Propuesta para garantizar los derechos de los trabajadores de la economía informal y desempleada. Ante la coyuntura del COVID 19

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Grupo de Socioeconomía GSEID - UNAL

Las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular (trabajadores informales) quienes abastecen a la ciudad y el campo de los bienes necesarios para su subsistencia, requieren medidas urgentes frente al confinamiento decretado, bajo diversas modalidades. Sus ingresos son diarios, y un confinamiento implica no poder trabajar, y por tanto carecer de ingresos de subsistencia.

 

 

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Propuesta del Grupo de Socioeconomía, de la Universidad Nacional de Colombia, para garantizar los derechos de los trabajadores de la economía popular y la población desempleada, en el marco de la coyuntura del COVID 19

Las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular (trabajadores informales) quienes abastecen a la ciudad y el campo de los bienes necesarios para su subsistencia, requieren medidas urgentes frente al confinamiento decretado, bajo diversas modalidades. Sus ingresos son diarios, y un confinamiento implica no poder trabajar, y por tanto carecer de ingresos de subsistencia.

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El trabajo de la economía popular (o informal) es el que satisface las necesidades vitales de: alimentación, vestido, transporte, cuidado de personas, reciclaje, reparaciones, cuidados cosméticos, entre otros. Le da a la sociedad bienes y servicios, pero no recibe del Estado protección ni derechos sociales.

La economía popular es compuesta por miles de ciudadanos que se ganan la vida en las calles o en famiempresas al interior de los hogares. Actividades como la venta ambulante, peluquerías, tiendas de barrio, recicladores, costureras, sastres, cuidadoras, emboladores, trabajadoras domésticas, trabajadores de plataformas digitales de domicilios y de transporte de pasajeros, e incluso trabajadoras sexuales, entre otros. Ellos en una eventual situación de cuarentena no podrán acceder al sustento diario y van a pasar hambre y necesidades.

Las propuestas que hace el grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia al Gobierno de Ivan Duque son:

1. Garantías del mínimo vital bajo las siguientes condiciones:

Ampliar el beneficio económico de las diferentes transferencias condicionadas, tales como, familias en acción, jóvenes en acción uy Colombia mayor, empleando como principal instrumento a la primera de ésta. El monto asignado debería ser de mínimo de 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el tiempo que dure la crisis de salud pública, garantizando la permanencia de ancianos, mujeres y niños en casa, iniciando a partir del mes de abril.

Estas transferencias deben hacerse a todos los hogares y personas que lo requieran independientemente de su calificación en el SISBEN

Abrir el registro virtual/telefónico Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia y desempleada, que derivan su sustento de actividades de la economía popular o no tienen empleo, para realizar una transferencia monetaria equivalente a 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales, y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el proceso de crisis de salud pública. El procedimiento de autoregistro debería contemplar por parte del gobierno un mecanismo de filtro en base de datos y garantías de identidad, así como de aspectos sancionatorios bajo declaración juramentada en caso de recibir el beneficio sin necesitar de él.

Garantizar tato para los inscritos en la base de datos de Familias en Acción como para aquellos registrados en el Registro virtual/telefónico Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia y desempleada, el pago de los servicios públicos domiciliarios incluyendo la conectividad y el pago del arriendo, en los casos que corresponda, siendo este beneficio cubierto por el Estado.

Declarar suspendidos los pagos de créditos contraídos con entidades financieras, durante y hasta por tres meses después de regularizada la situación de crisis de salud pública, con tasa de interés cero para el período en cuestión.

2. Garantizar agua potable y saneamiento básico.

Para la población recicladores de oficio formalizada, el pago de la tarifa debe garantizarse al día, para lo cual los operadores de aseo deberían autorizar todos los pagos pendientes.

La población recicladora de oficio que se mantenga en la operación de aseo, deberá recibir capacitación y tratamiento especial en la medida que su actividad está integrada al saneamiento básico, contando con elementos de protección personal y claros protocolos fitosanitarios para la recolección, transporte y almacenamiento de residuos.

De igual manera debe realizares intervenciones consensuadas de desinfección en las bodegas de reciclaje para su descontaminación y adecuado funcionamiento bajo estrictos protocolos sanitarios.

3. Fortalecer redes de abastecimiento.

La producción campesina, las centrales de abastos, los mercados locales y las tiendas de barrio hacen parte de una cadena fundamental en el abastecimiento de alimentos en el territorio, por tanto, se deben fortalecer las mismas, como una garantía tanto para mantener el suministro permanente de alimentos, como para hacer sostenible las posibles medidas de confinamiento por lo que se recomienda:

Líneas de crédito condonables, con tasas de interés cero dirigidos directamente a las personas naturales o jurídicas que demuestren ser parte de algunos de éstos eslabones.

Se debe garantizar el abastecimiento sin especulación, la política de control de precios tanto en los almacenes de grandes superficies incluyendo las ventas virtuales, como en los centros de abastos, lo que es fundamental para que las tiendas de barrio sigan manteniendo un rol importante de abastecimiento.

Se deben proveer todas las medidas y protocolos que garanticen la salud de las personas que participan en cada eslabón de ésta cadena.

4. Suspensión de pagos de salud y cotización a pensión a trabajadores independientes.

Muchos de los trabajadores de la economía popular pagan su salud y cotizan a pensión como independientes, por lo que recomendamos un período de suspensión de los cobros de estos aportes, sin que ello acaree la desvinculación para aquellas personas que realicen pagos sobre la base de máximo 3 salarios mínimos.

Nos enfrentamos a una crisis de salud pública sin antecedentes histórico similar, sumado al a recesión económica fuerte que hayamos enfrentado alguna vez, para ellos se deben realizar esfuerzos sin precedentes. Garantizarlos ingresos mínimos vitales para una vida digna son una medida económica y social fundamental. El gasto público de hoy activa la economía en el presente, y garantica los ingresos tributarios del futuro.

Las propuestas parten del criterio técnico y ético, así como de las medidas tomadas en el mundo, siendo conscientes que el país puede atender con medidas inmediatas a las población más frágil garantizando su bienestar, mientras dure la crisis.

Marzo 20 de 2020

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