Por: Luis Carlos Guerrero Ortega
De nuevo el gobierno ha colocado el tema de la consulta previa en la opinión pública. Esta vez, igual que hace un año, el vicepresidente anunció que "existen problemas transversales que deberán ser solucionados, como es el caso de la expedición de las licencias ambientales”.
También se refirió a que "no se puede seguir abusando de la consulta previa que atrasan indebidamente la ejecución de obras" y manifestó que estas "están frenando y paralizando la ejecución de obras como la doble calzada Buga-Buenaventura”(1).

Al ser preguntado, el vicepresidente con atribuciones de un superministro, que si era el único freno que existía dijo que se están presentando numerosos problemas medio ambientales..... por eso "vamos a proponerle al ministro de Ambiente adoptar disposiciones que, preservando el medio ambiente, acaben con discrecionalidades, reduzcan tiempos y eliminen trasmites innecesarios". Termino diciendo en la entrevista que " francamente, creo que en algunos casos estamos exagerando y en otros la corrupción también está haciendo de las suyas".(2).
He citado largamente estas palabras del señor viceministro para poder apreciar mejor varias cosas relativas a la democracia y el medio ambiente, los cuales ahora resultan culpables del poco despliegue del plan de desarrollo. Estos planteamientos no resultan extraños.
Los gobernantes se ufanan de decir que somos la democracia más antigua del continente, sin embargo cuando se trata de consultar a las comunidades negras e indígenas, lo que en verdad y justicia debe ser otorgada a toda la sociedad, se sale a relucir que el ejercicio de participación, aunque sea a través de una consulta, resulta ser un obstáculo para el país.
Consideramos demasiado graves estas acusaciones del Vicepresidente de la República por que han sido estos señalamientos los que han costado ríos de sangre, mares de desplazamientos y criminalizaciones que terminan en asesinatos de líderes y una cadena de exterminios de pueblos originarios, organizaciones campesinas, obreras, afro e indígenas. El neoliberalismo lo que considera disfuncional a sus políticas los va barriendo y no precisamente con debates y argumentaciones, sino a punta de bala. Los señalamientos de ser freno a las políticas del gobierno son el inicio de una larga cadena de justificaciones que ha permitido criminalizar la resistencia.
Nos encontramos aquí de frente con una democracia que silencia a los que tienen una visión distinta del desarrollo.
Un ejemplo que todavía nos retumba en el alma se refiere a las comunidades indígenas de Córdoba que se opusieron a la construcción de la represa Urrá, por cuanto conlleva a la desaparición de dichas comunidades a las orillas del río San Jorge tal como sucedió con el corregimiento de Frasquillo que desapareció bajo las aguas de la represa. Esta oposición costó la vida de decenas de líderes los cuales fueron asesinados, cientos de movilizaciones, miles de protestas que de nada valieron ante el imperativo del capital.
Al fin y al cabo las comunidades son obligadas a abrirle paso al "desarrollo" así desaparezcan de sus territorios y sean condenados a la extinción, como sucede actualmente, pues de los 102 pueblos indígenas reconocidos 32 de ellos no alcanzan a tener más de 500 miembros, van camino a dejar de Ser.
La consulta no es todo, es apenas un camino
La consulta es uno de los mecanismos que evita que los territorios ancestrales de nuestros pueblos indígenas y negros sean destruidos y se pierda la vida en comunidad que han constituido durante siglos y que marcan la razón de ser, donde proyectan su ser colectivo que permite la sobrevivencia como pueblo. Este mínimo reconocimiento social y político nace de un reconocimiento mundial de dos cosmovisiones que conciben de manera distinta a los bienes comunes. Y cuando esto sucede hay que buscar que las políticas públicas no lesionen la manera de vivir y relacionarse con el mundo de parte de los pueblos anteriormente descritos. Y es deber de los gobiernos consultarlos antes de acometer cualquier proyecto para tratar de hacer un consenso social que permita desarrollar los proyectos sin colocar en riesgo la vida y que los proyectos económicos causen el mínimo de impacto negativo en las vidas de las comunidades y no se rompa el tejido de interrelaciones con la naturaleza.
La consulta y la acusación a que ésta sea un obstáculo tiene de trasfondo una contradicción en torno a cómo se perciben los bienes comunes de la sociedad y su apropiación.
Esta contradicción que hoy se expresa sobre la naturaleza de los bienes comunes, la sostenibilidad de la vida como primer fundamento de la economía no sólo enfrenta a gobierno con los pueblos indígenas y negros sino que se ha vuelto un escenario más amplio que involucra a campesinos, a mineros, artesanales, a pobladores urbanos. Este es el punto nodal y no se debe estigmatizar para hacer culpable a los que quieren preservar el mundo y no desbastarlo por ambiciones. El debate sobre la consulta se tiene que precisar con claridad. Para los empresarios nacionales y extranjeros, para los representantes del capital se trata de extraer lo más rápido posible del territorio los "recursos" mineros; para un grueso de la sociedad se trata de colocarlos en función de la vida sin matar la vida.
Por eso la consulta libre, previa e informada incorporada al ordenamiento político es apenas un pequeño camino de la democracia, no es la democracia que es más amplia. La democracia tiene que ver cómo la sociedad se organiza para gestionar los bienes comunes de tal manera que todos tengamos la capacidad de decidir, de proceder, de consensuar una manera de redistribuir y de aprovechar los bienes comunes para ser colocados al servicio del engrandecimiento de la vida de la sociedad en su conjunto.
