Por la defensa de la independencia de la justicia en Colombia. Informe.

La independencia judicial es un elemento fundamental para toda democracia, como presupuesto de la división de poderes, garantía fundamental para impedir la consolidación de poderes absolutos que pongan en riesgo el Estado de derecho.

Es también una condición esencial para que el Poder Judicial pueda administrar justicia sin injerencias que obstruyan su funcionamiento.

Lo anterior garantiza que nadie esté por encima de la ley -independientemente de los niveles de poder que pueda ostentar-, así como proteger los derechos fundamentales y brindar la certeza a la ciudadanía de que, en caso de concurrir al sistema judicial, podrá contar con un juicio justo según las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico del Estado social de derecho.

Como tal, el principio de independencia judicial cuenta con un extenso desarrollo en el constitucionalismo colombiano, desde el texto constitucional y la jurisprudencia hasta los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad colombiano, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3) y el Protocolo Adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conﬂictos armados sin carácter internacional (Artículo 6.2). Estos textos establecen que toda persona tendrá el derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que le permita ser amparada de cualquier acto violatorio de sus derechos fundamentales, además de ser oída por un tribunal independiente e imparcial en condiciones de igualdad y de forma pública.

La concepción que presenta la independencia judicial como una salvaguarda de la rama judicial para hacer su trabajo en ausencia de presiones externas es incompleta. En el Estado social de derecho colombiano, la independencia judicial no es solo un valor democrático y un principio que orienta la forma en que debe organizarse el Estado para realizar la separación de poderes, garantizar la integridad de la función judicial y proteger a la sociedad del despotismo y el autoritarismo, la concentración del poder y la arbitrariedad. De forma particularmente sustancial, constituye un derecho que protege a los ciudadanos y que les permite hacer exigibles sus garantías constitucionales.

Es indispensable que todo juez, y en general todo operador judicial, actúe y pueda actuar de forma independiente, en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, en observancia de los estándares internacionales que irradian toda la actividad judicial y que implican obligaciones muy claras para los Estados.

Sin embargo, la garantía de la independencia judicial y su realización no se determinan exclusivamente por la consagración normativa y el amplio desarrollo dado sobre el tema a nivel internacional y nacional. Para la Campaña por la Independencia de la Justicia, estudiar sostenidamente el estado de la administración de justicia, denunciar los ataques que sufre y procurar una línea de acción que permita consolidar una justicia que pueda apoyar y consolidar la realización real del Estado social y democrático de derecho.

De la evidencia y análisis sobre cuatro de los más relevantes problemas de la independencia judicial en Colombia preocupa cómo, más allá de los déﬁcits institucionales históricamente acumulados, ha tomado fuerza un proyecto político de corte autoritario del cual hace parte el presidente Iván Duque, que desprecia la independencia judicial, coopta políticamente las instancias judiciales desde sus más altos niveles jerárquicos -así como las de los organismos de control-, desacata, irrespeta y sucesivamente intenta eliminar instancias judiciales que regulan su poder o se contraponen a su ambición política.

Por más de dos años el actual Gobierno nacional ha enﬁlado baterías contra la división de poderes y especialmente contra la independencia judicial, violando todos los estándares jurídicos aplicables que regulan la materia, socavando de forma grave uno de los pilares fundamentales del proyecto democratizador plasmado en la Constitución de 1991.

Los ataques a la independencia judicial por parte del presidente Iván Duque, su Gobierno y su partido político están lejos de ser discrepancias esporádicas. Han transgredido explícitamente la autonomía de la justicia en forma de serias confrontaciones que han mellado la capacidad del sistema judicial.

En este informe se han recopilado algunos de los problemas más importantes generados por la politización de la elección y selección de los funcionarios judiciales, que ha conllevado la expansión de un Gobierno sin contrapesos que ha aplicado una política antimeritocrática; la práctica de amedrentamiento y persecución, que ha buscado arrinconar a los funcionarios para dominar sus decisiones; el desacato e irrespeto por las decisiones judiciales que son despreciadas e incumplidas por el Gobierno, especialmente cuando implican limitar su poder. Con esto, el escenario es de una justicia precarizada y con baja autonomía de funcionamiento, sometida no solo a una presión externa del Gobierno sino a serios problemas que desde adentro de la rama obstaculizan la función judicial a través de prácticas sostenidas de corrupción, clientelismo e impunidad.

La politización de la elección y selección de los funcionarios judiciales en el Gobierno de Iván Duque ha sido evidente, toda vez que este ha adelantado una muy efectiva campaña para hacerse al control de instituciones e instancias relacionadas con el sistema judicial y los entes de control, ubicando en su conducción a integrantes de su partido político, su gabinete de ministros o sus amigos más cercanos, lo que afecta de manera dramática la división de poderes en general y la independencia judicial en particular.

