Censo para identificar población LGBTI en cárceles,  limitaría la libertad de sus derechos 

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Como una medida contradictoria y de riesgo percibe la Personería de Medellín, la determinación del Gobierno Nacional de adelantar un censo en las cárceles del país para identificar comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI), tal como lo anunció de manera reciente el Ministerio del Interior y de Justicia.

Para el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, la labor de identificación, que se adelantaría a través de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) afectaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad, que permiten que los internos asuman su orientación sexual, sin tener que revelarla ni hacerla  pública.

La medida se aplicaría en los 144 centros de reclusión del país, que están a cargo del INPEC. 
De acuerdo con la Personería de Medellín, las autoridades no tendrían que hacer un censo para garantizar la atención de la población LGBTI, debido a que “la diversidad sexual y de género está en todos lados y por eso hay que garantizar el trato digno y la atención diferenciada e incluyente, independiente de cuantos homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgeneristas haya en los centros de reclusión”, manifiesta Herrán Vargas al tiempo que señala que “es contradictorio que la Fiscalía asegure que no investiga los presuntos homicidios por la orientación sexual de las personas, porque esto hace parte de la intimidad de las mismas y también de los motivos que pueden haber dado lugar al crimen”.

Es histórico que en los lugares de encierro los seres humanos vivan experiencias eróticas que no tienen que corresponder necesariamente con la identidad sexual.  Por esto, la Personería de Medellín considera que pedir a los internos que revelen su orientación sexual lleva al riesgo de pensar que la identidad es fija y no cambia. Y advierte que cuando se desconoce que los seres humanos, independientemente de sus identidades, tienen prácticas que no necesariamente responden a las mismas, se corre el riesgo de ejercer controles de esas identidades de manera errónea. 

Finalmente, para Herrán Vargas censar la orientación sexual de los internos e identificar a la población LGBTI es “obligarlos a ponerse una etiqueta que controla sus prácticas y limita su libertad de derechos, pues muchos de ellos, por razón de la hostilidad de sus entornos, prefieren mantener en reserva su orientación sexual”.

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