Armas de Argentina a Bolivia: el escándalo de presunta entrega de pertrechos durante las protestas bolivianas de 2019 por el que se denuncia a Macri

Linea Conflicto Social y Paz

Por: BBC News

Para el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se trata de un asunto de "dolor y vergüenza" por el que pidió disculpas a Bolivia y anunció una denuncia contra su predecesor, Mauricio Macri.

 

 

boliviaprotestas

Para el acusado, todo se trata de una "persecución" política en su contra, con motivaciones electorales.

La nueva disputa política en Argentina inició la semana pasada, luego de que el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunciara ante la prensa que Macri (2015-2019) envió "munición" para "reprimir" las protestas de finales de 2019, un día después de que Jeanine Áñez asumiera el poder interinamente.

El gobierno de Fernández, aliado político del de Bolivia, emprendió entonces una investigación que detectó "inconsistencias" en los registros de envío de pertrechos y otros materiales antidisturbios"no letales" al país vecino.

Por ello, el presidente confirmó el lunes la presentación de una denuncia contra Macri.

Macri rechaza las acusaciones y afirma que se trata de una "persecución" hecha pública para influir en las próximas elecciones primarias de septiembre en Argentina.

Estas son algunas claves sobre el presunto envío de pertrechos que eleva la tensión política en Argentina.

¿Qué se investiga?

La crispación social y política que siguió a las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en Bolivia desembocó en la renuncia del presidente Evo Morales -que denunció ser víctima de un golpe de Estado- el 10 de noviembre de ese año.

Un día después, un avión de la Fuerza Aérea argentina aterrizó en La Paz, la capital política de Bolivia, con guardias de la Gendarmería Nacional enviados para resguardar su embajada en Bolivia.

En el vuelo también fueron transportados pertrechos y equipo antidisturbios no letales, presuntamente, para uso de ese agrupamiento encargado de resguardar las fronteras argentinas.

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, presentó el jueves pasado ante la prensa una carta, firmada por el general Gonzalo Terceros, en la que el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana agradece al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez, por la colaboración de entrega de equipo de seguridad "en el marco del apoyo internacional" bilateral "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia".

Le detalla la recepción de una serie de suministros de "material bélico de agentes químicos" que incluyen 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, así como decenas de gases lacrimógenos y granadas de gas.

 

 

 

Ante la denuncia boliviana, una investigación iniciada por el Ministerio de Seguridad argentino detectó "inconsistencias" respecto al material autorizado para acompañar a la Gendarmería Nacional en Bolivia.

Fernández envió la semana pasada una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce, en la que se disculpa por la "colaboración" de Macri con la "represión militar y policial" boliviana.

 

 

 

El lunes, tras presentarse la denuncia contra Macri, el presidente Fernández le dijo a la emisora Radio 10: "Me parece que es un tema muy grave".

"Que el gobierno argentino acepte rupturas institucionales en otros países y que además colabore con los que reprimen para favorecer el golpe es de una gravedad enorme. Por eso creo que era necesario hacer esta denuncia".

¿Qué "inconsistencias" hay?

Un informe preliminar difundido por el Ministerio de Seguridad de Argentina indica que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó, el 11 de noviembre de 2019, el envío a Bolivia de pertrechos para la agrupación "Alacrán" de la Gendarmería Nacional.

Se registraron 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos; dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12/70.

Argentina envió guardias para reforzar la seguridad de su embajada en La Paz.

Un día después se autorizó también el envío de 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano "de gas hostigamiento".

La Policía boliviana se encargó de registrar el armamento y municiones introducidos a su país, según dos informes del 12 y 28 de noviembre de 2019.

La reciente investigación argentina indica que hay "diferencias entre lo pedido y lo registrado por la Policía boliviana".

De los 70.000 cartuchos antidisturbios, la policía boliviana registró la entrada de solo 1.350 cartuchos. No hay registro de las granadas de mano ni los spray "que sí están en lo enviado por Argentina".

Por otra parte, las autoridades bolivianas anotaron la entrada de elementos como "mantas antibomba" y un detector de metales y otros objetos que Argentina no autorizó.

La Gendarmería Nacional es la institución habilitada para resguardar fronteras y sedes diplomáticas de Argentina.

"La inconsistencia entre lo autorizado por la Anmac y lo autorizado y registrado por la Policía boliviana muestra diferencias sugestivas", dice el informe del Ministerio de Seguridad.

