Como parte del Día Nacional del Maíz, convocado por la campaña Sin maíz no hay país, campesinos y activistas de Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Puebla y el Distrito Federal se manifestaron por la prohibición de la siembra de granos transgénicos en México y en demanda de que el gobierno de la República invierta más para combatir la dependencia alimentaria y por el derecho a una alimentación sana.
Los manifestantes coincidieron en la exigencia de que México sea territorio libre de organismos genéticamente modificados (OGM).
Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México, y junto con representantes de otras organizaciones exigió anular las 110 autorizaciones otorgadas por el gobierno federal para la siembra experimental con maíz genéticamente modificado en territorio nacional, pues con ello el campo mexicano y su grano básico enfrentan un serio riesgo de contaminación.
En un documento que decenas de asistentes firmaron se indica que desde 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron las importaciones de granos básicos de Estados Unidos, lo que arrasó con la producción nacional.
favoreció a las industrias agroalimentarias trasnacionales, que nos obligan a consumir comida rara, extranjera y de mala calidad, provocando desnutrición y obesidad, mientras en las comunidades rurales crecen la pobreza, la violencia y la inseguridad.
Hoy tenemos que comprar a Estados Unidos casi la mitad de lo que comemos, y cada año más de medio millón de compatriotas rurales dejan de sembrar y migran porque su nación los expulsa.
En Puebla, el abogado René Sánchez Galindo encabezó a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron ante la delegación de la Procuraduría General de la República una demanda contra Monsanto, a la que acusan de delitos contra el consumo y las riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivados del aprovechamiento del maíz que hace esa empresa transnacional.
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