Con el Agua NO se Juega

Mas que celebraciones, son preocupaciones las que quedan cada año, pues los poderosos del mundo siguen privatizando el líquido vital, convirtiéndolo en mercancía y base de su fallido modelo productivo, sin importar las consecuencias para el conjunto de la humanidad.

Se restringe el agua para la humanidad

Según estadísticas de la ONU, 1.800 millones de personas consumen agua contaminada en el mundo, lo que significa la adquisición  de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. La falta de tratamiento de estas enfermedades a su vez lleva a la muerte de 842.000 seres humanos al año y mas grave aún, 4.500 niños y niñas. Este fenómeno se presenta principalmente en los países del “tercer mundo”; 319 millones de subsaharianos (32%), 554 millones de asiáticos (12,5%) y 50 millones de latinoamericanos (8%) no tienen agua potable.

Lo que evaden los informes de la ONU, es que la responsabilidad de la contaminación recae principalmente en el modelo capitalista. La privatización por parte de las transnacionales ha dejado sin agua a gran parte de la población quien no tiene recursos ni redes de tratamiento en sus territorios y al ser población “desechable” para sus gobiernos, son dejados a la intemperie del agua contaminada.

Además, algunas de las fuentes de agua de nuestros territorios, no solo han sido privatizadas, también han servido para los procesos de extracción del sector minero-energético, generando procesos de desplazamiento y desmejora de la calidad de vida.

Los empresarios del mundo son conscientes del daño que le hacen a gran parte de la humanidad, de su responsabilidad en las muertes por desnutrición, contaminación y falta de acceso al agua, y aun así, mientras celebran el día del agua continúan atentando contra la vida.

Mas extracción, menos agua

Colombia vive la privatización y restricción del agua que vive el conjunto de la humanidad. Siendo un país con enormes fuentes hídricas -tres veces la oferta hídrica de Sudamérica y seis veces del promedio mundial- gran parte de la población colombiana no cuenta con acceso a agua potable.

Esto sucede porque el modelo de desarrollo al que nos ha sometido la oligarquía privilegia – en obediencia al sistema capitalista- la acumulación sobre la vida humana, la extracción de recursos minero- energéticos y monocultivos sobre la garantía del agua, y la vida de su clase sobre la vida de las regiones mas apartadas del país.

El poco compromiso con la vida de los colombianos se evidencia en las disputas entre la conservación de la naturaleza y la explotación de recursos. El gobierno colombiano entrega títulos de explotación con licencias ambientales amañadas generando graves problemas para la supervivencia, la soberanía alimentaria y la producción sostenible del país. En La Guajira, la mina de Carbón El Cerrejón, gasta más de 17 millones de litros de agua al día mientras la población indígena - mas de 18.200 personas -se muere literalmente de hambre y sed

Lo mismo sucede en el Casanare desde el 2013. La sequía de este territorio según la clase dirigente, fue producto del cambio climático, cuando la realidad es que la intensificación de la explotación petrolera en la región, utilizando el fracking aun sin haber una legislación al respecto,  dejó destruidas mas 1.332 hectáreas de bosque nativo. Ante esto las siete multinacionales del Casanare aportaron 205 millones de pesos para mitigar la sequía, evidenciando el cinismo  con el que actúa el capital transnacional.

La clase dirigente parece minimizar el hecho de que la extracción de un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua, que para extraer un galón de petróleo se necesitan 10 galones de agua y que para refinar uno se necesitan 7000 mil litros. La legislación colombiana es incapaz dea prevenir los impactos de estas actividades y por el contrario las auspicia generando gabelas tributarias.

Tanto así, que ha sido la propia Corte Constitucional quien ha tenido que impedir la avaricia de la oligarquía restringiendo la explotación en zonas de amplia biodiversidad. Es el caso del páramo de Santurbán, donde la movilización en contra de la explotación transnacional  de oro inclinó la balanza a favor del agua, y mas recientemente el de San Andrés; donde el Concejo de Estado cerró el proyecto de explotación petrolera en la reserva de biósfera Seaflower.

El agua en la tierra del olvido

Mientras el agua escasea y se contamina en las zonas de explotación, el pueblo trabajador de las veredas, pueblos y ciudades olvidadas del país, vive la mala prestación y el sobrecosto de los servicios de acueducto y alcantarillado. Para la clase dirigente y sus socios extranjeros, solo lo que enriquece importa, por eso han privatizado el agua cobrando por su uso en los centros poblados.

En Santa Marta el agua para los pobres llega sucia y en el mejor de los casos en pimpinas, mientras en Buenaventura el servicio no se presta las 24 horas del día, situación que viene sucediendo desde el 2014. Que decir de Municipios de la Guajira y en general la costa colombiana, que por su ubicación no tienen posibilidad de recurrir a fuentes hídricas naturales, resignándose a los carrotanques que mensualmente envía el gobierno colombiano.

Estas situaciones evidencian la crisis del agua que se vive en el país, donde un bien que es por derecho de toda la humanidad es apropiado para el beneficio de unos pocos. Es necesario que el pueblo colombiano avance en la exigencia del mínimo vital de agua y le ponga freno a la locomotora minero-energética, para que de una vez el uso de este bien colectivo sea racional y en beneficio de las mayorías.