Por: ASOCURN – Asociación de Campesinos Unidos del Rio Nechí
Hacemos un llamado para que se revise la situación social, ambiental, agrícola, pesquera y de minería ancestral de las comunidades de la ribera del río desde puerto Valdivia hasta Nechí, ante la emergencia de Hidrotituago
Hacemos un llamado para que se revise la situación social, ambiental, agrícola, pesquera y de minería ancestral de las comunidades de la ribera del río desde puerto Valdivia hasta Nechí, ante la emergencia de Hidrotituago; igualmente se tomen medidas frente al recrudecimiento del conflicto armado ya que nos encontramos ante una crisis social que desborda cualquier capacidad humana y que requiere la intervención por parte de las entidades del Estado.
Foto: Fuente propia. Rio Cauca. Municipio de Tarazá
Desde las organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal del casco urbano y la zona rural de Tarazá, Cáceres y Caucasia vemos la amenaza inminente con el rio Cauca, pero a eso hay que sumarle que los grupos armados ilegales siguen operando en la zona, intimidando y controlando la movilidad de las poblaciones campesinas y sus líderes.
Nuestros líderes tienen limitada la movilidad en el territorio por los grupos armados; por ejemplo, el coordinador de la ASOCURN, hace más de 5 meses que no puede entrar a su finca, ya que allí hay un grupo de colonos que le ocupan la finca por orden de actores armados ilegales.
En el casco urbano del municipio de Tarazá, tenemos enfrentamientos entre grupos ilegales en los barrios, hasta de una hora, tal como ocurre en el barrio San Miguel, donde los habitantes están desplazándose hacia los barrios vecinos o fuera del municipio por temor al fuego cruzado, y esto a pesar de la presencia permanente de la policía y el ejército.
Se suma a ello que, a orillas del río cauca, ya se están acabando los cultivos de pancojer; por ejemplo, en el corregimiento El Doce y Barroblanco del municipio de Tarazá, el pasado miércoles 16 de mayo, el rio arrasó todos los cultivos y se llevó animales como: aves de corral y cerdos. Tampoco se ha podido realizar labores de minería ancestral en el rio, lo que nos tiene a los pobladores en condiciones de hambre y desespero porque la atención de las autoridades solo llega hasta puerto Valdivia.
Vemos con preocupación que, al día de hoy, a pesar del compromiso firmado para el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, desde octubre de 2017 con las 1500 familias campesinas del corregimiento del Doce y Barro Blanco y las veredas aledañas, el Estado colombiano no ha cumplido con los programas y proyectos. El problema está quedando en los líderes sociales, presidentes de las juntas de acción comunal y las directivas de las asociaciones que acompañaron estos compromisos y que las comunidades están responsabilizando por haber mediado para que se sumaran a este proceso, poniendo en riesgo su vida, cuando la realidad es que todos fuimos engañados.
La situación es lamentable para las comunidades ante la mirada displicente y la ausencia decidida del Estado Colombiano desprotegiendo los derechos fundamentales, quien deja estas comunidades a merced de grupos armados ilegales y de los atropellos de las fuerzas del Estado.
