Las vicissitudes de la salida negociada al conflicto interno

Observatorio K.

“Que se olviden de un nuevo Caguán”, fue la áspera respuesta del Presidente Santos a la reciente propuesta del Comandante de las FARC, “Timoleón Jiménez”, de “Retomar la Agenda que quedó pendiendo en El Caguán”. Se trata de una tergiversación de la propuesta, porque, como lo ha dicho el Expresidente Pastrana, “Volver a la agenda del Caguán no es volver a la zona de distensión: son dos cosas distintas”. 

Pero, más allá de este incidente, lo que hay en el fondo son dos concepciones acerca del diálogo y la negociación para alcanzar la paz. El 20 de febrero de 2012 se cumplen diez años de la ruptura de los diálogos del Caguán, y la idea que se ha sembrado en la opinión pública es que durante tres años largos el gobierno hizo la más amplia demostración de su voluntad de paz, mientras las FARC se dedicaron a burlarse del país, lo que condujo al fracaso del proceso. Hasta dónde estas afirmaciones, martilladas día y noche por los grandes medios de comunicación del régimen, corresponden a la verdad? Aún cuando el acuerdo era negociar en medio del conflicto -decisión que a la postre resultó desastrosa- lo que cabía esperar de las FARC era que cesaran los secuestros, el reclutamiento de menores, los ataques a la población civil, los atentados y las demás violaciones al Derecho Internacional Humanitario, es decir, que crearon un ambiente favorable a la negociación, cosa que lamentablemente no ocurrió. Sin embargo, la mayor responsabilidad en la conducción del proceso era del gobierno, no sólo por ser el representante del Estado sino del poder establecido, impugnado por los guerrilleros.

Un examen objetivo de diversos hechos demuestra que, contrario a lo que se cree, hubo un permanente saboteo por parte  del gobierno y la ultraderecha para impedir que el proceso avanzara. El 6 de mayo de 1999 se aprobó la Agenda común, que incluía como temas la solución política negociada, la protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado, la política agraria integral, la explotación y conservación de los recursos naturales, la estructura económica y social, las reformas a la justicia y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la reforma política para la ampliación de la democracia, las reformas del Estado, los acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario, las Fuerzas Militares, las relaciones internacionales y la formalización de los acuerdos.

De lo que se trataba, entonces, era de buscar acuerdos sobre cambios estructurales en lo económico, lo social y lo político y no de negociar para que todo siguiera igual. En contravía del espíritu de la Agenda Común, el gobierno se dedicó a imponer, en cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, una serie de políticas antipopulares de profundo contenido neoliberal, como el recorte de las transferencias a municipios y departamentos para salud y educación; una nueva reforma laboral (Ley 789 de 2002) para recortar los pagos adicionales a los trabajadores por concepto de horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos, y abaratar los despidos sin justa causa; una nueva reforma pensional (Ley 797 de 2003), para aumentar los requisitos y disminuir los beneficios a los pensionados, y otras medidas regresivas que sembraron una gran desconfianza en amplios sectores del país sobre la real voluntad de cambio que animaba al régimen en la Mesa de Diálogo del Caguán.

De otra parte, en octubre de 1999 se conoció la versión norteamericana del Plan Colombia, con dos componentes: el “social” y el “militar”, y, finalmente, fue aprobada una “ayuda” norteamericana inmediata por 1.300 millones de dólares, el 82% destinada a crear más batallones contrainsurgentes, pagar asesores militares, adquirir helicópteros artillados, fortalecer la inteligencia y reforzar el aparato militar. Dicho Plan fue sancionado por el Presidente Clinton el 13 de julio de 2000 como la ley 106246 de Estados Unidos. Al respecto, caben por lo menos dos preguntas:

1. Si el gobierno tenía una real voluntad de paz, por qué se dedicaba a prepararse para la guerra, en vez de dedicarle todo su empeño a la negociación?