Por ello, la consulta no debe ser sólo a los pueblos indígenas y negros sino al conjunto de la sociedad en sus diversidad cultural y nacional. Por algo somos una nación plurietnica y multicultural. Tienen los mismos derechos las comunidades campesinas, los pobladores urbanos, los trabajadores y no sólo los gremios de empresarios agrupados en sus distintas variantes que son apenas una parte de la sociedad que ha detentado, hasta ahora, la voluntad y capacidad de decidir. La democracia es permitir la irrupción y presencia de la otra parte de la sociedad, hasta ahora, negada.
Invisibilizar , restringir y corromper
La oligarquía ha asumido distintas políticas para negar la democracia a una mayoría de la sociedad. Son muchas pero vamos a referirnos con cosas concretas a tres. La mejor manera de no permitir la participación en los destinos de la nación es invisibilizar o no reconocer la existencia de sujetos. Sólo hasta el año 1991 son reconocidos los indígenas y los negros en la condición de sujetos de derechos con una propia cosmovisión. Y esta conquista fue una larga lucha que fue posible ganarla por una correlación de fuerzas favorables que rompió el monopolio del binomio liberal-conservador y se expresó otra opción política democratizadora de izquierda en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue esta fuerza de sociedad la que permitió abrir ese boquete, todavía muy tenue, pues quedaron los campesinos y un montón de comunidades culturales, por fuera de ese reconocimiento.
La ciudadanía se amplió en el 1991 pero no tanto como para expresar todas las fuerzas sociales o a toda la ciudadanía de la nación. Todavía Colombia es una ciudadanía restringida y limitada.
Esto de lo restringido y limitado es otra de las características de contener la presencia de sujetos invisibilizando y despreciados por siglos, por eso generan todos los dispositivos para que su presencia sea limitada.
El caso del tratamiento a los derechos de los negros es un ejemplo vivo. A estos se les reconoce la territorialidad colectiva y su propia forma de organizarse para ejercer el ser, su proyecto de vida, sólo en su calidad de poblador de la ruralidad.
La extensión de este reconocimiento a las comunidades negras urbanas es nula pues en las ciudades no pueden agruparse en consejos comunitarios y no pueden acceder a la territorialidad de manera colectiva. Y esto tiene una grave connotación puesto que a pesar de ser los negros un componente mayoritario en la ciudad de Cali, a manera de ejemplo, a este no se le consulta para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial ni se considera su territorio como propiedad colectiva. Los negros no existen en Cali ni en otras ciudades como Cartagena, Quibdó, Buenaventura, Barranquilla, Popayán y otras donde hay asentamientos de poblaciones negras construidas históricamente. Al contrario los Planes de Ordenamientos Territoriales los vienen despojando y expulsando a nuevas periferias. Estos ordenamientos han sido aprobados sin su participación violándose el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Se le reconoce formalmente los derechos a los pueblos indígenas pero se les restringe territorialmente, se les niega en los hechos sus posibilidades reales de influenciar y decidir. Los planes de desarrollo tienen que tener un contenido pluricultural y diverso en lo étnico. Pero el Estado se niega a que en los planes de desarrollo se hagan capítulos especiales de etnodesarrollo a pesar de ser un mandato constitucional y mucho menos que se concerten con las regiones, como se establece la planeación para el desarrollo en la constitución nacional, a no ser que región sea identificada como los representantes en el congreso y esté restringido a los gremios de empresarios.
Los gobernantes pensaron que adicionar cierto reconocimiento de derechos a los pueblos negros e indígenas podría ser un formalismo más que podría burlarse o cuando más ser un asunto gestionado rápidamente mediante unas farsas, como pasa en la democracia colombiana donde el sentido de las consultas, el referéndum y otros mecanismos quedan a voluntad del Congreso de la República. También pensaron que acudiendo al expediente de la corrupción a líderes y dirigentes con la finalidad de que, a cambio de unos pocos millones, lograrían aprobar amañadamente los proyectos y todas las consultas.
Los pueblos van madurando y se van sacudiendo de la corrupción. Lo más curioso es que el Estado después de corromper mediante la repartición de mermeladas lanza acusaciones buscando desprestigiar la consulta previa, libre e informada buscando con ello fomentar una actitud de repudio a la consulta. No son las organizaciones comunitarias las que tienen los recursos económicos para comprar avales y aprobaciones de proyectos, es la elite dominante la que lo puede hacer, la democracia de la chequera que comienza a fallarle al régimen. La silla vacía en una investigación relata cómo el Estado ejerce la compra a consultores y a procesos organizativos, lo que sería bueno colocar en el debate.(3 no es la democracia, lo malo no es la consulta a la ciudadanía, ni a los pueblos negros e indios, ni son las licencias ambientales que deben ser rigurosas y precedidas de estudios serios de impactos sociales. Al contrario falta mucha democracia que vaya más allá de simples elecciones y que involucren a la sociedad en la gestión de los bienes comunes para colocarlos al servicio de todos, para una democracia de la vida y el bien-estar, del sentido protagónico de todos los sujetos de la nación plurietnica y pluricultural. Que la democracia sea la esencia de la vida de la sociedad donde todos tenemos información de los proyectos y planes, que participamos en la constitución de los mismos de acuerdo a una diversidad de visiones que asumen un consenso de nación en equidad y paz.
Notas:
1. Entrevista a Vargas Lleras, diario el tiempo, agosto 18 del 2014.
2. Ibid.
3. La silla vacia. Rosa Solís, el dolor de cabeza de los grandes proyectos del Gobierno. Marzo 3 del 2012.