Uno de los ejemplos documentados en este informe es el nombramiento de Francisco Barbosa como ﬁscal general de la nación, exconsejero presidencial y reconocido como uno de los mejores amigos del mandatario Iván Duque, solo con un año de experiencia en el ente acusador y pocos pergaminos y experiencia acreditada en el ejercicio del Derecho Penal.

Barbosa, sin declararse impedido debido a sus claros conﬂictos de interés, hasta el momento no ha informado a la opinión pública los avances de las investigaciones del proceso conocido como “Ñeñepolítica” en el que existen fuertes indicios de la participación de narcotraﬁcantes en la campaña del presidente Iván Duque, a su vez el ﬁscal general designó al ﬁscal delegado Gabriel Ramón Jaimes en el caso del expresidente Álvaro Uribe, cuya actuación ha estado claramente dirigida no solo a absolver al acusado mediante la violación de todos los principios procesales vigentes, sino a judicializar a una de las víctimas formalmente reconocidas como lo es el senador Iván Cepeda.

De igual forma, el presidente y la coalición de partidos declarados de Gobierno en el Congreso de la República promovieron y eligieron a Margarita Cabello como procuradora general de la nación, sin importar que esta hasta pocos días antes de su elección se hubiese desempeñado como ministra de Justicia del Gobierno Duque. Su elección ha generado enormes preocupaciones puesto que su conocida cercanía con clanes políticos regionales y nacionales puede derivar en un ejercicio poco objetivo de la función disciplinaria y sancionatoria que le corresponde.

Asimismo, es claramente reprochable que el Ejecutivo nacional haya utilizado su facultad de nominar las ternas para conformar la Comisión de Disciplina Judicial para garantizar que en una instancia como estas estuvieran personas con poca trayectoria jurídica, pero ligados a la actividad política de los partidos de la Coalición de Gobierno. De esta manera abrió la muy grave posibilidad de que la comisión sea utilizada por parte de los políticos para ajustar cuentas contra los jueces que les investiguen.

La práctica de bloquear a la justicia se ha dado también a partir de cambios procesales y formas de evadir la justicia. Evidencia ostensible de esto es que el Gobierno postuló y promovió la elección de Juan Carlos Granados, quien afronta una investigación en la Corte Suprema de Justicia, en lo que fue interpretado por sectores de la opinión pública como una jugada para evitar que se impartiera justicia toda vez que por fuero su caso pasaría a ser asumido por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Aún más, como una forma de evasión de la justicia, el presidente ha decidido por decreto limitar el conocimiento de las tutelas contra el alto gobierno a la competencia del Consejo de Estado. Esto ocurre en un contexto en el que la administración Duque busca evadir controles constitucionales para, entre otras cosas, reanudar la fumigación con glifosato que ha sido detenida ya, en varias ocasiones, por jueces en protección de los derechos fundamentales de las comunidades que sufren las consecuencias de la fumigación en su salud y bienestar.

El Gobierno del presidente Duque ha tenido por patrón no acatar las decisiones judiciales que limitan su poder y promover la deslegitimación pública de estas, socavando un pilar central de la democracia, el equilibrio de poderes y la independencia judicial. En la lista está la falta de cumplimiento del fallo de tutela que garantiza los derechos de los adultos mayores en medio de la pandemia a propósito de un recurso instaurado por el grupo denominado “Rebelión de las canas”, también desconoció, en principio, el fallo que obligaba a las personas que querían ingresar al país a tener una prueba PCR negativa para COVID-19, así mismo se rehusó a cumplir a cabalidad el fallo de la Corte Suprema de Justicia relativo al derecho fundamental a la protesta pacíﬁca, entre otros.

Genera preocupación adicional la forma en que se desacatan esos fallos: en todos los casos anteriormente mencionados el presidente de la República y varios ministros atacaron públicamente el contenido de esos fallos: aﬁrmaron no solo que no serían cumplidos sino que estos eran completamente absurdos, que los jueces que los habían proferido ponían en riesgo a la democracia. Así, desarrollaron una intensa campaña de medios de comunicación dirigida a instalar el mismo discurso en la ciudadanía y en importantes sectores que crean opinión pública en el país.

