Por: Heidi Tamayo Ortiz ENS
Ana de Dios Giraldo se contagió de tuberculosis cuando realizaba labores como auxiliar de enfermería en Metrosalud, que es la ESE del Municipio de Medellín. El tratamiento de la enfermedad le dejó graves secuelas en su salud y la empresa la despidió. Luego de interponer una acción de tutela fue reintegrada, pero con un contrato diferente y un salario más bajo. Esta es la historia que nos ocupa hoy en la serie “Casos del CAL”.
Ana de Dios Giraldo llegó a Medellín muy joven, de huida de la violencia que azotaba a San Rafael, su pueblo natal. Era una campesina perdida en una ciudad que desconocía. Empezó lavando ropa y terminó trabajando en graneros y empresas de confecciones, y así logró criar a sus dos hijos.
Pronto se dio cuenta de que estudiar era la única forma de mejorar sus condiciones, así que el hombre con quien se casó la apoyó para que terminara el bachillerato, en principio trabajando de día y estudiando de noche. Cuando se graduó quiso cumplir el sueño de ser enfermera y se matriculó en la Universidad Cooperativa de Colombia, contando otra vez con la ayuda de su esposo porque para estudiar tuvo que dejar de trabajar.
Obtuvo título como técnica profesional en enfermería, y su primer empleo fue en el Seguro Social, en el año 2000, haciendo remplazos por semanas. Tiempo después trabajó en la sede de Metrosalud en el barrio Buenos Aires, donde al cabo de 8 meses su contrato finalizó. Al poco tiempo la volvieron a llamar y la vincularon con un contrato de provisionalidad.
Su desempeño, dice, siempre fue bueno porque amaba su trabajo. Tenía la aprobación de sus jefes y el aprecio de colegas y pacientes. “Mis compañeros me decían que no trabajara tan duro, que no dedicara a mis labores más tiempo del debido porque la empresa nunca me agradecería mis sacrificios. Pero nunca le presté atención a esos consejos”, recuerda.
Poco a poco se fue convirtiendo en una de las mejores empleadas del centro de salud, y todo fue a pedir de boca hasta el 2004, año en que empezó su tragedia.
Le diagnostican tuberculosis
Ana de Dios empezó a bajar de peso y a sufrir fiebres altas. Le diagnosticaron tuberculosis, que sin duda adquirió en el centro de salud de Buenos Aires, donde atendió muchos pacientes infectados de esta enfermedad.
El tratamiento al que fue sometida se prolongó casi un mes, en incapacidad. Cuando se recuperó y hubo seguridad de que no contagiaría a nadie, regresó a su trabajo.
A partir de entonces continuó asistiendo a controles y tomando medicamentos, algunos tan fuertes que muy pronto tuvieron en ella consecuencias graves. El tratamiento le dejó secuelas irreversibles en el hígado, lo que obligó a que le practicaran 4 intervenciones quirúrgicas, ninguna con resultados favorables.
En el 2005 pasó algo que complicaría más las cosas: la Comisión Nacional del Servicio Civil hizo pública la convocatoria de pruebas de competencia para los empleados del sistema de salud, requisito para la vinculación a carrera administrativa. “Todos los médicos, enfermeras, odontólogos y auxiliares salimos seguros de que íbamos a perder el examen, porque las preguntas parecían para abogados. Fue una sorpresa haberlo ganado”, cuenta.
También les notificaron que quienes ganaron dicho examen y cumplían ciertos requisitos, debían ser vinculadas directamente por Metrosalud, lo que significaba mayor estabilidad laboral. Y para su alegría ella cumplía tales requisitos.
Pasó algún tiempo y, sorpresivamente, las llamaron a un nuevo examen. “Yo estaba fuera de la ciudad y tuve que viajar de noche. Llegué a Medellín a las 5:00 de la mañana para presentar responder el examen”, recuerda.
Su salud entre tanto se siguió deteriorando. A la pérdida acelerada de peso siguió un cambio de color en su piel: más amarilla que nunca. Le diagnosticaron cirrosis, ocasionada por los medicamentos contra la tuberculosis. Le extrajeron el lóbulo izquierdo del hígado, lo que deterioró su salud mucho más, lo que le acarreó varias incapacidades.
Y entre tanto Metrosalud seguía sin hacer los nombramientos. “Los años pasaban y nosotros vivíamos con mucha incertidumbre, porque no nos echaban, pero tampoco nos vinculaban como empleados de carrera”, explica Ana de Dios. De tal suerte que en 2008, cuando se produjo un cambio de legislación en la contratación estatal, muchos empleados quedaron en riesgo de ser despedidos, entre ellos ella.
