Los derechos humanos no son leyes, ni pueden ser representados por ellas, como tratan de presentarlo frecuentemente los Estados. Los derechos corresponden a las luchas de los pueblos y son ellos los directos responsables a la hora de decidir cuáles son las herramientas de lucha más adecuadas para convertir sus demandas en derechos y propender por el reconocimiento social y estatal de los mismos. 

Desde el pasado 9 de febrero comuneras y comuneros indígenas Sikuani del Resguardo de Wacoyo en Puerto Gaitán Meta, se tomaron pacíficamente la empresa agropecuaria Fazenda ALIAR S.A, una alianza de capitales santandereanos y antioqueños, precisamente porque desde cuando comenzó la porcicultura a gran escala, vienen sufriendo múltiples enfermedades y muertes.

Los colombianos patriotas y revolucionarios tenemos la responsabilidad de ubicar a nuestros héroes y mártires en su justa dimensión en la historia. Después de haber nacido en una cuna de familia acomodada, estudio y consagró su vida a los humildes, desde su sacerdocio, como académico y fundador de la facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Bogotá, junto a Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y otros tantos ilustres profesores que compartieron su vida universitaria, hasta que trascendió como líder popular y revolucionario, liderando el FRENTE UNIDO, donde confluyeron todas las organizaciones de izquierda hasta incorporarse a las filas del Ejército de Liberación nacional en 1965.

Volvimos de nuevo a hacer maletas, a empacar nuestros sueños y nuestras rebeldías, nuestros descontentos y nuestras propuestas. Con este equipaje llegamos a Mesitas, Cundinamarca, el pasado 25 de enero, para dar inicio a nuestra IX Asamblea General.  Durante tres días, los trece colectivos que construimos poder popular desde la Red Libertaria Popular Mateo Kramer nos encontramos en pleno para analizar y discutir sobre lo que viene ocurriendo en el país y para construir nuestras posiciones como jóvenes de cara al tan importante reto que tiene hoy el pueblo colombiano de construir una paz con justicia social.

Es difícil concebir algo peor que la reforma pensional propuesta por Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Porque se propone empeorarles, una vez más, sus derechos de pensión a más de un millón de familias que viven de sueldos superiores a dos salarios mínimos y están vinculadas a empresas privadas, convenciones laborales, el magisterio, el poder judicial, los servicios públicos, los organismos de control y el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías.

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