Por: Salim Lamrani Al Mayadeen
Con ocasión del décimo aniversario de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en 2004 y a 120 años de la caída en combate de José Martí, conviene echar una mirada a tres textos fundadores de la integración latinoamericana.
Por: Nasa Acin
Ante la negativa del gobierno nacional frente a las exigencias de las comunidades que continúan en las acciones de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca
Por: Clara López Obregón
El péndulo de las luchas por la igualdad social y la democracia ampliada parece estar de regreso
Por: Vamos por los Derechos
El Colectivo Vamos por los Derechos saluda el IV Congreso del Polo Democrático Alternativo, y a sus 766 delegadas y delegados elegidos por 418 mil personas:
Por: Raúl Zibechi. La Jornada
Una de las dificultades que afrontan los movimientos antisistémicos y quienes seguimos empeñados en construir un mundo nuevo consiste en que no logramos acertar en la definición de lo que está sucediendo ante nuestros ojos.
Por: Codeate
El 3 de Mayo el pueblo Tamesino se movilizó para exigir Consulta Popular en Támesis y solidarizarse con Pueblorrico en su lucha por la participación comunitaria y la autodeterminación territorial.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