¿De qué se acusa a Macri?

La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, encabezó la presentación de la denuncia contra Macri y una decena de funcionarios de su gobierno.

Señala el presunto "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las Fuerzas Armadas que días antes habían derrocado" a Morales, dice la denuncia judicial.

La denuncia señala al expresidente Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Días después del envío, añade, se registraron "múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas 'masacres' -según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos- de Sacaba y Senkata".

¿Qué responde Macri?

El expresidente Macri no fijó una posición inmediata tras anunciarse la denuncia en su contra.

Pero el sábado pasado, en una entrevista con la agencia Efe, rechazó las acusaciones, que calificó como un "disparate", y denunció ser objetivo de una "persecución" del actual gobierno.

"Yo para esa época ya había perdido la elección [presidencial del 27 de octubre de 2019], así que fue hecho en coordinación con el gobierno que entraba", afirma el expresidente.

"Y hay mensajes de texto y WhatsApp que muestran esto. Además quedó claro que se informó de que un Hércules viajó ya con Morales fuera del poder, en el proceso del Congreso a designar una presidencia interina para defender la embajada argentina en Bolivia, donde además había varios funcionarios de Morales asilados", añadió.

Aseguró que la supuesta carta de agradecimiento nunca llegó a la embajada argentina en La Paz, y que los materiales en cuestión "son antidisturbios, no material bélico".

El exmandatario considera esta denuncia como parte de la disputa política de cara a las elecciones legislativas intermedias, cuyas primarias se celebran en dos meses.

"Han sido mucho los ataques. Eso muestra que están en una situación de debilidad y preocupados por el resultado electoral seguramente negativo que van a tener en noviembre, que tenemos elecciones de medio término para elegir nuevos miembros del Congreso", expresó.

El exmandatario se encuentra fuera de Argentina, en una gira por Europa, pero no pesa sobre él un pedido de detención.

Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57829691 

NOTA IMPORTANTE RELACIONADA:

“Septiembre rojo para los bolivianos. Nuevo plan de golpe de Estado militar contra la institucionalidad ”.

Por: bbackdoors wordpress

Se acerca septiembre, fecha aprobada por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones en Bolivia. Aumenta la temperatura del enfrentamiento político interno.

Hoy, las discrepancias en los términos para la realización de las elecciones presidenciales constituyen el motivo de cambio del agravamiento de una disputa que involucra a los principales grupos políticos de derecha del país. Entre ellos se encuentra la actual Presidenta, Jeannine Añez, quien desea desaparecer del mapa político electoral al hoy conocido como partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales.

Este calentamiento político ha sido impulsado, principalmente, por la urgencia de poder que impera entre estos grupos políticos y la pésima gestión presidencial de Áñez y su equipo de Gobierno, que le ha dado al MAS una posición privilegiada para las próximas elecciones, anunciadas para el próximo 18 de octubre. .

Precisamente, esta situación ha despertado la idea de un autogolpe militar en los grupos más radicales, que es una acción que les garantizaría crear las bases legales para perpetrarse en el Gobierno. Una vez más, los militares bolivianos de alto rango, con el apoyo y asesoramiento de los Servicios de Inteligencia de América del Norte, organizan la maniobra para pasar por encima del orden constitucional.

Sin embargo, la decisión de romper con la constitucionalidad no es unánime entre los contendientes de derecha.

Pese a la participación en este plan de varios de los personajes que se vieron envueltos en el golpe de Estado de noviembre (advertidos de antemano en esta misma página web), como Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes , las figuras clave de este plan son ahora el secretario de Gobierno, Arturo Murillo, y el secretario de Defensa, Fernando López, quien de hecho fue el encargado de reclutar los activos militares para sacar a Evo Morales de la Presidencia, y ahora él desempeñaría esta misma función, aunque basada en intereses diferentes.

Como es fácil de suponer, este grupo no trabaja de forma autónoma. Las instrucciones y el financiamiento vienen nuevamente de la Embajada de Estados Unidos en La Paz.

De ahí que Rolf Olson, Oficial de la CIA, que participó en los anteriores eventos de noviembre, ha estado organizando y dirigiendo cada acción incluida en este plan. A través de su cobertura diplomática como jefe de la Oficina Política, se ha ido reuniendo “en secreto” con las partes encargadas de su articulación.

