ALERTA TEMPRANA: La comunidad de la vereda San José de León siente gran preocupación por que a partir de las denuncias realizadas en los pasados días se vienen presentando una serie de irregularidades.
Se presentan seguimientos, vigilancias por parte de paramilitares de la zona del Puente de La Fortuna a algunos miembros de la junta de acción comunal. Por tanto la comunidad de San José de León insiste en exigir a las autoridades:
• Que se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para prevenir el inminente ataque contra la vida y demás derechos fundamentales de los habitantes de esta región.
• Que se accionen todas las medidas tendientes a proteger la vida de los habitantes del corregimiento San José de León en el municipio de Mutatá.
• Que se garantice la seguridad física, psicológica e integral de los habitantes del Corregimiento San José de León .
• Que la Fiscalía General de la Nación y los demás órganos de control hacia las fuerzas militares, las organizaciones de Derechos Humanos, La Cruz Roja Internacional, la ONU, la alcaldía y la gobernación, adelanten las investigaciones necesarias y rigurosas con el fin de investigar y sancionar a los responsables de actividades que pongan en riesgo a la población civil.
• Al Ministerio Público para que exija a las autoridades el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.
Recordamos cuales son las responsabilidades de protección de los derechos humanos que recaen de acuerdo con la constitución y los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, y éste debe estar siempre sujeto a velar por el cumplimiento de lo consagrado en la máxima Carta Política, es así además que existen compromisos ineludibles en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Además el estado está en la obligación de proteger y prevenir las violaciones frente a estos derechos, tomar todas las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que violen los derechos más fundamentales y universales de la población civil.