Por: Convocantes
La realización de la 49ª Asamblea de la OEA, este mes de junio en Medellín significa una afrenta a la paz y la dignidad de los Pueblos de Nuestra América
Por: MiOriente
El pasado primero de junio, cuando la empresa Taborda & Vélez y la consultora Pramming (encargadas de avanzar en los estudios de lo que sería el proyecto hidroeléctrico Cocorná 1) llegaron a la escuela de la vereda San Vicente, en el municipio de El Carmen de Viboral, recibieron una contundente negativa tanto de algunos miembros de la comunidad, como de colectivos en defensa de los recursos naturales.
Por: Cecilia González Villa. La Nación
El Consejo de Estado ordenó que la Universidad Nacional realice nuevo estudio. Ambientalistas ven con buenos ojos la decisión.
Por: Francia Márquez y Helmer Quiñonez Mendoza
«Organizaciones de la sociedad civil han estimado en aproximadamente 2 millones o más los afrodescendientes desplazados de sus territorios y decenas de lideres afrodescendientes han sido asesinados en los últimos años»
Por: Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
La creciente hostilidad contra Cuba y demás países de la región, la persecución judicial de líderes progresistas, la imposición del neoliberalismo reciclado, son rasgos distintivos de la actual política norteamericana hacia América Latina y el Caribe que despiertan la capacidad de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños.
Por: Semana Sostenible
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el cese definitivo de actividades mineras en las cuencas de los ríos Combeima, Cocora y Coello. Además instó a la creación de un Parque Nacional Natural, un santuario o una reserva en esta área, encaminada a proteger estos afluentes.
Por: Kavilando
Se trata de un gran logro en es lucha por la defensa del territorio, el agua, la vida, pero, la lucha continúa en la región pues, este tipo de proyectos siguen vivos.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
