Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021

Linea Conflicto Social y Paz

Por: CIDH

CIDH urge al Estado implementar mecanismos para prohibir uso de fuerza letal en protestas. Así mismo insta al Estado colombiano a que todos los casos y especialmente los relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la penal militar...

 

 

observacionescidehcol

 

LEER INFORME COMPLETO.

 

La Comisión Interamericana pudo constatar que las jornadas de protestas que  comenzaron el 28 de abril de 2021 tienen reclamos similares a los de las movilizaciones de años anteriores. A través de sus  ecanismos de monitoreo, la CIDH registró las jornadas de movilización que se llevaron a cabo en 20193 y 20204 a nivel nacional. Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de los niveles de pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes,  así como firmantes del Acuerdo de Paz.

 

 

 

11. En relación con la inequidad, el Banco Mundial5 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)6 han señalado que el sistema tributario del Estado de Colombia no introduce cambios en la distribución de los ingresos, medido a través del índice de Gini, lo que es considerado un indicador de regresividad impositiva. Además, presenta un gasto social relativamente bajo.

12. En el 2020, la pobreza monetaria alcanzó el 42.5 % y la pobreza monetaria extrema fue de 15.1%. Es decir que un total de 21 millones de personas se encontraban en situación de pobreza y 7.5 millones en pobreza extrema. Los departamentos con mayor concentración de población por debajo de la línea de pobreza coinciden con las regiones donde preponderan pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes7.

13. Adicionalmente, el índice de desempleo a nivel nacional en el trimestre febrero-abril 2021 fue de 15.1%8. Según lo informado por el Estado, el desempleo ha afectado particularmente a mujeres con una tasa del 19,9% (8.3% más en comparación con los hombres) y jóvenes con una tasa del 18,1%.

14. Con respecto a los índices de violencia, según información oficial, la tasa de homicidios se situó en 23.33 muertes cada 100 mil habitantes9. Si bien es el valor más bajo de este indicador desde 1974, continúa siendo alarmante. La CIDH observa que la totalidad de estos homicidios se concentró en el 55% del territorio nacional; particularmente en zonas caracterizadas por una presencia limitada del Estado.  Adicionalmente, reconoce que, en dichas áreas, la presencia de grupos armados ilegales como fenómeno precedente a la protesta añade una capa adicional de dificultad para la garantía de los derechos humanos.
Esta situación tiene, además, el potencial de afectar el ejercicio del derecho a la protesta, acentuando el deber del Estado de actuar con apego a estándares interamericanos. 

15. De acuerdo con cifras del Estado, en 2020 se registraron 53 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) reportó 133 asesinatos10 contra dicho colectivo en ese mismo periodo. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró 310 homicidios de personas con liderazgo social y defensoras de los derechos humanos durante 202011. Adicionalmente, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató en el asesinato de 73 firmantes del Acuerdo de Paz en ese mismo año12.

16. La CIDH toma nota de las recientes alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que reportan el riesgo inminente de la población debido a la reconfiguración de la violencia y la presencia de actores armados en el territorio13. Al respecto, subraya la afectación diferenciada de estos riesgos en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. 

17. La Comisión también ha recibido información sobre bajos niveles de confianza ciudadana en las instituciones estatales, fenómeno que podría explicarse por temas como los altos niveles de impunidad. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2018 la tasa de impunidad frente a homicidios dolosos osciló entre el 86.58% y el 94.30%14. Asimismo, según los datos de 2018 del Latinobarómetro, existe una extendida desconfianza de la sociedad colombiana en las instituciones del Estado, la cual supera el 70% en el caso del Poder Judicial y el 75% en el caso del Poder Ejecutivo y
Legislativo15. 

18. En su Informe Anual 2020, la Comisión tomó nota de las expresiones de preocupación de la sociedad civil sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo, así como por la posible afectación del sistema de contrapesos debido a vínculos entre integrantes de esta rama del Estado y las personas elegidas para ocupar órganos de investigación y control. Esta preocupación también se puso de presente en la audiencia sobre la "situación de derechos humanos en Colombia", celebrada en el 178 Período de Sesiones16; así como  durante la vista de la Comisión.

