Por una política agraria en la que podamos decidir qué, cómo y para qué producir. Colombia.

UNA POLÍTICA AGRARIA

EN LA QUE PODAMOS DECIDIR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ PRODUCIR

Entendemos, y así lo asumimos, que nos hemos citado a discutir cómo y en qué dirección deberemos transformar colectivamente nuestras condiciones de vida, lo que necesariamente impacta el funcionamiento del sector agropecuario del país. No sobra recordar que todos los aquí presentes somos víctimas de la fracasada política que pretendió desarrollar el sector agrario desde una perspectiva capitalista y por la vía del latifundio y el monocultivo, impuesta con mayor fuerza desde la mal llamada reforma agraria de 1936.

Al campesinado, como a las demás clases populares, nada nos ha sido dado sin tener que librar duras batallas, así lo han demostrado los paros nacionales agrarios de los años 2013, 2014, 2016, y las masivas protestas del 2019 y 2021, de las que también formamos parte, con el objetivo de lograr una salida popular a la crisis social que ha provocado el capitalismo y las élites en nuestro país. Son estas, en parte, las condiciones que nos tienen aquí discutiendo sobre lo que puede ser una Reforma Agraria Integral y Popular, y más en general, sobre el enfoque que debe tener una política de transformación del sector agropecuario del país, punto central de esta ponencia.

A qué nos enfrentamos y qué debemos cambiar

La producción agropecuaria descansa en una estructura productiva y social altamente polarizada que reproduce los patrones de bajos rendimientos. Se trata de un orden que genera la irracionalidad de trabajadores y trabajadoras sin tierra y tierra sin trabajadores y trabajadoras, y en la que los métodos individualistas y precarios para producir parecen lo normal en más de la mitad del sector. Con ello, se impone el desempleo de la fuerza de trabajo y la tierra, la violencia como medio de usurpación y acumulación de la propiedad, procesos anárquicos de apertura de la frontera agropecuaria, megaproyectos extractivistas que junto a la imposición de una matriz tecnológica centrada en agrotóxicos generan un desastre ambiental; todas estas son condiciones generadoras de pobreza para la mayoría de la familias campesinas y trabajadores del campo, y de hambre para buena parte de los sectores populares de las urbes. En forma resumida esto se puede ver en unos cuantos indicadores en el país:

Hoy existe un bajo índice de disposición de capital por trabajador: cinco veces menor al de Brasil y 38 veces inferior a la de Francia^[1], así como bajísimos ingresos monetarios: el ingreso promedio por hectárea de tierra para café o agricultura sólo llega a 0,3 salarios mínimos, y la mayoría de la población ni siquiera accede a un salario mínimo mensual.

Se suman tanto el proceso de descampesinización y proletarización: en la actualidad el 54% de la Población Económicamente Activa del campo son proletarios (jornaleros y asalariados), el 34% campesinos (máximo 1,6 millones), y un 8,3% finqueros o medianos productores; como la polarización creciente en la propiedad de la tierra: porque sólo 2,5% de predios acapararan hasta un 85% de la tierra, es decir que, unos once mil propietarios son dueños del 50%, y en contraste el 70% labora en predios con promedios de 1,3 hectáreas.

No hay que olvidar la ultraderechización de la sociedad rural: y naturalización de la empresa militarcriminal como medio para hacer negocios, es decir de apalancar la acumulación de capital, manifiesto en cientos de masacres; así como la creciente dependencia alimentaria, complementada con la extranjerización del territorio nacional, y una grave dependencia de los flujos de capital externo.

Por todo lo anterioruna política alternativademanda mucho más que una reforma agraria, lo que se requiere con urgencia es una transformación sustantiva de las maneras cómo se ha venido desarrollando la vida social en el campo.

