Por: REDIPAZ - KAVILANDO*
En respuesta a las graves y a menudo invisibilizadas afectaciones que el desarrollo urbano y rural ha causado en innumerables familias colombianas, un grupo de congresistas ha presentado un proyecto de ley que busca implementar una política pública nacional para la protección integral de los moradores rurales y urbanos, así como de sus actividades económicas.
Esta iniciativa legislativa pretende transformar el ordenamiento territorial, abordando las profundas repercusiones económicas, sociales, y patrimoniales que estos proyectos suelen provocar en las comunidades afectadas. Conozca más sobre esta propuesta que busca cerrar un vacío normativo, garantizando la dignidad, la participación y la permanencia de las comunidades en sus territorios.
El proyecto de ley, titulado “Por medio del cual se crean los lineamientos para el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de la política pública nacional de protección a moradores rurales y urbanos, actividades económicas, productivas, y el procedimiento de actuación de las entidades públicas, mixtas o privadas, y se dictan otras disposiciones”, se enfoca en establecer lineamientos claros para proteger a quienes han sido tradicionalmente excluidos de los beneficios del desarrollo, y cuyos modos de vida se ven amenazados por los planes de ordenamiento territorial.
Las intervenciones urbanísticas y rurales en Colombia han generado una serie de afectaciones económicas, psicosociales, y en el tejido social que no han sido reconocidas ni atendidas adecuadamente. Estas afectan no solo las propiedades y medios de subsistencia, sino también las redes de apoyo y las historias colectivas de las comunidades. La ley propuesta responde a la urgente necesidad de visibilizar y proteger los derechos de los moradores frente a estos impactos, garantizando su permanencia en los territorios que han habitado históricamente.
Entre los principios fundamentales de esta política se destacan el derecho a la ciudad, asegurando que todos los habitantes puedan disfrutar de ciudades justas y sostenibles; el derecho a la tierra y territorialidad, que otorga a los campesinos la posibilidad de poseer tierras para su vivienda y cultivos; el derecho a la permanencia, permitiendo que los moradores sigan viviendo en sus territorios; y el derecho a presentar un avalúo particular.
Fundamentada en principios constitucionales que promueven la dignidad humana, la participación ciudadana, y la protección de derechos fundamentales, la ley busca visibilizar las afectaciones que el desarrollo urbano y rural pueden causar en las comunidades. Además, se subraya la importancia de la participación activa de las comunidades en los procesos decisorios que afectan sus vidas y territorios, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.
La propuesta legislativa también aborda la necesidad de una política pública específica que contemple de manera integral la protección de los moradores en el contexto actual, llenando un vacío normativo que no ha sido cubierto por leyes anteriores como la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997. A través de este proyecto, se busca garantizar un desarrollo urbano y rural más equitativo y sostenible, que respete los derechos de las comunidades y promueva un uso justo y equilibrado de los espacios públicos y recursos.
La ley también fomenta la colaboración entre diferentes entidades, tanto a nivel nacional como territorial, y la participación de movimientos sociales y académicos en la formulación de políticas, asegurando que se aborden las realidades locales desde una perspectiva inclusiva y justa.
Se trata de un logro derivado de varios años de lucha y reclamaciones que organizaciones sociales urbano - rurales han venido haciendo sobre todo, en los centros urbanos ante la manera como vienen siendo expropiados con la excusa del llamado desarrollo y la primacía del bien común sobre el individual, acciones que se desarrollan vulnerando derechos, historias, colectivos, familias, comuniades enteras.
Un grupo de Congresistas ha escuchado y acompañado estas luchas motivando la proyección y radicacion de este proyecto de Ley, los congresistas son: Omar de Jesus Restrepo, Robert Daza, Joel Quiroga, Pablo Catatumbo, Carlos Alberto Carreño, Sandra Ramírez Lobo, Julián Gallo, Imelda Daza, Germán Gómez, Luis Alberto Albán, Pedro Baracutao, Julián Gallo, Jairo Reinado Cala.
*Escribe: Alfonso Insuasty Rodríguez. Docente investigador. Parte de REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
Documentos relacionados:
- (Libro) Víctimas del desarrollo en Medellín: Progreso y moradores en disputa https://acortar.link/a1xw2E
- (Libro) Desarrollo urbano: afectaciones y resistencias en Medellín https://acortar.link/KAVB3B
- Con Política Pública, pero sin Protección. Víctimas del desarrollo. Medellín.
- Audiencia Pública: Víctimas del desarrollo y protección a moradores, caso Medellín.
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