19. En cuanto a las garantías del derecho a la protesta en Colombia, cuyo ejercicio no está aún reglamentado por una ley estatutaria como fija la Constitución Política, la Comisión fue informada de la sentencia STC 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 22 de septiembre de 202017. En esta decisión judicial se evidenció una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en varias de las manifestaciones ciudadanas.

20. En la citada sentencia, la Sala de Casación Civil encontró que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), constituye "una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas"18. Asimismo, la Sala de Casación Civil encontró estereotipos arraigados sobre las protestas y sus participantes por parte de agentes de la fuerza pública, los cuales se verían reflejados, entre otras cosas, en la permisividad frente a violaciones de garantías individuales19.

21. La Comisión reconoce que esta decisión constituye un precedente judicial importante. Además, valora que parte de los reportes que entregaron las autoridades durante la visita obedecen a las órdenes fijadas en dicha sentencia. La CIDH destaca la importancia de que  las autoridades concernidas cumplan de manera integral la decisión STC 7641-2020, de forma que se brinden garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la protesta en Colombia20. 

2.2 El paro nacional 

22. El 28 de abril de 2021 se dio inicio el denominado paro nacional, en respuesta a un proyecto de reforma tributaria (“Ley de Solidaridad Sostenible”)21 presentado por el gobierno nacional al Congreso el 15 de abril. Posteriormente se dio a conocer otro proyecto que reformaba la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (Proyecto de Ley No. 010)22. Ambas iniciativas generaron un profundo descontento social y fueron retiradas del debate parlamentario el 2 y 19 de mayo,  respectivamente. A juicio de la Comisión, el hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones.

23. La Comisión Interamericana destaca la masiva participación ciudadana en asuntos públicos a través del ejercicio del derecho a la protesta pública y pacífica, contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia23 y protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos24. Asimismo, menciona que las movilizaciones han facilitado la inserción en el debate público de algunos de los reclamos sociales provenientes de la juventud, como el acceso universal a la salud y educación, y la necesidad de una reforma a la Policía Nacional de Colombia. 

24. La protesta pacífica ha cumplido un rol esencial en dar visibilidad a reclamos que requieren ser atendidos y voces que deben ser escuchadas. A su vez, ha contribuido a que las autoridades de los distintos niveles tengan una mejor comprensión de asuntos que afectan a la ciudadanía. La Comisión valora este momento como una oportunidad para el fortalecimiento del sistema democrático y la garantía de los derechos humanos. 

25. El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales.

26. Adicionalmente, el Estado adujo que en 1.418 protestas, correspondiente al 11%, se presentaron disturbios o acciones violentas que a su juicio afectaron la convivencia ciudadana y para las cuales fue habilitada la intervención del ESMAD. De acuerdo a lo informado, este cuerpo de seguridad no realizaría ninguna labor de patrullaje permanente, sino que interviene cuando hay actos de violencia en contextos de protestas.

27. Durante la visita, el Estado destacó el carácter excepcional del uso de la fuerza con el fin de proteger los derechos humanos de la población en general contra amenazas graves e inminentes, bajo protocolos que siguen criterios de prevención, persuasión, disuasión, reacción y contención. Igualmente, indicó que la fuerza fue utilizada únicamente en los casos en que resultó necesaria la intervención de la policía y bajo un previo análisis de la legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y razonabilidad25.

No obstante lo anterior, la Comisión Interamericana recibió denuncias sobre reiteradas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Asimismo, recibió información sobre afectaciones a terceros y bienes públicos en el mismo contexto. 

A continuación, la CIDH se referirá a los hallazgos de la visita de trabajo y realizará consideraciones relativas a los cortes de ruta y sobre el Internet como espacio de protesta.

III. Principales violaciones a los derechos humanos observadas y obstáculos identificados para la garantía del derecho de protesta 

LEER INFORME COMPLETO.

Tomado de: http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp

NOTAS RELACIONADAS:

 

 

 

 

 

 

Déjanos tus comentarios


Código de seguridad
Refescar

Revista Kavilando

portkav12.1

Publicaciones

Slider

Afiliados a

clacso

cc

Visitas