En Colombia hay leyes para todo. Es un país con un soporte legal muy amplio, el cual tiene como punto de partida la constitución, que cumplió 20 años hace unos cuantos meses, la que de paso es considerada por los gobernantes, como el instrumento jurídico político de referencia, desde el cual abordar todos los problemas del país, sea cual fuere su naturaleza. Incluso ahora, cuando se ha dado inicio a las de conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, de nuevo aparece la carta magna como el faro que iluminaría el fin de conflicto.
Según muchos analistas, los elementos más progresistas de la constitución del 91, fueron cercenados y cuando no han logrado asestarle nuevos golpes, manipulan y entorpecen su aplicación.
La ley de sostenibilidad fiscal, promovida al inicio del actual mandato, tras la máscara de “asegurar una reserva para la próxima generación” desconoce el Estado Social de Derecho porque cualquier inversión social o cumplimiento de una reivindicación social lograda por la lucha de los colombianos, tiene que ser sometida al examen de "la disponibilidad de recursos", lo cual siempre es escaso cuando se trata de cumplir los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía; pero abundante cuando se busca equiparar y agrandar las Fuerzas Armadas o su presupuesto.
Basta consultar lo que ha pasado con las sentencias continuas de los órganos de control constitucional, como la Corte Constitucional, que ha proferido fallos para proteger los derechos de la población desplazada, la cual padece situaciones altamente inconstitucionales, pero siempre hay la manera de burlarlo por el mismo Estado. Una legislación favorable a los derechos de los ciudadanos no se echa a andar porque otra ley lo impide. Una legislación desconoce a otra.
Esta tarea de clarificar cual es el real marco jurídico político es urgente para poder avanzar en un proceso de solución política al conflicto interno.
"Hecha la ley se hace la trampa"
En un país donde se dice que hay leyes para todo, cuando estas se promulgan, vienen las trampas y en ello juegan la colgada de micos o una extensa legislación que la contradice y hace inoperante. O muchas leyes quedan sin reglamentar y en ese vacío se actua contra la misma ley. Por eso se ha convertido en algo común la frase de “hecha la ley hecha la trampa”
Examinemos la legislación sobre los páramos y la explotación de recursos naturales minerales y no minerales, tomando como referencia al Páramo de San turban:
Es clara la existencia de una legislación que prohíbe la explotación de recursos minerales en los páramos, por las consecuencias graves para la vida de estos ecosistemas frágiles, que a su vez son depositarios y reproductores de vida. En el Páramo de Santurban nacen las aguas que garantizan el suministro de agua potable a más de 4 millones de habitantes de los Santanderes; ella es vital para la vida, lo cual, por este solo hecho, está por encima de los negocios y cualquier otra consideración que tenga que ver con la acumulación de capital.
La movilización masiva clamando vida para el páramo, con el apoyo de todo un país solidario con esas demandas de vida, hizo retroceder la transnacional Grey Star en los propósitos de explotar a cielo abierto los ricos yacimientos y extraer 7.1 millones de onzas de oro de ese territorio.
Pero llegó la maniobra, el nombre de la compañía fue cambiado por el de “Eco-Oro” para quitarse de encima el desgaste sufrido, pues hablar de Grey Star era asociado con la destrucción ambiental.
Cómo era de esperarse, la compañía debía salir de la región y suspender las labores de exploración. Pero se presentó de nuevo la solicitud para explotar los yacimientos auríferos, mediante la modalidad subterránea y para extraer la cantidad de 2.1 millones de onzas de oro, planteando que esta modalidad impactaría menos el medio ambiente, lo cual como es natural produjo de nuevo la ira de los pobladores, que se tradujo en nuevas movilizaciones que han dado al traste con esas intenciones, pues se demostró que esta modalidad es igual de depredadora y nociva para la región y la vida de sus habitantes.
Pero la empresa no quiere darse por vencida y a cada fracaso en sus tentativas de explotar los yacimientos auríferos, va colocando nuevas trabas y demandas que desconoce el estatuido en la legislación, que es LA PROHIBICION DE LAS EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINERALES EN LOS PARAMOS. Ahora el punto de ataque es desconocer el estudio del Instituto Alexander Von Humboldt quien determino, en estudios realizado en 2007, los límites del páramo de Santurban.
Para la transnacional "Eco-oro" estos límites son inaceptables dada su amplitud, es decir, los límites establecidos tocan territorio donde ella hace labores de exploración desde hace más de diez años. Una pregunta sale a relucir; ¿si está prohibida la minería en los páramos, qué hace allí esa empresa?
La razón es que esa empresa, ha hecho una inversión que no quiere perder. El mismo presidente de la compañía afirmó: "para una compañía que ha invertido en Colombia más de 200 millones de dólares, la indecisión en definir los páramos deja a los inversionistas con cuestionamientos muy profundos". Para la transnacional los páramos no están definidos, planteamiento que respalda la directora de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García quien no vacila en cuestionar la definición del Instituto Von Humboldt.
Ninguna fórmula satisface los apetitos voraces de la transnacional. El movimiento social ambiental ha planteado que en concordancia con las prohibiciones que la legislación impone a la explotación de recursos minerales en los páramos, se debe declarar Parque natural Regional a todo el páramo de Santurban y de nuevo la compañía Eco-Oro plantea que lo de parque se debe declarar sobre la base de proteger sólo a 11 mil hectáreas y no a la totalidad del área del páramo. Es decir, no toquen nuestros intereses.
No es explicable a estas alturas, tanta vacilación y laxitud por parte de las autoridades ambientales, para resolver este conflicto, para lo cual solo basta asumir un principio rector fundamental: Una actividad económica no pueda estar por encima de la vida y ética del bien común.
Cuando un proyecto económico agrede de manera profunda el ciclo de reproducción de la vida en la naturaleza y coloca en riesgo la sobrevivencia humana, este no puede habilitarse. A la economía, hemos dicho reiteradas veces, hay que colocarle un precepto fundamental ineludible, la vida.
Antes de querer seguir en estas leguleyadas, que pretenden que salgan victoriosas las transnacionales, es urgente que el país comience un debate reflexivo sobre la conveniencia de explotar determinados recursos naturales que están en áreas críticas o de ecosistemas frágiles.
La sociedad de los departamentos de los Santanderes es consciente, que antes que una leguleyada para explotar los yacimientos de oro de Santurban, se requiere legitimidad social de la cual carece esta compañía y si esta legitimidad social es burlada y sale victorioso el capital transnacional, queda el camino de la renovada y multiplicada resistencia popular y el derecho a la insurgencia armada de un pueblo, que eleva su condición de salvaguarda del interés común y de la nación, ante la incapacidad y conducta vende patria de sus gobernantes.
