias que registran las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, así como las organizaciones articuladas en la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas y la ciudadanía en general.

● 346 personas se encuentran desaparecidas, presuntamente en el marco de detenciones arbitrarias y/o en el desarrollo de actividades de protesta social pacífica, esto de acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, tiene un registro de 89 personas desaparecidas en medio del Paro Nacional. Según la Fiscalía la cifra asciende a 129 personas desaparecidas. Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica.

A lo que se suman los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre los y las manifestantes y las protestas sociales, los cuales han sido realizados por funcionarios de alto nivel del gobierno nacional como el Ministro de Defensa, Diego Molano; alcaldes, como el de Pereira, Carlos Maya, el de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina; la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán e influyentes figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de Gobierno y el Centro Democrático, contra el Paro Nacional y la protesta ciudadana.

Estas cifras y hechos muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica.

3- Solicitudes que le hace el Comité Nacional de Paro a la CIDH

a- Recomendar al gobierno colombiano que adopte de inmediato el preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta logrado el 24 de mayo, y de prioridad a un abordaje democrático de las protestas desarrollando diálogos y negociaciones efectivas que lleven a adoptar medidas sociales de emergencia para proteger los derechos sociales y económicos.

b- Enfatizar al gobierno nacional para que cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes, y que para ello ordene que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

c- Llamar al gobierno colombiano para que cumpla las sentencias judiciales sobre ejercicio de la protesta y en particular las órdenes de la sentencia de tutela decidan por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020. (ver cuadro anexo de fallos sobre el derecho a la protesta)

d- Establecer una comisión de expertos para documentar detalladamente los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas iniciadas en el pasado 28 de abril de 2021 y hacer seguimiento a las investigaciones que adelanten las autoridades.

e- Reiterar los estándares relacionados con los límites del uso del derecho penal frente a la protesta, a fin de evitar la judicialización de quienes ejercen derechos reconocidos en la convención americana de derechos humanos.

f- Reafirmar que, de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en el marco de las protestas deben estar reservados a la Policía Nacional y que las fuerzas militares no deben involucrarse en el manejo de las protestas y en tal sentido recomendar la derogatoria del Decreto 575 de 2021 sobre “asistencia militar”

g- Recomendar la implementación de los instrumentos del Acuerdo de Paz dirigidos a garantizar los derechos de participación y protesta, esto es, los previstos en los puntos, 2.2.1 Garantías para los movimientos y organizaciones sociales, 2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta pacífica,
2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa y 2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización

h- Reconocer los acuerdos logrados entre autoridades local y organizaciones sociales y ciudadanía involucradas en las protestas, así, como reafirmar que, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, el diálogo y los acuerdos son el camino para la solución de los conflictos sociales.

¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!

#SOSColombia #ParoNacional9J COMITÉ NACIONAL DE PARO – CNP

Notas:

1 https://www.cinep.org.co/Home2/temas/programa-de-movimientos-sociales-derechos-humanos-e- interculturalidad/linea-de-movimientos-sociales-tierra-y-territorio/movilizaciones-cinep.html
2 https://www.cinep.org.co/Home2/movilizaciones-cinep-2016-2019
3 Anexo 16-05-21 COMUNICADO
4 Anexo 16-05-21 GARANTÍAS
5 Anexo 17-5-21 RESPUESTA COMPILADA A CNP
6 Anexo 17-05-21 EL GOBIERNO SE NIEGA A NEGOCIAR
7 Anexo PUNTOS DE ENCUENTRO 20-5-21
8 Anexo TABLA MEDIDAS PARA LAS GARANTIAS. 20.05.2021
9 Anexo 19-05-21 COMUNICADO
10 Anexo OTROS PUNTOS PARA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO.20.05.2021
11 Anexo ACUERDO SOBRE GARANTÍAS 21-5-21
12 Anexo OTROS PUNTOS PARA LOS PUNTOS DE ENCUENTRO. 22.05.2021
13 Anexo PUNTOS DE PRE-ACUERDO 24-5-21
14 Anexo 28-05-21 DECLARACION DEL CNP
15 Anexo Desbloqueos ejap 29 05 8pm
16 Anexo Puntos a acordar ejap 29 05 21 11 45pm
17 Anexo Metodo ejap 29 05 21 8pm
18 Anexo TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE PREACUERDO
19 Anexo PROPUESTA DE GARANTIAS CNP. 30.05.2021
20 Anexo 30-05-21 CON MILITARIZACION Y VIOLENCIA EL GOBIERNO BLOQUEA NEGOCIACIÓN (1)
21 Anexo 30-05-21 DECLARACIÓN CNP
22 Anexo Insumo0106
23 Anexo INSUMO 3105docx
24 Anexo 2.06.2021. TABLA COMPARATIVA PUNTOS DE PREACUERDO
25 Anexo 1-06-21 COMUNICADO
26 Anexo 3-06-21 COMUNICADO

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