Formación, Género Y Luchas Populares

La comunidad exige el apoyo inmediato. Desde el día martes 4 de marzo de 2013, en horas de la noche, la comunidad de la vereda Olivares, de Cerro Tijeras está cercada por enfrentamientos entre las FARC y el ejército. La población se encuentra reunida en una escuela de esta vereda  pero  no cuentan con el apoyo ni los recursos necesarios para permanecer allí. “Allá casi no hay señal de celular, un compañero me comentó que no tienen alimentos, ni siquiera colchonetas, nada. Están desesperados. No saben cómo van a regresar al territorio porque ya los desalojaron.” Cuenta un comunero de este resguardo, preocupado porque gran parte de su comunidad se encontraba en Mondomo desde el domingo, apoyando el paro Cafetero. Estos hostigamientos también tienen afectadas a las veredas de San Pablo y Las Brisas.

Una vez más los colombianos se movilizan y una vez más sobran las razones. No son los bajos precios del café, no es la mala calidad de la educación, no son las altas tarifas de los servicios públicos, no es la constante violación de los derechos de los trabajadores.

Con el propósito de apoyar a las víctimas en sus procesos de reparación y reclamación de predios y, en general, en la defensa de sus derechos; algunos concejales y organizaciones sociales de Medellín coincidieron en la necesidad de crear un modelo de atención integral y representación jurídica para las víctimas del conflicto armado en la ciudad.

La FIDH y organizaciones colombianas que conforman la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCE-EU, presentaron en el día de hoy, en audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe según el cual, bajo el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se habrían producido por lo menos 85 casos de violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes de la Fuerza Pública, tipificadas en el derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, lo cual contradice la anunciada política gubernamental de “cero tolerancia” frente a estos crímenes. 

El caso de La Colosa, en Cajamarca, es uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente y atrofiado imperante en Colombia.

El Centro de Atención Laboral se concibe como una instancia de ayuda jurídica a las y los trabajadores, especialmente a aquellos que no están sindicalizados y por tanto son más vulnerables a la violación de sus derechos. Pero también recibe casos de sindicatos que por sus limitaciones, o la razón que sea, precisan de apoyo jurídico, en especial cuando sus directivos y afiliados son víctimas de presiones, despidos, acciones arbitrarias por parte de patronos o mandos medios, que con esas actitudes tratan de debilitar al sindicato, cuando no borrarlo del mapa sindical.