A este ya grave panorama se le suma el denodado esfuerzo del presidente Iván Duque y la Coalición de Gobierno por introducir reformas que afectan la naturaleza de instituciones vitales en la administración de justicia, como el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el más grave y visible, toda vez que en numerosas ocasiones y por diversas vías ha intentado desnaturalizar -cuando no acabar- dicha institución derivada del Acuerdo Final para la Paz y absolutamente indispensable para materializar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de millones de víctimas del conﬂicto armado. Además de las objeciones a la ley estatutaria, que deﬁne buena parte de los procedimientos al interior de la jurisdicción, la bancada de Gobierno en el Congreso ha presentado por lo menos cinco propuestas de acto legislativo encaminadas a desﬁgurar ostensiblemente la ﬁnalidad y espíritu de dicha institución.

En este momento de transición histórica que está viviendo el país, en el que hay posibilidades de romper con la tradición de guerra y exclusión o de seguir alimentando el surgimiento de nuevos conﬂictos armados, las decisiones que se tomen respecto del sistema judicial pueden deﬁnir el desenlace. Mucho del conﬂicto armado en Colombia podría explicarse desde el hecho mismo de un sistema judicial que se ejerce de espaldas a las necesidades sociales, que anda lentamente mientras deteriora los recursos económicos de las partes y la fe que estas tienen en una posible solución.

Todo esto se da en un contexto en el que la rama judicial ha sido gravemente precarizada y atacada desde su más básica supervivencia. Los funcionarios ligados al poder judicial en Colombia han sido víctimas de múltiples formas de persecución y amedrentamientos dirigidos a afectar e incidir de forma ilegal en sus procesos y decisiones. Dichos ataques son producto de diferentes fenómenos entre ellos los asociados al conﬂicto armado y a la criminalidad estatal. Tiene tanta magnitud el fenómeno que el Fondo de Solidaridad con los Jueces (FASOL) ha documentado 1.340 funcionarios víctimas de hechos violentos entre 1989 a 2019. Desde enero de 2019 hasta abril de 2021 se produjeron cinco homicidios, 19 amenazados, 11 atentados, tres judicializados, dos desplazados y un acceso carnal violento.

Estos casos fueron registrados y atendidos por la Corporación Fasol en ejercicio de sus funciones y denotan una falta de garantías absoluta por parte de las instituciones del Estado.

La negativa a avanzar en la plena implementación del Acuerdo Final para la Paz y de fomentar una presencia diversiﬁcada del Estado en el conjunto de los municipios del país ha permitido que viejos y nuevos actores del conﬂicto armado pongan en claro riesgo la administración de justicia en buena parte del territorio nacional y a sus funcionarios. Estos actores armados mediante panﬂetos, amenazas y diversas formas de hostigamiento impiden diariamente el libre accionar de la justicia y lo reducen solo al casco urbano de los municipios.

A la campaña le preocupan especialmente las amenazas y coacciones adelantadas en contra de los funcionarios judiciales ligados a los procesos de restitución de tierras en zonas abiertamente controladas por grupos asociados al paramilitarismo.

Preocupan también los muy escasos mecanismos de protección con los que cuentan los funcionarios judiciales sobre los que recaen decisiones que afectan a actores políticos y económicos y poderosos. Muestra de ello es el caso del juez Andrés Rodríguez, quien denunció y grabó al exsenador Eduardo Pulgar mientras le ofrecía un soborno, tras lo cual no le quedó otra opción que irse al exilio, ante el inminente riesgo que corría su vida.

En un caso análogo se encuentran las intenciones de debilitar el esquema de protección del exmagistrado Iván Velásquez clave en las investigaciones de la parapolítica o las prácticas de estigmatización a las que fueron sometidos los jueces de la Corte Suprema de Justicia que decidieron dictar medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe, poniendo en riesgo no solo la vida, la integridad y la privacidad de los jueces sino también de todo su entorno familiar.

Así ocurrió en diciembre de 2020 cuando el exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló Camacho, fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República para rendir versión libre sobre sus actuaciones dentro del proceso en contra el exsenador Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos. A esto se suma la actuación del ﬁscal delegado Gabriel Jaimes, designado directamente por el ﬁscal Barbosa, quien ha adoptado una posición de defensa del exsenador Uribe en un caso en el que debe investigarlo por el delito que presuntamente cometió.

Todos estos hechos no merecieron un pronunciamiento de rechazo por parte del presidente Iván Duque, quien incluso dio una alocución expresando su rechazo a la actuación de la justicia en el caso, sumándose a ello múltiples ataques adelantados por miembros de su propio partido político y exfuncionarios de su Gobierno ahora en otros cargos.

