Informe. Misión de observación internacional por las garantías de la protesta social y contra la impunidad en Colombia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Misión Internacional

Los testimonios individuales y colectivos recibidos por los equipos de trabajo de la Misión en las diferentes regiones, así como después de establecer reuniones con las diferentes autoridades territoriales y organismos de control, pudo establecer que el tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados, es decir, se utilizan técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del “enemigo interno”

 

 

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La Misión recibió más de 70 informes producidos por organizaciones locales y regionales, documentó más de 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional, observó y constató diferentes patrones de represión que se configuran en un grave escenario en la violación de Derechos Humanos generalizada en las regiones visitadas en el país.

4.1. Elementos institucionales sobre la Policía Nacional

En Colombia, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Defensa. Esta vinculación ha implicado la militarización de la Policía, que ha estado involucrada directamente en el conflicto armado colombiano y en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, dicha militarización ha condicionado la manera en la que la Policía se relaciona con la protesta social. No se comporta frente a las movilizaciones como un cuerpo civil capacitado para tramitar los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, sino que entabla una relación de enfrentamiento, estigmatizante y criminalizante, con la protesta. El ESMAD, que es la entidad de la Policía encargada del control de disturbios y de multitudes, es señalada, como ninguna otra institución del tratamiento estigmatizante y criminalizante con la protesta y movilización ciudadana.

La Justicia Penal Militar, adscrita al Ministerio de Defensa, es la encargada de investigar y sancionar las posibles faltas que cometan los efectivos de la fuerza pública en el marco de actos de servicio. Sin embargo, se trata de una institución que carece de la confianza ciudadana, debido a la alta impunidad y a su falta de autonomía e independencia.

Ahora bien, según el ordenamiento jurídico colombiano otras entidades también tienen atribuciones en la veeduría e investigación de los efectivos de la policía. Según el artículo 118 de la Constitución, la entidad del Estado encargada de la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas es el Ministerio Público. El Ministerio Público está compuesto por tres organismos principales de control: Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías municipales y distritales. La Procuraduría General de la Nación se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por gobernantes, funcionarios públicos, y particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado. La Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. Las personerías, por su parte, vigilan y controlan la gestión de las alcaldías y entes descentralizados en función de la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía.

La Fiscalía General de la Nación, por otra parte, es un organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia. Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito.

Frente a presuntos hechos de abuso policial, la ciudadanía cuenta con el respaldo constitucional de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el partido de gobierno ha cooptado estas entidades, razón por la cual incumplen su función constitucional y reproducen una concepción estigmatizante contraria al ejercicio efectivo del derecho a la protesta. Como resultado de la influencia del presidente Iván Duque, las instituciones encargadas de proteger a los y las manifestantes carecen de la capacidad y/o voluntad política para proteger la protesta y a los defensores de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado reiteradamente al gobierno a utilizar estas instituciones para prevenir la violencia contra defensores de Derechos Humanos, establecer medidas de protección más robustas para los defensores e implementar una política de protección integral a través de estas instituciones. Sin embargo, estas instituciones no cumplen sus mandatos y no crean un entorno en el que los defensores puedan ejercer libremente sus derechos.

Con respecto al diseño institucional y a la cadena de mando de la Policía Nacional, se presenta una situación adicional que ayuda a explicar la dificultad para que los efectivos de la Policía garanticen el derecho a la protesta pacífica. La Constitución otorga a los alcaldes la función de máxima autoridad de la Policía. Sin embargo, la norma se enfrenta a un problema de diseño institucional: al ser una institución adscrita al Ministerio de Defensa, el director de la Policía depende del Ministro de Defensa que a su vez responde al Presidente de la República. Esta contradicción genera un cortocircuito, pues aunque la Policía debe responder constitucionalmente tanto a los alcaldes como a las orientaciones nacionales, en la práctica se encuentra más cercana a los dictámenes de la presidencia de la República.

Los testimonios individuales y colectivos recibidos por los equipos de trabajo de la Misión en las diferentes regiones, así como después de establecer reuniones con las diferentes autoridades territoriales y organismos de control, pudo establecer que el tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados, es decir, se utilizan técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del “enemigo interno”. Este accionar se expresa en:

i) el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; caracterizado por disparos a corta distancia, de forma horizontal y apuntando al tercio superior del cuerpo, especialmente al rostro y la cabeza de quienes se manifiestan.