Entre los documentos confidenciales consultados (algunos de ellos pertenecientes a la Embajada de Estados Unidos), fuentes ubicadas cerca del secretario de Gobierno, Arturo Murillo, describen el desarrollo de estas reuniones secretas llevadas a cabo los días 2, 11 y 14 de julio del presente año, donde la última Se adoptaron acuerdos para la ejecución final del plan. Estos encuentros tuvieron como sede la casa del expresidente Tuto Quiroga y el Palacio Presidencial.

El objetivo principal de este plan se centra en aplazar las elecciones hasta el 2021, presumiblemente octubre, ahorrando tiempo para reconfigurar las fuerzas electorales (para fortalecer la coalición y debilitar a Carlos Mesa, candidato del partido político Comunidad Ciudadana), así como para "legalmente" inhabilitar el MAS y cumplir con los compromisos con el Gobierno de los Estados Unidos.

Estos compromisos se basan principalmente en la venta de gas y la explotación de yacimientos de litio, es decir la decisión de ceder a empresas transnacionales de capital americano la explotación de estos recursos.

Las principales acciones del plan de intento golpista serían las siguientes:

Generar presión sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su presidente, Salvador Romero, para que se vea obligado a suspender el actual anuncio a las elecciones.

En primer lugar, sería convocar a los principales partidos políticos de la coalición para exigir el aplazamiento de las elecciones. No sería un anuncio colectivo, pero cada parte lo haría por separado. Estos pronunciamientos ya se están produciendo.

Tuto Quiroga lideraría el reclamo de aplazamiento, sobre la base de un aumento de casos de Covid-19, y luego lo reunirían los activos cívicos y de la CIA Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina, este último representante del partido de Áñez Alianza Juntos.

Al mismo tiempo, Camacho implementaría acciones de desacato al TSE con los Comités Cívicos, para bloquear, de una vez por todas, las elecciones en Santa Cruz de la Sierra. Las acciones con los grupos paramilitares Juventud Kochala de Cochabamba y Resistencia de la Paz ya están coordinadas.

La idea sería conseguir que, al menos, el TSE postergue las elecciones un mes más y, de esta forma, seguir presionando hasta que se anule definitivamente el anuncio.

Si esta acción tuvo éxito, el apoyo y pronunciamiento a favor de esta medida ya se ha coordinado con la OEA y su Secretario General, Luis Almagro. Para lograrlo, el secretario consultor de la Misión de Bolivia ante la OEA y colaborador de la CIA, Erick Foronda Prieto, ha sido trasladado a Washington.

2. Creación de un falso positivo guerrillero clandestino, adjudicado al MAS, que generaría acciones violentas con el fin de desestabilizar el país y crear las condiciones para una Guerra Civil, de tal manera que se justifique el aplazamiento de las elecciones.

Para ello, se ha iniciado un operativo encubierto, que está siendo evaluado por Servicios de Inteligencia extranjeros (de EE.UU. e Israel) y coordinado con los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tiene el objetivo de responsabilizar al MAS ya sus principales dirigentes de los operativos violentos que ha comenzado a ejecutarse y que tendrán su máxima expresión en el transcurso de julio y agosto.

La idea es generar miedo en la población y al mismo tiempo el rechazo hacia el MAS, creando las condiciones sociales para el enjuiciamiento de sus principales dirigentes, incluido su candidato presidencial Luis Arce.

Así, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, a través de su Agregado Militar (principalmente, el Alcalde Matthew Kenny Thompson) y el apoyo del MOSSAD israelí, se crearon y capacitaron grupos paramilitares, formados por oficiales de bajo rango leales a los comandos militares actuales . Tienen el objetivo de ejecutar violentos operativos encubiertos (atentados, sabotajes, tienen francotiradores, entre otros). Luego, serán atribuidos al MAS.

El propio Arturo Murillo es quien viene coordinando y controlando la ejecución de estas acciones. Además, es el encargado de conformar esas “pruebas” que estarán vinculadas al MAS.

3. Finalmente, el auto golpe de Estado militar.

En el caso de que la decisión del TSE de postergar las elecciones no pudiera ser modificada mediante las acciones descritas, se resuelve forzar el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sea por vía legal o mediante la irrupción de los militares. .

Con este objetivo, Fernando López, secretario de Defensa, ha reclutado altos jefes militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para dirigir esta acción militar.