Los ataques contra jueces y ﬁscales son ataques a la independencia judicial, pues quienes administran justicia deben poder actuar libres de presiones e interferencias, y con todas las garantías para poder tomar determinaciones de manera autónoma. El ejemplo de estos funcionarios y funcionarias probos que han enfrentado el poder criminal con las armas de la justicia debe ser un aliciente para que, como ciudadanas y ciudadanos, sigamos defendiendo el derecho humano y el valor democrático de la independencia judicial. Al respecto, la campaña considera vital que cada una de las ramas del poder público, instituciones, actores políticos, económicos y medios de comunicación, cesen toda acción de amenaza, injerencia, ataque y descrédito de la actividad de los funcionarios judiciales.

Además de estos problemas, el actual diseño institucional promueve la injerencia de los actores políticos en la rama judicial y a su vez el involucramiento directo de la rama con dichos actores, siendo las facultades electorales de las cortes quizás el mecanismo que más promueve dicho entrelazamiento nocivo. Esta realidad ha tenido como consecuencia, entre otras, que elementos perjudiciales del sistema político colombiano, como la corrupción y el clientelismo, sean trasladados al sistema judicial, lo que ha aumentado la desconﬁanza ciudadana ante este y profundizado el enorme problema de la impunidad.

Muestra de esta realidad ha sido el caso llamado “Cartel de la toga”, en el cual jueces de la Corte Suprema de Justicia, de la mano con altos integrantes de la Fiscalía General de la Nación, traﬁcaron inﬂuencias y pidieron grandes cantidades de dinero a políticos y personas poderosas a cambio de absoluciones y tratamientos benévolos en las investigaciones que se adelantaba en su contra.
También se han presentado graves casos, mencionados en este informe, con integrantes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, todos estos hechos afectan la majestad de la justicia y la necesaria legitimidad y probidad que debe tener para que la ciudadanía no vea manto de duda en sus actuaciones y sobre todo en sus fallos.

El Gobierno de Iván Duque no ha hecho absolutamente nada para contribuir en el ﬁn de dicha problemática, por el contrario, ha desarrollado varias acciones que reproducen esta realidad, entre ellas la promoción de nombramientos en cargos claves de la rama judicial y de los entes de control a personas con evidentes conﬂictos de interés y, en algunos casos, hasta con procesos penales en su contra por corrupción..

Esta situación profundiza los niveles de desconﬁanza ciudadana ante las instituciones en general, y en particular frente a la rama judicial, fortalece la construcción de una cultura política autoritaria que justiﬁca afectaciones a los derechos humanos y al Estado social de derecho no solo desde el Ejecutivo sino también desde los diferentes grupos armados que controlan parte del territorio nacional.

Para la campaña es claro que en Colombia los ataques a la independencia judicial van en aumento. Además de las cifras recopiladas por el informe, son dicientes los ataques como el presentado el pasado 15 de marzo de 2021 en la audiencia de juicio de la periodista Jineth Bedoya Lima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando, en un hecho sin precedente alguno, se retiró de la audiencia cuestionando la imparcialidad de la Corte. El tribunal interamericano respondió que “el Estado decidió motu proprio abandonar la audiencia en la primera jornada de la celebración de esta, tras la declaración de una presunta víctima, en una actuación inédita en la historia de esta Corte; carente, como se ha razonado previamente, de justiﬁcación, y absolutamente desproporcionada, todo lo cual ha supuesto además una revictimización de la señora Bedoya Lima”1.

1- Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de marzo de 2021 caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia.

Con sus ataques, el Gobierno de Iván Duque ha agravado explícitamente la situación del sistema judicial y, por vía de ello, la desprotección de los ciudadanos en sus derechos. En un contexto de violencia, de violaciones de derechos humanos y de negación de estos sucesos, es evidente que diversos sectores estarán dispuestos a conservar y expandir posturas negacionistas y silencios prolongados, principalmente con la impunidad y la ruptura del tejido social.

La rama judicial ha sido un sostén de la democracia, ha defendido la Constitución y el Estado social de derecho que quisiera ser derribado o controlado. Para la campaña, los diversos poderes públicos y especialmente quienes los presiden deben comprometerse cabalmente en el respeto de la independencia judicial, elemento sustancial de la división de poderes y del Estado socialy democrático de derecho, ello implica, como mínimo, el pleno acatamiento de los fallos judiciales, la censura desde las diversas potestades a quienes ataquen la justicia, a sus funcionarios y sus fallos, y la protección integral de la función judicial.
Para la campaña, quienes presiden las diversas ramas del poder público deben encabezar y promover un pacto político nacional por la defensa de la independencia judicial y el Estado social y democrático de derecho, llamando al conjunto de actores económicos, políticos, mediáticos y ciudadanos para que cesen cualquier ataque contra la rama judicial, sus fallos y funcionarios.