ii) la utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida. Se constató el uso de proyectiles hechizos que contienen perdigones, canicas, clavos, puntillas y material punzocortante empleados para causar en mayor daño posible en la población civil;

iii) se documentaron casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD,

iv) métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de Derechos Humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la fuerza pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones;

v) montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes;

vi) acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente jóvenes y personas manifestantes, aún cuando estos estaban resguardados en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas;

vii) infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas;

viii) se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la fuerza pública atacan con armas de fuego de largo y corto alcance a las manifestantes. Este modo de operar no es espontáneo sino sistemático y redunda en causar terror en los diferentes sectores sociales (jóvenes, brigadas médicas, prensa entre otros), diezmar la protesta y causar el mayor daño posible;

ix) se pudo identificar en los distintos testimonios violencias basadas en género manifiestas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes, brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de dh; amenazas de violación sexual incluidas menores de edad.

x) discursos clasistas y racistas que se han perpetrado como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.

xi) Utilizar la oscuridad de la noche para las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

Adicionalmente, las situaciones de amenazas, hostigamientos y vulneración reiterada de Derechos Humanos han implicado que la mayoría de las víctimas tengan temor de denunciar por miedo a represalias institucionales, paramilitares y de la fuerza pública porque muchas personas que han denunciado son objeto de señalamientos, persecuciones, hostigamientos y asesinatos o amenazas de muerte. Muchas personas jóvenes entrevistados por la Misión ya no pueden dormir en sus casas porque han sido amenazados. Ante este panorama, el derecho de acceso a una justicia real con garantías constitucionales establecidas se diluye por completo.

4.2. Papel del Estado

Desde la institucionalidad estatal se suele utilizar un discurso en el cual se reconoce el derecho a la protesta y los Derechos Humanos, incluso la existencia de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, no se evidencia un reconocimiento de los hechos de agresiones por parte de la fuerza pública que se han dado en el marco de la protesta ni avances en sus investigaciones. Tampoco se evidencia un seguimiento riguroso a las denuncias. Este discurso institucional oficial también contrasta con algunas declaraciones de integrantes de la fuerza pública y del Ministerio Público en las que se pone de manifiesto la utilización de un discurso caracterizado por la deslegitimación y estigmatización de la protesta social y que se ha traducido en las decisiones del Gobierno Nacional de ordenar la asistencia militar en algunas regiones vía decretos como el Decreto 575 de 2021.

Se evidencia el papel que han jugado en algunas regiones las alcaldías y gobernaciones como partícipes en la represión a la protesta social. Algunas expresan falta de voluntad de diálogo con los manifestantes, la negación de los casos de violaciones de Derechos Humanos, y la persecución judicial de personas reconocidas por su participación en las manifestaciones o de personas defensoras de Derechos Humanos por medio de señalamientos en carteles de “se busca”, entre otros mecanismos. En algunas regiones se evidencia una contraposición entre las opiniones de las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno Nacional. Hubo autoridades municipales o gobernaciones departamentales que no hicieron cumplimiento del decreto presidencial y fueron objeto de persecución por parte del Gobierno Nacional.

La Misión recolectó información que da cuenta de una nueva caracterización del enemigo interno. Aunque se mantiene antiguos conceptos de “guerrillero” o “comunista” para deslegitimar la lucha de los jóvenes, hay una reconfiguración de los términos y el uso de nuevos términos como “vándalos” y “vagos” para caracterizar a los jóvenes que participan en el Paro Nacional y en la resistencia. A esto se contrapone la caracterización de un grupo denominado “gente de bien” con el objetivo de estigmatizar y justificar la represión de la que son objeto los y las manifestantes. Esta caracterización convierte a las personas que lideran las manifestaciones y a quienes realizan acciones solidarias en blancos de ataques por parte del Estado y de grupos paramilitares que se consolidaron y/o fortalecieron en el marco del Paro Nacional.

4.3. Papel de ciertos grupos y gremios empresariales

Se evidencia el uso de establecimientos comerciales y/o plantaciones para la violación de Derechos Humanos, a los cuales no se permite el ingreso de personas defensoras de Derechos Humanos. Se puso de manifiesto el uso de locales comerciales como centros de detención ilegal por parte de la fuerza pública. De igual forma se observa la presencia de armamento en algunos establecimientos comerciales de los que se tiene conocimiento de vínculos con el paramilitarismo, como estaciones de servicio. Se constató que algunos gremios y/o empresas divulgan discursos que promueven la violencia y la estigmatización de los manifestantes. Se recibieron noticias de despidos injustificados de empleados que participaron en la protesta.

También se evidencia que empresas con intereses en la explotación agrícola presionan a las comunidades para la venta de sus terrenos con amenazas de muerte ante la negativa de la comunidad de efectuar esa actividad económica. Las personas que realizan las amenazas son reconocidas por tener vínculos económicos y políticos de gran envergadura.

