Por: #ConflistosyTerritorios
El departamento colombiano del Cesar, una zona donde la población ha convivido en medio de diversas problemáticas, entre ellas el despojo de la tierra y el conflicto armado.
Por: Al Kalor de un tinto
Luego de las elecciones legislativas ¿Qué tanto margen le quedaría a un gobierno progresista imprimir el acelerador para lograr los profundos y variados ajustes institucionales que requiere un país sumido en una profunda crisis a todo nivel?
Por: Julia Saul. ANRED
En Amazon vedette del Capitalismo digital, se desarrolló un proceso de organización en los lugares de trabajo en Estados Unidos, por el derecho a la sindicalización y para resistir las penosas condiciones de trabajo que impone la empresa.
Por: CRIC
El uso del fracking afecta directamente la integridad social, cultural, económica y territorial de todo un país, por lo tanto, se busca a través de esta marcha, se derogue esta ley.
Por: Veteranos Firmantes
Son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. No es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil
Por: Organizaciones Firmantes
Ante la grave y profunda crisis política, económica, social, ética y el genocidio político continuado contra el pueblo y el movimiento social y popular, se declara la #EmergenciaHumanitaria.
Por: Cumbre Indigena Nacional
Los Pueblos Indigenas avanzaremos sobre la agenda propia desde la cosmovisión, las culturas y la autonomia, bajo lo orientación de muestras comunidades, autoridades y de nuestros principios jurídicos propios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
