A cinco años de paz, ¿dónde están los cambios?

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Gearóid Ó Loingsigh. El Salmón

La paz no se alcanza con palabras demagógicas, sino con hechos palpables: ¿Dónde está la reforma agraria? ¿En qué quedó el problema de la tenencia de la tierra considerado como el meollo del conflicto? ¿Dónde está la titulación de tierras a los campesinos, dónde la restitución, dónde los créditos y la asistencia técnica?

 

 

cinco años

Hace poco, con motivo de los cinco años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el principal negociador de ese acuerdo, por parte de la insurgencia, Iván Márquez escribió una columna haciendo una serie de preguntas sobre el progreso del acuerdo y unas dudosas afirmaciones sobre el mismo.

Según el otrora negociador:

La paz no se alcanza con palabras demagógicas, sino con hechos palpables: ¿Dónde está la reforma agraria? ¿En qué quedó el problema de la tenencia de la tierra considerado como el meollo del conflicto? ¿Dónde está la titulación de tierras a los campesinos, dónde la restitución, dónde los créditos y la asistencia técnica?

Pues son buenas preguntas, pero no en el sentido que Márquez pretende. Debemos hacer esas mismas preguntas a él.

¿Dónde está la reforma agraria?

Es una muy buena pregunta y hay que preguntarle a Márquez ¿exactamente dónde en el texto firmado por las FARC aparece esa frase? En ningún lado, sino se usa la frase Reforma Rural Integral, una frase poca precisa, pues no significa nada, no significa una reforma agraria, pero sirve para endulzar el oído de muchos haciéndoles ver en el acuerdo lo que no aparece. Ud. Sr. Márquez se queja muy tarde de un acuerdo que Ud. mismo negoció. La reforma agraria no aparece y no existe porque Uds. de las FARC traicionaron a su base y nunca lo acordaron con el gobierno.

¿En qué quedó el problema de la tenencia de la tierra?

Es otra buena pregunta, aunque esta vez el acuerdo sí lo aborda parcialmente. Valga la pena recordar lo se negoció en este punto. Las FARC acordaron con el Estado repartir 3 millones de hectáreas entre campesinos. Esta cifra ni de lejos puede resolver el problema, teniendo en cuenta que según un informe de Oxfam, la oligarquía colombiana tiene en sus manos más de 45 millones de hectáreas, en fincas superiores a las 500 hectáreas, es decir 40 millones más de lo que tenían cuando las FARC se sublevaron en armas en 1964.[1] Aun si el Estado hubiese cumplido con esa parte del acuerdo, faltarían 42 millones para resolver el problema y ese problema es estructural, no puede ser resuelto como propone el acuerdo de paz mediante iniciativas impulsadas por el mercado.

Valga decir que el mismo acuerdo da un plazo de 12 años para cumplir con la meta de repartir tierras o lo que se llama formalización masiva de tierras (titulación), tema que se trata a renglón seguido.

¿Dónde está la titulación de tierras a los campesinos, dónde la restitución, dónde los créditos y la asistencia técnica?

De nuevo el acuerdo trata esos aspectos parcialmente. Es cierto que propone la titulación de tierras, es decir reconocer legalmente la ocupación por parte de algunos campesinos de unos 7 millones de tierras que tienen en su poder pero sobre las cuales no tienen escrituras. Loable motivo, pero pregunto a Márquez ¿cómo propusieron hacer esto? Explica, por favor, los mecanismos claros que acordaron, o por lo menos los que entre botellas de Ron Habana, pensaban que acordaron. No me queda muy claro. El punto 1.1.5 afirma que el gobierno:

Adecuará un plan de formalización masiva y adelantará las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones.

Es muy vago, nada concreto y quedó en manos del gobierno y como se sabe por el mismo texto del acuerdo tienen hasta 2028 para hacerlo, aunque nadie espera que el gobierno cumpla con esa meta, pues el mismo acuerdo no tiene mecanismos para obligarles cumplir con lo acordado.

La restitución es un tema sencillo, pero resultó ser muy complicado en la práctica. La Ley 1448 de 2011 se aprobó mucho antes de comenzar el proceso de paz e inicialmente incluía un número de artículos que dificultaban la restitución de tierras donde había cultivos de palma u otros proyectos agroindustriales. Santos volvió, en pleno proceso de paz, intentar limitar el derecho a la restitución con el Artículo 50 de su segundo Plan Nacional de Desarrollo que pretendía anular o prohibir restituciones donde existían Planes de Interés Nacional (PINES). En ambos casos fue la Corte Constitucional y no Uds. de las FARC, y mucho menos Ud. sr Márquez quienes dieron su tataquieto a Santos. Así ¿dónde están las restituciones? Pues están donde Uds. las dejaron. Es muy tarde para quejarse de algo que no se encuentra en el acuerdo que Ud. mismo negoció y firmó.

