Aumenta la zozobra ante incursión de grupos paramilitares en el Sur de Bolivar. Colombia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Marlón Osorio. Kavilando

Estos acontecimientos han provocado desplazamientos masivos de los pobladores hacia los cascos municipales buscando refugio humanitario, pues temen por la integridad de sus vidas, razón por la cual exigen al gobierno nacional y demás entidades, medidas que garanticen la defensa de la vida y la permanencia en el territorio.

 

 

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Las comunidades de la serranía de San Lucas en el Sur de Bolívar siguen en zozobra ante las incursiones que se han venido presentando en la región por parte de grupos armados al margen de la ley, como las ocurridas hace unas semanas atrás en los corregimientos de Mina Pijo, Sinaí, Mina Gallo (Morales) entre otras donde las Autodefensas Gaitanistas incursionaron al caserío generando una serie de confrontaciones con la insurgencia del ELN que históricamente ha hecho presencia en este territorio.

Estos acontecimientos han provocado desplazamientos masivos de los pobladores hacia los cascos municipales buscando refugio humanitario, pues temen por la integridad de sus vidas, razón por la cual exigen al gobierno nacional y demás entidades, medidas que garanticen la defensa de la vida y la permanencia en el territorio.

Recientemente las comunidades que se han visto directamente afectadas son las de Micoahumado (Morales), Mina Proyecto (Arenal), Mina Cielo (Arenal) y Santo Domingo (Arenal), debido a la aparición de grupos armados que dicen dirigirse hacia estas poblaciones, sembrando incertidumbre y un alto nivel de zozobra debido a lo que pueda pasar, pues en la memoria de los habitantes están los recuerdos de los difíciles momentos que tuvieron que sufrir tras las incursiones paramilitares del Bloque Central Bolívar a mediados de los noventa y principios del dos mil, donde la población civil de la serranía fue víctima de las múltiples violencias generadas en medio de la guerra entre los grupos armados, donde muchos campesinos y mineros líderes de la región fueron desaparecidos y asesinados, desatando una crisis humanitaria que anhelan no volver a repetir.

Los paramilitares establecieron una serie de controles para la población. Montaron retenes en cada una de las salidas de los cascos urbanos hacía la zona rural, establecieron la cantidad de víveres a los que cada familia tenía derecho, y más de un poblador fue asesinado por llevar una libra de arroz más o un par de pilas (doble AA) más de lo autorizado. Estas, entre otras, fueron las condiciones que marcaron la vida de los pobladores del sur de Bolívar durante este periodo. En todas las zonas en las que los paramilitares incursionaban había presencia de las Brigadas II y V del Ejército Nacional, con los batallones Nariño, Nueva Granada y Héroes de Majagual. (Fedeagromisbol, S.f., Pág. 35)

De acuerdo a las voces de organizaciones acompañantes de la región y de los procesos comunitarios al interior de ella, hay una fuerte preocupación precisamente por la seguridad de los liderazgos sociales y los planes de vida comunitarios, ya que, en esa disputa por el control territorial, hay intereses por el desarrollo y manejo de economías ilegales, instaurando otro tipo de relaciones sociales y económicas con el territorio, fracturando de ese modo los vínculos y apuestas colectivas que luchan por la construcción de una vida digna para todos y todas.

El ambiente es tenso. Sin embargo, los campesinos/as y pequeños mineros de la región, buscan la manera de continuar en sus territorios haciendo un llamado a los actores armados a que respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos como población civil, con el propósito de que las tragedias que han vivido por causa de la guerra no vuelvan a suceder, esperanzados en aquella convocatoria a la Paz Grande a la que nos invitó la Comisión De la Verdad como país, para “detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el ochenta por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en el que menos del dos por ciento de las muertes ha ocurrido en combates” (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022, pág. 9)

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Como respuesta a esa invitación a la Paz Grande y debido a la grave situación que viven las comunidades en el país, en el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, muchas casas en el corregimiento de Micoahumado han puesto como símbolo de paz, banderas blancas, como lo hizo alguna vez una de sus pobladoras años atrás cuando supo de la entrada de los paramilitares, convirtiéndose en una figura emblemática del proceso comunitario, pues ella muy aferrada a la fe cristiana, construyó con un pedazo de tela blanca y un palo de escoba una bandera que izó en la puerta de su casa, elevando oraciones por la protección de la comunidad, un hecho que inspiró confianza y parte de tranquilidad a las familias del corregimiento que se negaron a huir.

Hoy nuevamente, pasados 20 años desde que se izó aquella bandera, vuelven las y los pobladores micoahumaenses a sacar sus banderas blancas, acudiendo al llamado de la Paz Grande para liberar de los territorios la guerra que aún se libra y que día a día deja más víctimas, esperando ablandar los corazones de quienes aun persistentemente empuñan las armas, anhelando que luego de tantos años en guerras recicladas, podamos contra todo pronóstico, pasar la página de la guerra para vivir y construir la paz que tanto nos ha costado, asumiendo nuestras diferencias y visiones del mundo y del territorio mediante el diálogo social y político.

La esperanza es grande, pues en el sentir comunitario hacen eco las palabras del presidente Petro el día de su posesión cuando señaló que “Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el Gobierno de la vida, de la Paz, y así será recordado.” Las ilusiones están puestas ahí, en la voluntad de paz del nuevo gobierno para la construcción colectiva desde las regiones- la Colombia Potencia Mundial de la Vida- donde el ruido de los fusiles cese, para darle vía y espacio a las voces de las regiones condenadas por años a la violencia, a la desigualdad y exclusión social, al silencio y al terror.

Mientras eso sucede, las comunidades plantean vigilias comunitarias y encuentros colectivos, entre otras acciones, para fomentar la unidad y el cuidado comunitario en estos tiempos difíciles, a la vez que desde los procesos sociales y organizaciones de la región, trabajan en la elaboración de un acuerdo humanitario que posibilite la garantía del cuidado y bienestar integral de las comunidades, los liderazgos sociales y los planes de vida en los territorios, como base fundamental para los diálogos de paz al que tanto el gobierno como los actores armados han expresado su voluntad de participar. El llamado es a parar la guerra, a decir una vez más ¡Basta ya!

Por la vida, la justicia y la paz en los territorios ¡Basta Ya!

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