RT. Las divisiones en torno a Ucrania no son exclusivas de la Unión Europea, sino que también atraviesan la OTAN. El embajador ucraniano en Londres, Valeri Zaluzhni, reconoce que su país nunca formará parte de la Alianza, pero el tema de Ucrania no es la única discrepancia que existe dentro del grupo.
No es una guerra contra las drogas, es una guerra por el control geopolítico de Nuestra América. La militarización del Caribe, como teatro de operaciones, ve desarrollarse una nueva fase de la disputa imperial por los territorios, corredores estratégicos, bienes comunes y la soberanía de los pueblos frente al avance del mundo multipolar.
En un engaño masivo a los trabajadores, la multinacional sueca confinó y chantajeó al personal para forzar renuncias.
El fallo de segunda instancia sobre el caso Dilan Cruz constituye un precedente para el derecho a la protesta y el control del uso de la fuerza, reconoce la responsabilidad del Estado, cuestiona el uso letal de la fuerza contra la protesta y obliga al Estado a revisar doctrinas, protocolos y prácticas que pusieron en riesgo la vida de la ciudadanía.
El despliegue anunciado de operativos militares y policiales en zonas urbanas evidencia una preocupante tendencia a criminalizar la protesta social y proteger intereses corporativos por encima de los derechos humanos.
Ante el aumento de amenazas a defensores, campesinado y líderes políticos, REDIPAZ rechaza la intolerancia y convoca a la academia a ser un baluarte crítico de paz, memoria y justicia frente a la regresión autoritaria que acecha nuestra nación.
Bajo el discurso de la seguridad, el Plan Colombia dejó una arquitectura militar, jurídica e ideológica funcional al mercado y a la tutela externa. Hoy, el Plan Ecuador amenaza con reproducir esa herencia, menos soberanía, más control y una democracia subordinada.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