Recientes avances y limitaciones en las políticas de Reforma Agraria

Durante el último siglo se ha legislado sobre reforma agraria a nombre del campesinado para favorecer sistemáticamente a terratenientes y capitalistas. Ejemplo de ello es la Ley 160/1994, que históricamente utiliza la definición del campesino como sinónimo de todo aquel que trabaja en el campo, ello con el fin perverso de permitir que personas y empresas capitalistas se beneficien de la entrega de baldíos, como lo permite el artículo 71 al considerar su entrega a quien hoy tenga como patrimonio hasta mil millones de pesos, y muy en especial el artículo 83 que creó las Zonas de Desarrollo Empresarial, perspectiva que se profundizó con la Ley 1776 2016 o Ley Zidres. Esa Ley constriñó la recuperación de tierras por parte del Estado y la limitó a la vieja política de compras. Por eso, el periodo de vigencia de la Ley 160 es el de mayor polarización de la propiedad de la tierra, quedando claro de qué lado se han colocado, y pretende seguir estando, las instituciones del Estado y el Gobierno. Resaltamos como positivo de la ley 160 el establecimiento de las Zonas de Reserva Campesina que sigue siendo una deuda con el campesinado.

Cabe resaltar que el gobierno de Juan Manuel Santos estableció unas líneas rojas en la negociación del Acuerdo Final de Paz, que terminaron blindando los privilegios de la oligarquía colombiana. No obstante la violencia estatal y paraestatal en los territorios, se avanzó en la firma del Acuerdo Final de Paz que contribuye hacia una salida popular a la crisis del país.

El Acuerdo recoge parte de las demandas históricas, en el sentido que la Reforma Agraria debe ser integral, aspecto que compartimos, de modo que junto a la entrega de tierras se debe facilitar acceso a crédito blando, asistencia técnica, sistemas de comercialización, entrega de bienes de consumo colectivo como: viviendas, vías terciarias, centros de salud y educación, así como la promoción de la economía comunitaria y solidaria en un marco de la equidad de la mujer, aspectos nombrados en los seis subsistemas de la Ley 160, que deben elevarse al rango de compromiso estatal en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante resaltar qué, lo alcanzado en el AFP no resuelve la deuda histórica con el campesinado colombiano, por lo tanto, se debe avanzar en la búsqueda de la ampliación de acceso a tierras cultivables y productivas, también la ubicación, adecuación, titulación e infraestructura que garantice la vida digna. El actual gobierno debe impedir que bajo el principio de buena fe que se establece en los acuerdos se legitime el despojo histórico por parte de terratenientes y ganaderos.

A su vez, el actual gobierno se ha propuesto que ese sea el “pilar central” de su política, proponiendo avanzar a una “economía agraria e industrial intensiva en conocimiento con enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas de valor añadido”. En esa propuesta reconocemos principios importantes que compartimos, como el tránsito hacia una matriz productiva basada en la agroecología, la soberanía alimentaria y la urgencia al derecho humano a la alimentación. Considera también aspectos sustanciales como un sistema nacional de innovación agropecuaria, la planificación de siembras, compras públicas para el desarrollo de encadenamientos productivos, una industria nacional de fertilizantes e insumos, así como proteger y fomentar las semillas nativas y criollas libres. También coloca énfasis en la economía campesina, la asociatividad, agregando la propuesta de las iniciativas público-populares. Sin embargo, sólo se propone “dejar atrás el latifundio improductivo”, quedando el resto en pie, perspectiva ya fortalecida con el indignante acuerdo de entregarle sesenta billones de pesos a Fedegan, gigantesca masa de recursos con los que fortalece su poder y facilita su modernización capitalista.

En síntesis, la política agraria vigente se sustenta en la vieja y fallida idea de hacer del campesinado un pequeño empresario, por tanto, de convertirlo en un mejor instrumento de la acumulación capitalista. Así, los mencionados planes de desarrollo han quedado a la voluntad de los gobiernos de turno, y las iniciativas de asistencia y comercio no definen claramente con qué recursos y cómo articularán los esfuerzos y proyectos individuales, con lo cual dejan al campesinado a merced de las fuerzas del mercado que los ha llevado a la quiebra y se dejan intactas las causas de la concentración de tierras y capital.