El MOVICE publicó un informe que analizó las decisiones de las cortes en materia de restitución cuando había proyectos mineros por medio. Lo que encontraron en ese informe que seguramente Ud. nunca leyó, pues su arrogancia no le permite leer documentos de reformistas, aun cuando los reformistas son más atrevidos que los supuestos “revolucionarios” como Uds. En el informe se ve que en la revisión de 110 sentencias, sólo en 14 se solicita la cancelación de los contratos mineros y en 9 de esos casos se hace por incumplimiento de la legislación minera y petrolera y no por la aplicación de la Ley 1448 de 2011.

El acuerdo en sí lee como un panfleto de una agencia internacional de cooperación, un acuerdo de la ONU o algo así, nada concreto. El punto 5.1.3.6 afirma:

La aplicación de la política de restitución de tierras obedecerá, entre otros a los criterios técnicos de densidad histórica del despojo y a las condiciones para el retorno, teniendo en cuenta las recomendaciones, incluyendo las concernientes a la focalización territorial, que tengan las organizaciones de víctimas y expertos/as en el tema. Los entes territoriales deberán participar activamente en la implementación de la política de restitución y contribuir desde la formulación de sus planes territoriales de desarrollo en la atención integral de la población beneficiaria de los procesos de restitución, incluyendo la inversión en obras de infraestructura y servicios públicos.

¿Eso qué es? ¿Alguien nos puede explicar en términos sencillos que significa? Todas las referencias a la restitución de tierras son de ese estilo. Díganos sr. Márquez ¿cuáles son las medidas concretas que Ud. negoció que el gobierno debe cumplir? Díganos una sola medida concreta, algo real, algo medible.

Créditos y asistencia técnica

La historia de los programas agrarios colombianos y la política agraria en Colombia es la historia de Robin Hood al revés, se quita del pobre para dar al rico. Muchos piensan en los robos que hicieron los uribistas con el Agro Ingreso Seguro, pero la realidad es que, en cualquier sector del campo, quienes siempre reciben más créditos y subsidios son los grandes productores. Así fue en los noventa cuando la broca causó estragos entre los caficultores, los grandes recibieron más que los pobres. Los subsidios para la palma van a los grandes también, para nombrar apenas dos cultivos. Así sr. Márquez ¿cuáles cambios propusieron y acordaron para cambiar esta situación?

El acuerdo hace referencia a créditos para la compra de tierras, medida que no se puede entender como una reforma rural sino como una reforma del sistema bancario y crediticio. El punto 1.1.3 del acuerdo trata el tema de créditos más ampliamente pero en términos muy generales como todos los puntos tratados por Márquez.

La JEP

Márquez lamenta la situación de la JEP y afirma que “la Jurisdicción es para todos los implicados en el conflicto y no para una sola de las partes”. Uno no sabe que decir frente a eso, ¿acaso los farianos no recuerdan lo que acordaron? La JEP es para una sola parte del conflicto: las FARC. También acuden militares, más no las fuerzas militares del Estado como tal. Sólo aparecen militares por iniciativa propia, y los que se acogen a la JEP son los ya condenados por la justicia ordinaria como Rito Alejo, quien no sólo no tiene nada que perder, en el peor caso recibirá una reducción automática de su condena. También se acogen militares contra los cuales ya existen pruebas contundentes y temen que la justicia ordinaria llegue a juzgarlos. No hay dos partes en la JEP, y los empresarios, es decir los que financiaron y promovieron los grupos paramilitares están excluidos, aunque igual que los militares pueden comparecer voluntariamente como los llamados terceros, frase que no tiene fundamento en el derecho colombiano, pues son autores intelectuales, financiadores, instigadores, beneficiarios o simplemente cómplices.

Hasta la fecha 9.819 miembros de las FARC se sometieron a la JEP (la frase sometimiento es de misma JEP) y 3,313 miembros de la mal llamada fuerza pública. En ningún momento se juzga a esa supuesta fuerza pública como tal, sólo a algunos integrantes de ella y teniendo en cuenta el número de efectivos que tiene, los 3.313 que aparecen ante la JEP no representan ni 1% de los que encuentran actualmente en dichas instituciones y ni 0.1% de todos los que pasaron por sus filas durante el conflicto. No sólo no hay dos partes, no hay siquiera una parte y media.

Así, las FARC, como muchos se quejan de lo que no hay en el acuerdo, y piden (ya ni exigen) que se implemente un acuerdo ficticio que sólo existe en sus cabezas y las mentes de varios políticos, muchas ONG y la prensa. A veces me pregunto ¿soy el único que leyó ese acuerdo? Es que a veces parece que ni las FARC, ni las ONG, y muchos menos los políticos que apoyaron el proceso lo leyeron tal como se evidenció en una carta pública suscrita por varios políticos en 2017.

El ELN está circulando el artículo de Márquez, es de esperar que lo hacen por razones informativas y no por estar de acuerdo con, ni ver mérito en el lloriqueo de Márquez, pues si ven en Márquez un referente de como negociar con el Estado, más les vale bajar del monte ya y probar suerte.

Tomado de: https://telegra.ph/A-cinco-a%C3%B1os-de-paz-d%C3%B3nde-est%C3%A1n-los-cambios-11-23

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