4.4. Papel de los medios masivos de comunicación

Los medios masivos de comunicación han incurrido en la estigmatización, criminalización, discriminación, descalificación y hasta deshumanización de las personas manifestantes, lo cual las impacta en lo personal, familiar, y en sus entornos laborales y comunitarios. Esta estrategia que se ha caracterizado por un discurso de odio por medio de la identificación de las personas manifestantes como “vándalos” y/o “terroristas” y/o cómo responsables de las afectaciones económicas, lo cual deslegitima ante la sociedad el proceso de movilización junto con sus actores y exigencias. En este mismo sentido se evidencia una invisibilización

de la violencia selectiva en contra de las personas que se movilizan y/o hacen parte de procesos organizativos. También se ha evidenciado una profundización de discursos racistas.

4.5. Papel de los organismos de control e investigación
Se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas. Se evidencia una omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública.

En algunos casos se ha evidenciado estigmatización por parte de integrantes de organismos de control a personas manifestantes. Por ejemplo en Barrancabermeja, un procurador a la entrada de un centro de detención, le dice a la madre de una manifestante agredida y detenida: “señora [...], la reforma tributaria se cayó --a esta hora tenía que estar en la casa--. para qué estaba en la calle”.

Se ha observado la desproporcionalidad en cuanto a las investigaciones en contra de manifestantes por daño a la propiedad pública y privada comparado con las investigaciones a integrantes de la fuerza pública por violaciones de Derechos Humanos. Existen investigaciones y judicializaciones respecto a daños a bienes públicos y privados; caso contrario en investigaciones por vulneración de Derechos Humanos en donde no existe un registro claro, ni seguimiento a las denuncias o avance en las investigaciones. La Misión evidenció que el uso indebido del aparato policial y judicial para criminalizar se ha convertido paulatinamente en una práctica selectiva. Por ejemplo, esta práctica incrementó significativamente en el Valle del Cauca a partir del 28 de mayo con la adopción del Decreto 575 de 2021. Con la adopción de dicho Decreto de asistencia militar, se evidenció en Cali un cambio en la respuesta del Ministerio Público para atender los llamados de las organizaciones de Derechos Humanos, ya que dejaron de hacerlo para garantizar los derechos de los manifestantes y en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, para hacerlo por solicitud de la fuerza pública. La criminalización funciona como mecanismo de intimidación, de ataque a los procesos organizativos, y de señalamiento que contribuye a la persecución y ataques posteriores.

Existe un amplio número de instituciones públicas relacionadas con el control y seguimiento del respeto de los Derechos Humanos, pero tienen competencias difusas y solapadas lo cual posibilita impide que el Estado cumpla con sus responsabilidades. La figura de coordinación interinstitucional (Puesto de Mando Unificado, “PMU”) para la actuación de las autoridades en las manifestaciones no garantiza que en el proceso de toma de decisión estén involucradas las autoridades civiles, alcaldías y gobernaciones. En algunos casos, las autoridades

regionales y organismos de control no participan de forma permanente en las sesiones, lo que significa que la Policía toma la mayoría de las decisiones de actuación.

4.6. Efectos de los escenarios de impunidad
El temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales generan un subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias. Existe una desconfianza generalizada por parte de las víctimas para denunciar los abusos y agresiones en el marco de la protesta ante instituciones como Fiscalía y Procuraduría. Si a ello se une el temor de ser estigmatizado, perseguido y/o judicializado, en caso de denunciar hechos, esto conduce a que no se presenten las denuncias correspondientes. Obstáculos como la imposibilidad de identificar a los agentes de la fuerza pública debido a la práctica reiterada y sistemática de ocultamiento o intercambio de insignias, cascos y números de identificación, y en especial impedimentos para el acceso a mecanismos de justicia en casos de violencia de género contribuyen también a la impunidad. Asimismo, la lentitud en la tramitación del proceso de denuncia, de las investigaciones a agentes del estado por vulneración de Derechos Humanos y la falta de criterio en estas investigaciones se suman a lo anteriormente descrito.

Esta desconfianza se extiende también a algunas autoridades municipales y departamentales que han evidenciado un papel importante en la impunidad al realizar declaraciones en las que no reconocen las violaciones a los Derechos Humanos.

Existe temor por las acciones de amenaza y ataque que se puedan llevar a cabo con posterioridad al Paro Nacional contra personas que se han destacado por su liderazgo en los espacios de movilización o contra las víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de la fuerza pública que han denunciado.

Se observa que hay una situación ambigua sobre la interpretación del delito de desaparición forzada, lo cual obstaculiza gravemente el registro y búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas, así como el castigo a los responsables y el acceso a la justicia.

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