2. No era evidente que la aparición del Plan Colombia en medio de la mesa de diálogo causaba daños irreparables en la confianza entre las partes? Agréguese a lo anterior el desborde del paramilitarismo, que hasta comienzos de septiembre de 2000 había cometido 77 masacres con más de 500 civiles asesinados, por lo que el 14 de noviembre del mismo año las FARC congelaron los diálogos hasta tanto el gobierno no demostrara con hechos su decisión de combatir el paramilitarismo. Entre las muchas provocaciones que se presentaron, hay dos que resultan ilustrativas de los esfuerzos desesperados de los sectores guerreristas por abortar el proceso: la primera de ellas ocurrió en Chiquinquirá, en la segunda semana de mayo de 2000, donde sujetos desconocidos le colocaron un “collar bomba” a la señora Elvia Cortés, para exigir una extorsión. Inmediatamente, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía sindicaron al Frente 11 de las FARC, y el Presidente Pastrana y el Departamento de Estado gringo reaccionaron airados y fueron suspendidas las actividades previstas en la Agenda. Posteriormente tendrían que reconocer que las FARC nada tenían que ver en el crimen atroz cometido contra la señora Elvia.  El segundo hecho escandaloso ocurrió a comienzos de septiembre de 2000. El guerrillero de las FARC, Arnobio Ramos, que se encontraba preso, desvió a San Vicente del Caguán el avión donde era trasladado y allí se entregó a la guerrilla. El gobierno decidió congelar el proceso, hasta tanto las FARC no lo entregaran, exigencia que fue rechazada por cuanto no existía acuerdo al respecto porque había contado con la complicidad de funcionarios del INPEC y era un nuevo intento de sabotear la paz.

Tiempo después, algunos medios de prensa informaron que el guerrillero había sido cooptado por el ejército, que el desvío del avión había sido un operativo militar para reinsertarlo a las FARC con la misión de asesinar a los miembros del Secretariado y que las FARC habían develado el plan y habían ordenado fusilarlo. Estos dos ejemplos, a los que podrían agregarse una larga lista de provocaciones y sabotajes por parte de sectores ultraderechistas, así como la sujeción del gobierno a los dictados del Fondo Monetario Internacional, la profundización de la política neoliberal, la injerencia norteamericana y la implementación del Plan Colombia, son las principales causas del fracaso de los diálogos del Caguán, que la maquinaria propagandística del régimen les atribuye exclusivamente a las FARC.

En el fondo, lo que hay es una oposición cerrada del gobierno y de los  poderes que los sustentan a cualquier negociación que implique cambios estructurales. “Las políticas de Estado no se negocian”, es la afirmación tajante que hacen con frecuencia los voceros del establecimiento. Así se explica que mientras el comandante de las FARC propone retomar la Agenda del Caguán, es decir, la discusión sobre los cambios que necesita el país, el Presidente Santos les notifica que deben olvidarse de ella. Para él, una eventual negociación debe estar limitada a acordar las condiciones de desmovilización y desarme de los guerrilleros. Que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”, repite permanentemente el Presidente Santos, pero, además de que le pone tal cantidad de requisitos que lo hacen inviable, descalifica las propuestas de las FARC y hace gala de un triunfalismo desbordado que nada tiene que ver con propósitos de reconciliación. “O se desmovilizan, y gozarán de todas las garantías del Estado, o insisten en la violencia, y en tal caso –como a sus cabecillas- sólo les espera de cárcel o la tumba”, dijo a propósito de la muerte de “Alfonso Cano”, y esta no es, propiamente, una invitación al diálogo, sino a la rendición.

En la misma dirección se orienta el llamado “Marco Jurídico para la Paz” que cursa en el Congreso de la República, que incluye entre sus objetivos abrir la puerta “para que el legislador diseñe en su momento las medidas que sean necesarias para fomentar la dejación de armas por parte de los grupos guerrilleros y su reintegración a la vida social y política de la Nación”. En otras palabras, lo que se pretende es fomentar las deserciones para debilitar la guerrilla y conducirla a la derrota militar o a la rendición. Si nos atenemos a las palabras del Comandante de las FARC en el sentido de que “este conflicto no tendrá solución mientras no sean atendidas nuestras voces”, la única conclusión razonable es que, mientras no se modifiquen las posiciones actuales, la confrontación continuará con todos sus horrores.

De ahí que sea de fundamental importancia la propuesta de Colombianas y Colombianos por la Paz de que las FARC liberen a todos los secuestrados y que las partes acuerden una tregua bilateral de tres meses iniciales, con posibilidades de prórroga, a fin de crear un clima favorable al diálogo y la negociación. También resultan decisivas las diversas movilizaciones populares que se han desarrollado en el país en los últimos meses levantando la bandera de la paz. No hay duda de que sólo con un poderoso movimiento de masas será posible doblegar la política guerrerista y abrirle espacio a la salida negociada para resolver el conflicto y construir la paz que anhela la inmensa mayoría de los colombianos.

La negociación tiene muchas vicisitudes, pero es la única alternativa sensata.   Bogotá, D.C., 30 de enero de 2012

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