Con ello, la Procuraduría General de la Nación debe adelantar el conjunto de estrategias y acciones para promover y garantizar el pleno respeto por la independencia judicial por parte del conjunto de los funcionarios públicos, sin importar el nivel jerárquico en que se encuentren. Es urgente que dicha institución expida una circular especíﬁca sobre la materia y que adelante todos los procesos disciplinarios a los que haya lugar. A su turno, la Defensoría del Pueblo, desde la magistratura moral que ejerce y su responsabilidad en la promoción de los derechos humanos, debe hacer un pronunciamiento categórico en defensa de la independencia judicial y el Estado social y democrático de derecho, así como elaborar un informe especíﬁco y detallado que dé cuenta del conjunto de ataques que ha recibido la rama judicial, sus funcionarios y sus providencias con sus respectivas recomendaciones.

Para la campaña, el Gobierno colombiano no puede seguir desconociendo los múltiples compromisos en relación con el respeto a la independencia judicial que tiene con el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de la Constitución Política. El Estado colombiano debe garantizar que los estándares internacionales en materia de independencia judicial se cumplan y se incorporen en el ordenamiento jurídico interno, vinculando a las ramas del poder público tanto como a instituciones, actores políticos y económicos, con obligaciones concretas que no puedan ser desconocidas bajo ninguna circunstancia y sean adecuadamente controladas.

Estas obligaciones exigen que se tomen medidas, se adopten mecanismos y que los proyectos de reforma en materia de administración de justicia sean realmente aﬁnes a los estándares internacionales y a los principios constitucionales, propendiendo por la superación de las barreras e intereses superpuestos a la satisfacción del derecho a la administración de justicia y a las garantías judiciales, así como carencias estructurales.

Reconociendo una variedad de precariedades que afectan a la rama judicial, su autonomía y suﬁciencia presupuestal deben ser un mínimo básico para garantizar el mejor funcionamiento de la justicia. Los avances de la justicia, hoy, dependen indispensablemente en la implementación de tecnologías de vanguardia; de otra manera no será posible mejorar en la eﬁcacia y efectividad en la protección de los derechos. Adicionalmente, otra carencia estructural es la adopción concreta de una perspectiva de género, así como el respeto y la garantía de autonomía para los pueblos étnicamente diferenciados. El compromiso ético de los funcionarios es esencial para ese propósito, la existencia de controles internos independientes y una carrera judicial que trascienda a los altos tribunales y al cargo de ﬁscal general de la nación..

Las fuerzas militares y de policía, como instituciones centrales en el Estado de derecho sobre las que recae el monopolio legítimo de la fuerza, deben abstenerse de participar de cualquier tipo de hostigamiento, injerencia y ataque a la independencia judicial. Prácticas ilegales, como los seguimientos, las interceptaciones y el diseño de campañas individuales o colectivas de desprestigio contra miembros de la rama judicial por parte de integrantes de la fuerza pública, afectan de manera grave la independencia judicial y se constituyen en una violación a los derechos humanos. Estas prácticas deben cesar urgentemente en nuestro país.

La campaña invita a los partidos políticos y movimientos sociales apromover un pacto político nacional que garantice el respeto a la justicia en clave de la garantía para el funcionamiento pleno del sistema judicial y en especial de las altas cortes; el blindaje al sistema de justicia transicional con el ﬁn de dar cumplimiento al Acuerdo Final para la Paz; y, el cumplimiento en derecho de los fallos, recomendaciones y/o modiﬁcaciones de las iniciativas legislativas o ejecutivas que se emprendan. En particular deben comprometerse a impulsar en la agenda pública de la nación, del Congreso de la República y del Gobierno nacional, las exigencias y propuestas de la sociedad civil correspondientes a la independencia de la justicia en clave de armonizar las perspectivas de modiﬁcación, actuación y respeto a las acciones del sistema judicial, con base en los estándares internacionales y para fortalecer el Estado social de derecho.

Los movimientos sociales y los más variados sectores políticos deben poder aumentar el control en relación con los hechos y actuaciones que alteren la independencia y autonomía de la justicia. Esto tiene una implicación directa e indirecta con los intereses y agendas que impulsan los sectores políticos, pero también, el Gobierno nacional. Este control político debe contribuir a la garantía de los intereses estratégicos y constitucionales del Estado.

En últimas, la justicia exige un cambio político de base: la ciudadanía y los funcionarios públicos deben apropiarse de la defensa de la rama judicial y convertirse en veedores de su buen funcionamiento. Para lograrlo es necesario planear una estrategia pedagógica y mediática en el corto, mediano y largo plazo capaz de construir una conciencia colectiva de reconocimiento institucional y de empoderamiento como sujetos de derecho.

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