Para que los campesinos/as, jornaleros y asalariados agrarios del sector accedan a la tierra, medios de trabajo, redes de comercialización y evite el regreso a las viejas prácticas de concentración de la tierra en pocas manos, proponemos una Reforma Agraria Integral y Popular (RAIP).

Así, se recogen y validan las reivindicaciones históricas del campesinado y de los diversos habitantes rurales. La demanda de la tierra para quien la trabaja debe estar acompañada de garantías para que el campesinado fortalezca el cómo, dónde y qué se produce para garantizar la soberanía alimentaria y, en el mediano plazo, la propiedad privada deje de ser la que condiciona la producción. Propósitos que sólo se pueden viabilizar con la acción decidida de las mayorías populares de todo el país.

Política para transformar el sector agropecuario

Uno de los grandes retos que debe enfrentar una política agropecuaria es adecuar, incorporar e implementar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Que facilitan la articulación de las redes de producción y comercialización, y del otro, tienen potencialidades para avanzar hacia otra matriz tecnológica y organizacional que se fundamente en la agroecología y en relaciones de mayor cooperación social y solidaridad. La disyuntiva es clara: se deja que los capitalistas y terratenientes continúen profundizando los problemas, o se implementa una política en que al primar la propiedad social y la participación se aseguran condiciones para que los mayores rendimientossean para los campesinos/as productores, y se manifieste para toda la sociedad como mejora de sus condiciones alimentarias.

En correspondencia, esta política alternativa debe tener una mirada global y por eso contener cuatro elementos directamente interrelacionados: 1) Reforma Agraria Integral y Popular-RAIP, 2) Una Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo que complemente la RAIP, 3) Un reordenamiento y democratización del territorio que posibilite realmente la RAIP, y 4) la implementación de alivios que atiendan las necesidades urgentes del campesinado que deben ser de aplicación inmediata

1. Reforma Agraria Integral y Popular- RAIP

El propósito de la RAIP es modificar la estructura actual sobre la propiedad y uso de la tierra y a su vez promover formas de producción y cooperación avanzadas y solidarias que se proyecten como alternativas al capitalismo. Tales propósitos demandan avanzar en las siguientes líneas:

1. Creación de los Territorios Campesinos: el campesinado recibirá en forma gratuita una parte de las tierras con vocación agrícola a fin de que las ponga en producción de alimentos destinados al consumo humano fundamentalmente. A su interior se promoverán unidades productivas individuales, estimulándose también las que tengan un carácter comunitario y asociativo debido a que son germen de nuevas relaciones entre las personas y con la naturaleza, todas ellas deben contar con formas de gobierno y gestión popular propias que orienten la acción social y productiva.
2. Creación de Estructuras Tecnificadas Alimentarias de Propiedad Social: en las que predominarán unidades de propiedad social y pública que agremian a los trabajadores del campo, dotándolos de maquinaria y tierra para trabajarla en forma cooperada, las cuales pueden estar dentro de los Territorios Campesinos o fuera de ellos.
3. Créditos y subsidios a redes productivas: que vinculen y permitan el acceso a la oferta de insumos, a créditos blandos, tecnología, asistencia técnica y subsidios que reduzcan costos, disminuyan los impactos negativos sobre los bienes naturales, mejoren la calidad de los alimentos y los precios de venta finales.
4. Ampliación de la oferta de bienes de consumo colectivo en el campo: como son vivienda, salud, educación, conectividad, vías en especial terciarias, los que deben ser resueltos mediante empresas públicas, asociativas y de propiedad social, que también ayuden a colocar cimientos sólidos para transformar la situación de las mujeres del campo al impulsar servicios público- comunitarios.
5. Reconocimiento del campesinado como sujeto social, político y cultural: La RAIP reconoce al campesinado como un sujeto histórico, político y de derechos que ha sido objeto de violencia sistemática. Reconoce a los campesinos y las campesinas como protagonistas que han defendido la tierra y el territorio, preservado los bienes de la naturaleza y soportes en el sostenimiento de la alimentación en el país, mediante las labores agropecuarias, pesqueras, agro mineras, entre otras.