Arturo Murillo ha expresado, en reuniones privadas con funcionarios de la Oficina Política de la Embajada de los Estados Unidos, que es probable que se logre que militares y policías formen un bloque apoyando este nuevo golpe, de la misma manera que sucedió en noviembre, para asfixiar a la protestas de los movimientos sociales.

Sin embargo, a Tuto Quiroga se le ha encomendado buscar una vía constitucional y legal para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, el propio Tuto Quiroga ha sostenido en estos encuentros que, “si a los militares se les dio dinero para garantizar su apoyo en noviembre de 2019, ¿por qué no es posible volver a hacerlo?”.

Entre los principales jefes militares reclutados para la articulación de este plan se encuentran:

1-General de División, Sergio Orellana Centellas, Comandante General de las Fuerzas Armadas. Fue destinado en el cargo en marzo de 2020. Luego, a mediados de mayo, encabezó el ingreso ilegal de varios oficiales del Servicio Armado a la Asamblea Legislativa, exigiendo al Congreso la ratificación de los ascensos militares de 2020.

2-General de División, Pablo Arturo Guerra Camacho, Jefe del Cuartel General de la Fuerza Aérea. Participó, junto a Orellana, en la incursión ilegal al Congreso el pasado mes de mayo.

3-General de Brigada, Ciro Orlando Alvarez Guzman, Comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia. Fue el segundo al mando de la Fuerza Aérea de Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo. Fue nombrado Jefe por Añez, inmediatamente después del golpe. Mantiene estrechas relaciones con militares brasileños pertenecientes al círculo más cercano a Jair Bolsonaro.

4-General de Brigada, Rubén Salvatierra Fuentes, Comandante del Ejército de Bolivia. Participó, junto a Orellana, en la incursión ilegal al Congreso en mayo de 2020.

5-Contralmirante, Moises Orlando Mejias Heredia, Comandante de la Armada de Bolivia. Participó, junto a Orellana, en la incursión ilegal al Congreso en mayo de 2020.

Existe una alta penetración de los Servicios Especiales de Estados Unidos en las instituciones militares, que se ha utilizado para colocar oficiales leales en la mayor parte de la estructura de control. Todos estos funcionarios fueron colocados por Jeannine Añez cuando tomó el control del Estado, recomendado por la Embajada de Estados Unidos, a través de Erick Foronda, quien era su principal asesor en ese momento.

Además, a este grupo pertenecen militares de la reserva agrupados en el Coordinador Nacional Militar. Están encabezados por el General Remberto Siles y los Coroneles Julio Maldonado, Oscar Parcello y Carlos Calderón.

Al mismo tiempo, las Fuerzas Aéreas están desarrollando acciones de ciberespionaje masivo desde mediados de mayo, las cuales están dirigidas a monitorear a los principales miembros de los partidos MAS y Comunidad Ciudadana, así como a los periodistas. Para lograrlo, se ha puesto en práctica el sistema IMSI Catcher, diseñado para monitorear y controlar líneas de telefonía celular. Recoge toda la información vinculada a contactos, correo de voz y texto, así como la ubicación física, entre otros datos.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos ha decidido fortalecer la Estación de la CIA en La Paz, para potenciar el trabajo que su Jefe de Estación, Rolf Olson, viene desarrollando de manera encubierta.

Es probable que cerca de la fecha prevista para las elecciones se realicen movimientos de funcionarios diplomáticos, así como el ingreso al país de miembros de las Tropas de Operaciones Especiales del Comando Sur (como sucedió en noviembre pasado). Están comprometidos a preparar el terreno antes de la desestabilización.

Todo este plan evidencia la desesperación que impera en la derecha boliviana más radical hoy, ante la posibilidad real de volver a perder el poder, motivada por la ineficaz administración del Gobierno de Añez. Hay una decisión expresa en este grupo de hacer lo que sea necesario para no volver a entregar el país al MAS, ni siquiera a Carlos Mesa.

Así, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional jugarán un papel fundamental a favor de los intereses de la coalición de derecha.

Lo que este plan no ha previsto es la magnitud del riesgo de una explosión social que tendrá consecuencias impredecibles.

Tomado de: https://bbackdoors.wordpress.com/2020/07/29/red-september-for-the-bolivians-new-plan-of-military-coup-detat-against-the-institutionality-2/

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