CUANDO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ en El otoño del patriarca retrata al caudillo latinoamericano y lo inmortaliza, también describe a una población servil condenada al autoritarismo y al autoengaño.
Otros autores ya habían señalado antes del premio Nóbel que las personas prefieren por lo general acomodarse a las circunstancias en lugar de atreverse a pensar y actuar por sí mismas, tarea harto difícil. Los caudillos prevalecerán mientras los ciudadanos no asuman su propio destino.
Tres noticias de esta semana llevan al pesimismo sobre los avances en la persecución de ese noble ideal autonómico. La primera refiere a la propuesta de convocar a una asamblea constituyente para permitir que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez pueda retornar al poder en 2018. Esto no obstante la ecuación que resume su segundo gobierno: seguridad + demagogia = corrupción. Convocar al poder constituyente para llamar de vuelta al expresidente, tramposamente reelecto, refleja la orfandad de ideas que habita al partido que incluso lleva su inicial como su logo distintivo. Ante la incapacidad de acción propia, los seguidores del líder sólo aciertan a invocar el regreso al poder de su guía espiritual y salvador.
La segunda noticia involucra al Ministerio de Minas, que viene a sumarse a los escándalos de corrupción en el Banco Agrario, en el programa AIS y en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Quedan así tres de los cinco pilares de la prosperidad democrática por ahora en el aire. Las instituciones públicas que constituyen los rieles de las locomotoras agraria, minera y de infraestructura están desmanteladas. No obstante, las odas al actual mandatario, ahora graduado de estadista por su propio hermano, no cesan. Lejos está el fundador del partido de la U de los orígenes liberales, de Murillo Toro, de López Pumarejo o de su abuelo Eduardo Santos. La Ley de Víctimas, que presuntamente representa una ruptura trascendental en la historia del país, apunta a convertirse en una nueva defraudación para millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Que estos deban someterse a engorrosos trámites administrativos y a un proceso judicial para recuperar sus tierras y que puedan venderlas a los dos años de su restitución o incluso antes para pagar deudas bancarias, son medidas que favorecen fines económicos, no la reparación “restaurativa” de las víctimas. El diseño de la ley en materia de tierras revela la auténtica intención del gobierno: activar el mercado inmobiliario rural y prepararlo para la explotación extensiva, según los mandados de los organismos internacionales de crédito. Poco importan las comunidades culturales afectadas por la violencia y la recuperación del tejido social dañado y las formas de producción tradicional destruidas.
Un tercer hecho reportado es la paupérrima participación en las consultas internas de los partidos políticos para elegir candidatos locales y regionales. No es de sorprenderse. Asistimos a las ruinas de partidos políticos desvertebrados por la desconexión con el pueblo, la corrupción interna, la persecución estatal o las maniobras del poder ejecutivo para beneficiar al regente de turno. El país necesita una verdadera reforma política, esa que el ministro Vargas Lleras se ha negado a promover. Por el contrario, las reformas al régimen de financiación de campañas políticas, diestramente maniobradas por el líder de Cambio Radical, tienden a fortalecer la manguala del régimen de turno con los sectores sociales con poder en desmedro de la institucionalidad democrática.