2. Impulso de una Economía de Fondos Públicos-EFP para la transformación del campo que complemente la RAIP

Para que los proyectos productivos no sean avasallados por el gran capital, no queden aislados en las regiones y se enfoquen en una misma dirección. La EFP complementa los programas de la RAIP aprovechando las mayores potencialidades de cooperación y planificación social que facilitan las innovaciones tecnológicas y permite concebir otra matriz tecnológica y organizacional centrada en la agroecología y el uso de energías limpias. La EFP descansa en la condición social y pública que necesariamente existe en el uso de los medios de trabajo y bienes de la naturaleza, por ello se propone recuperar en forma decidida, para beneficio de los campesinos/as, jornaleros, asalariados agrarios y de toda la sociedad, los mayores rendimientos productivos generados por los incrementos de cooperación social.

Aquí algunos programas y proyectos a implementar son:

• Una Empresa Pública de Plataforma-EPP que coordine e integre en forma planificada los diferentes esfuerzos de las redes de producción y las vincule a nivel nacional: territorios y economía campesina, empresas asociativas, empresas sociales de proletarios del campo, redes de insumos y comercialización, empresas públicas de asesoría tecnológica, oferta de bienes de consumo colectivo para el campo. De esta manera se evita que el gran capital continúe aprovechándose, según la demanda, de los productores pequeños y medianos.
• Creación de una instancia pública guiada mediante los criterios de gestión popular, soberanía y seguridad alimentaria, que oriente el papel que cumple el sector y avance en su planificación social.
• Creación de un Fondo Público de Tierras-FPT: que no se limite a entregarlas individualmente, sino que también permita darlas de manera colectiva en usufructo o comodato a las unidades productivas de las organizaciones proletarias y campesinas, con el fin de mejorar su utilización.
• Consolidación de un Fondo Público de Inversiones del sector mediante el cual se apalanquen todas las iniciativas estratégicas de transformación, por lo que es más que el actual Finagro y el Banco Agrario.
• Creación de un Conglomerado Público Nacional para el Desarrollo Agropecuario: guiado por criterios de mejoramiento en la cooperación social, el enfoque agroecológico, la gestión popular y soberanía alimentaria, que ayude a aumento la productividad a partir de la apropiación y adaptación de los avances tecnológicos en áreas como i) generación y producción de maquinaria agropecuaria, ii) producción de insumos agropecuarios, iii) Asistencia técnica y transferencia de tecnología, iv) desarrollo de paquetes tecnológicos, v) innovación y desarrollo agropecuario en sistemas de producción tropical y agroecológica, vi) conservación de conocimiento, materiales y recursos genéticos.
• Creación de una Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Agroindustrial: con asiento territorial y orientada a impulsar las capacidades y la soberanía nacional en las ramas de alimentos para humanos y especies animales.
• Avance y consolidación de los trabajadores del sector mediante una confederación nacional campesina y una asociación nacional de cooperativas campesinas
• Con las alcaldías y gobernaciones impulsar grupos y conglomerados regionales de empresas cooperativas, sociales, comunitarias y públicas del sector.
• Creación de una Cadena Pública Nacional de Distribución de insumos agropecuarios-CPND: destinada a facilitar el acceso de los insumos a las unidades productivas como a reducir los costos de producción.
• Consolidar un Sistema Nacional de Comedores Populares: que incluyan al PAE, los centros de mayores, y ayude a asegurar parte de la compra de las ofertas que realizan las unidades productivas de campesinos y proletarios.

En forma resumida la EFP obliga a que el Gobierno Nacional destine efectivamente recursos para transformar las condiciones de producción. Así mismo impide que las fuerzas destructoras del capitalismo actúen sobre las unidades productoras de campesinos y proletarios del campo.

