Pido ayuda para que me identifiquen una nación democrática, una sola, que acepte como magistrado de alta corte a alguien con los siguientes antecedentes de vida: 1) asesorar a un amigo de Mancuso, extraditado por narcotráfico y confeso asesino de al menos 300 personas; 2) ocultar sus ganancias de $500 millones y evadir el pago de los impuestos correspondientes; 3) relacionarse con una investigada que porta brazalete electrónico del Inpec e irse a celebrar con ella su elección; 4) haber sido denunciado por falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, delitos de los que se salvó de ser investigado por prescripción, no porque demostrara que era inocente; 5) haber sido imputado, es decir acusado, de falsedad material en documento público, agravada por el uso, y de estafa.
Rojas no ha dado argumentos creíbles para refutar lo que consta en el proceso en que quedó envuelto cuando una viuda y sus tres niños supieron que la plata que ganaron, producto de una indemnización del Estado ($116 millones del año 96), había sido cobrada por su apoderado, Rojas Ríos, quien nunca se la transfirió. En cambio, Noticias Uno reveló la historia con base en los centenares de folios —que pocos hemos leído— en que está la radiografía de lo acontecido. En el documento en que se le profirió resolución, se lee: “Debemos afirmar que... (Rojas) tenía interés en obtener el dinero que le había sido otorgado a la denunciante... siendo él, únicamente, quien desde el año 91 conocía la firma de la señora Marín, la que le firmó en blanco muchos papeles que el abogado le indicó... El despacho (contrario a lo que dice la defensa) sí encuentra maniobras engañosas...”.
El supuesto “poder especial” otorgado a Rojas por Isabel Marín y sus hijos fue autenticado en la Notaría 55 de Bogotá con estas observaciones judiciales: la firma de la señora Marín es falsa, de acuerdo a perito oficial; el poder está escrito a máquina, pero la fecha fue puesta a mano; la notaria que firma el documento no era la titular, y quien sí lo era no tenía permiso o licencia para ausentarse el día de la diligencia, dijo la Superintendencia de Notariado. Que no venga, pues, el señor magistrado a hablar de “complot político”. Pero como es un caradura, enredará la pita y, sin pagarle a la viuda un peso, se posesionará con la complicidad de unos medios, los consejeros, los 51 senadores y el presidente, que completará el acto inicuo. El expediente Rojas será, entonces, una muestra clásica de la putrefacción que corroe al país.