Aunque sin recuperarse del todos su salud se estabilizó, y desde el año 2008 no volvió a tener incapacidad. “A mí no me gusta faltar al trabajo y por eso siempre tengo los medicamentos en mi bolso”, dice.
El sinsabor del despido
Finalmente a ninguno de los que aprobó el examen Metrosalud lo vinculó a carrera administrativa. Pese a ello, en los años siguientes todos continuaron cumpliendo sus labores como de costumbre, en provisionalidad.
Hasta el 8 de enero de este año 2013, cuando Ana de Dios fue citada a las oficinas de Metrosalud, donde le dijeron que era su último día de trabajo porque la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitaba su puesto con el fin de vincular personal nuevo.
En ese momento de desazón y desconcierto no comprendía por qué, si tantos compañeros habían reprobado los exámenes, la despedían justamente a ella, una trabajadora con alta evaluación de desempeño. Y como argumento para evitar su despido mencionó su enfermedad, adquirida en desarrollo de sus funciones como enfermera, por lo que sería difícil encontrar trabajo en otra entidad. La respuesta que en ese momento le soltó el médico de salud ocupacional la dejó fría: “Esa tuberculosis la pudo haber adquirido en un bus”, le dijo.
No podía creer que después de 14 años de trabajo esmerado, en los que dio lo mejor de ella, la echaran de esa manera.
A partir de entonces empezó a sentir sueño permanente, una depresión que a sus 46 años de edad jamás había tenido. Tanto así que tuvo que cancelar su semestre en la universidad Remington, donde adelantaba estudios para obtener título de enfermera profesional. Además ya no contaba con afiliación a una EPS, de modo que no tenía acceso a controles médicos porque tampoco tenía cómo pagar un servicio particular.
Reenganche, pero desmejorada
En esas uno de sus compañeros de trabajo, que algo sabía de derecho, al enterarse de su despido le recomendó fuera a las oficinas del Centro de Antención Laboral, CAL, y expusiera su caso.
Ella lo hizo y en el CAL le ayudaron a construir una acción de tutela, que buscaba “la protección inmediata de los Derechos Fundamentales Constitucionales al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada por discapacidad e igualdad”.
La tutela la presentó el 5 de febrero y, para su sorpresa, en abril recibió una llamada de Metrosalud para notificarle su reintegro a la empresa.
Pero no fue un reintegro en las mismas condiciones que tenía antes del despido. El sueldo se lo redujeron en casi 400 mil pesos, y el contrato cambió a Provisional temporal.
“Con ese reintegro no me han respetado mi antigüedad ni mi sueldo. No puedo hacer préstamos para pagarles la universidad a mis hijos. Y como mi esposo ya está desempleado, soy yo la que lleva los gastos de la casa”, dice Anda de Dios.
Adicionalmente, se siente en la cuerda floja, pues sabe que en cualquier momento Metrosalud puede dar por terminado su contrato.
Pese a todo, sigue trabajando con el mismo amor de siempre. Fue trasladada a la Unidad Intermedia de Belén, donde en los pocos meses que lleva los pacientes, colegas y jefes se han sentido bien con su presencia. Todos le preguntan el porqué de su despido, pero ella sigue sin saber qué responder.
Hoy está pendiente de otra cirugía y debe asistir a controles cada seis meses, pero aun siente el deseo y las fuerzas para seguir trabajando. Lo único que espera es que Metrosalud le respete su antigüedad y le brinde estabilidad laboral, porque sabe que por su mala condición de salud no conseguirá empleo en otra parte.
La opinión del CAL
En el presente caso la trabajadora ha sido víctima de la violación de sus derechos fundamentales, como consecuencia de que su empleador omitió de una manera abusiva su estabilidad laboral reforzada. En efecto, la condición médica de la trabajadora exigía que su despido tuviera autorización previa del inspector del trabajo, sopena de no producir efectos jurídicos.
Si bien es cierto que se logró el reintegro en virtud de un fallo de tutela, se evidencia claramente la actitud vulneradora del empleador en este caso.
Que un despido no genere efectos implica que la relación laboral debe volver al estado anterior a su terminación, sin solución de continuidad y en las mismas condiciones. Es decir, como si nunca se hubiese producido el despido. De no ser así mal podría llamarse reintegro, y se trataría, contrario a toda lógica y a la Constitución Política, de una orden de “recontratación”, que implicaría otorgarle valor a una terminación del contrato que no debe producir efectos.
El empleador en este caso no solo está desconociendo de manera abusiva un fallo de tutela (lo que le podría acarrear sanciones por desacato, o sanciones de tipo penal de conformidad con los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991), sino que mantiene el estado de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la trabajadora, pues a pesar de que la “reintegró” al cargo, le desmejoró sus condiciones, obviando una vez más la especial protección que la Constitución le prodiga a ella por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, a raíz de su estado de salud.