3. Democratización y reordenamiento del territorio que posibilite realmente la RAIP

Para hacer de la soberanía alimentaria un objetivo estratégico en el país se requiere que prime el criterio social sobre el individual y el territorio nacional sea considerado como un bien público de carácter social, impidiendo que sólo once mil propietarios que acaparan el 45% de la tierra se impongan por la fuerza sobre cincuenta millones de personas. La democratización del espacio social favorece el acceso al trabajo, a los ingresos, al agua y a los alimentos, permitiendo que mediante un reordenamiento del territorio se superen los conflictos sociales y ambientales. Se propone:

• El establecimiento de la primacía del carácter público y social de la tierra y sus bondades sobre otras formas de propiedad, a fin de garantizar el acceso proporcionado a los bienes de la naturaleza, base sobre la cual puede superar la relación depredadora sobre la naturaleza y sus fuentes.
• El establecimiento de áreas y territorios de acuerdo a sus especificidades, en particular: Territorios Campesinos; Estructuras Tecnificadas de Propiedad Social; Territorios Agroindustriales; y zonas de producción de carne y leche.
• Blindar de sustentabilidad los avances alcanzados: para ello es necesario consolidar, en términos programáticos y organizativos a los diversos sectores y clases sociales que luchan por cambios; potenciando nuestras formas organizativas, gobiernos propios y dinámicas de articulación autónomas.

4. Las propuestas, sus tiempos, y nuestras exigencias

Vemos como tareas inmediatas:

1. Recuperar las tierras desalojadas y apropiadas por terratenientes y Empresas Transnacionales
2. Lograr la titulación de las recuperaciones de tierras y de baldíos productivos
3. Gestionar Bienes de Consumo Colectivo como vías, viviendas, agua potable y saneamiento básico, centros de salud y educación, para los Territorios Campesinos y ampliar los existentes.
4. Exigir garantías para los liderazgos sociales en medio de la cruenta guerra que sacude al país.
5. Fortalecer la economía campesina proyectándola a formas de producción más tecnificadas que amplíen las relaciones de cooperación y los rendimientos

En ese sentido, demandamos del actual gobierno:

1. La consolidación de 10 millones de has de tierras y de recursos de capital para los Territorios Campesinos.
2. Definición de áreas, tierras y recursos para las Estructuras Tecnificadas de Propiedad Social donde funcionen las empresas públicas, sociales y comunitarias, se establezcan los bancos de maquinaria verde y amarilla, y una Red Nacional de Bio-fábricas como solución al abastecimiento de insumos agropecuarios.
3. La puesta en funcionamiento de la Empresa Pública de Plataforma-EPP
4. La puesta en funcionamiento de la Cadena Nacional de Sistema Nacional de Comedores Populares, a fin de garantizar parte de las compras a las empresas sociales y comunitarias
5. El reconocimiento de los mecanismos propios de protección y autoprotección como las Guardias Campesinas.
6. Reconocimiento y gestión de los planes de la vida de las comunidades y sus organizaciones en tanto son la base para alcanzar una vida digna.
7. Apoyar el fortalecimiento del movimiento campesino y otros sectores sociales y populares, así como sus iniciativas para materializar la unidad y construir mandatos populares para los cambios y transformaciones.
8. Reconocer y reactivar los mecanismos de interlocución y negociación con los movimientos sociales a nivel regional y sectorial, entre otros, la Mesa Única Nacional y las Mesas Regionales, mecanismos de negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (decreto 870 de 214) en torno al Pliego de exigencias: Mandatos para el buen-vivir, por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social.
9. El inmediato cumplimiento de los acuerdos suscritos e incumplidos por el estado con los movimientos sociales y los emanados de los procesos de paz con las organizaciones guerrilleras.

Llamamos a las fuerzas populares a que en el mediano plazo:

Mediante la movilización permanente exijamos que el Congreso apruebe el uso social de la tierra y se aplique la expropiación como lo ordena el Articulo 58 de la CPC.

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^[1] “Limitantes del desarrollo capitalista en el sector agropecuario”, del Centro de Investigación y Teoría Crítica Praxis 2022.

Ver: Palabras del Presidente Gustavo Petro en la Primera Convención Nacional Campesina

Convención Nacional Campesina 2.12.2022

Convención Nacional Campesina 4.12.2022

Notas: