Por: Corporación Jurídica Libertad
Este texto está dedicado a la memoria de los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, asesinados por defender el derecho a la vida, los derechos de la naturaleza y la protección del territorio y los bienes comunes.
INTRODUCCIÓN
A nosotros no nos sacó la guerra. Nosotros nos quedamos acá en las veredas, nos quedamos aún con el miedo a que nos mataran los paras, o el ejército, o cuando se enfrentaban a la guerrilla. Vuelvo y lo digo, a nosotros no nos sacó la guerra, pero sí nos va a sacar la empresa esa que hace Hidroituango y las otras que vienen por las minas. (Líder campesino de San Andrés de Cuerquia, 2016)
El estudio Colombia Nunca Más: extractivismo - graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango. 1990 - 2016, es un aporte de la Corporación Jurídica Libertad a la construcción de la memoria histórica y lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y agentes del Estado, que de manera individual o conjunta han actuado contra la población civil, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en los 12 municipios de estudio, actualmente afectados por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.
Este trabajo es una forma de evidenciar la necesidad de que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, conformada a raíz de los acuerdos entre las FARC-EP y el Estado colombiano, investigue las causas, responsables y efectos de más de 50 años de conflicto político, social y armado con amplia perspectiva, donde evidencie cómo la estrategia bélica ha favorecido intereses económicos de sectores nacionales e internacionales dominantes.
La relación extractivismo-graves violaciones a los derechos humanos es un binomio permanente en los países donde se lleva a cabo la expoliación de bienes comunes.
El desarrollo de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, a través de megaproyectos que atienden principalmente las demandas internacionales, afecta a los pobladores que soportan tal expropiación y transformación territorial.
En Colombia, el desarrollo del modelo extractivista está marcado por el conflicto político, social y armado. La guerra ha sido una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras, y para establecer un orden totalizante que reprime la movilización por la garantía de los derechos y por cambios estructurales en el modelo de desarrollo. En las regiones Norte y Occidente de Antioquia, donde se construye la represa más grande de Colombia, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos entre 1990 y 2016.
Establecer la relación entre la implementación del modelo extractivista y las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, ha sido un objetivo y exigencia, desde hace varias décadas, de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas y de diversos sectores del movimiento social, así como de académicos, quienes han insistido que lo acontecido en materia de conflicto político, social y armado, se encuentra ligado a las dinámicas económicas de sectores interesados en llevar a cabo megaproyectos e inversiones en los territorios con mayores bienes comunes5.
El marco ético-político, conceptual y metodológico en el que se soporta la investigación, se encuentra sustentado en los lineamientos del Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), el cual aboga por el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad integral, la sanción a los responsables de los crímenes, la reparación integral a las víctimas y la garantía de no repetición.
En el estudio se caracterizó el modelo extractivista, tomando como ejemplo la hidroeléctrica Hidroituango, que incluye entre sus efectos la transformación territorial, la pérdida de actividades económicas como la agricultura, el barequeo y la pesca, y el desarraigo de familias que histórica o transitoriamente se asientan en la zona, convirtiéndose en víctimas del megaproyecto. También se identificaron algunas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estructuras paramilitares y agentes del Estado contra la población y sectores sociales organizados, en tres periodos:
- 1990-1994: presencia del paramilitarismo y creación de grupos CONVIVIR
- 1995-2006: expansión paramilitar, Seguridad Democrática, proceso de desmovilización
- 2007-2016: reingeniería del paramilitarismo, resurgimiento de procesos organizativos
