La tierra es un factor en disputa en el Bajo Cauca

Linea Territorio y despojo

Por: Carlos Montoya. Sur.org

La empresa supuestamente beneficiada por el desplazamiento de personas en Puerto Libertador es Minerales de Córdoba, filial de la empresa canadiense Córdoba Minerals. En relación al municipio de Taráza y Cáceres donde hay alrededor de mil personas desplazadas, las empresas que probablemente se beneficiarían serían: Cerro Matoso, Grupo Penca, Juan Manuel Ruiseco V. y CIA S.C.A y tienen alrededor de 18 mil hectáreas incluyendo otros municipios como lo muestra el círculo rojo del mapa.

 

 

El pasado 4 de febrero en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia se realizó un debate de control político con el fin de analizar la situación de orden público que presenta la subregión del Bajo Cauca.

El diputado del Partido Verde convocante del debate, Camilo Calle, afirmaba que el 52,7% de sus habitantes tienen menos de 25 años, siendo después de Urabá, la región con el mayor número de jóvenes en el departamento y presentó las voces distorsionadas de varios líderes sociales amenazados en el territorio quienes claman por mejores condiciones de seguridad.

El Instituto Popular de Capacitación –IPC-, organización que también participó en el debate, agregaba que el Bajo Cauca es la zona de Antioquia con el mayor número de agresiones contra líderes sociales, 51 casos en total. Además, desde que inició el programa de sustitución han sido asesinados por lo menos 19 líderes en Tarazá y 6 en Cáceres.

El diario El Colombiano, es un especial publicado los días (26 y 27 de enero)[1] informaba que en la zona hay 422 hombres de grupos ilegales, 12.005 hectáreas con cultivos ilícitos y 829 víctimas de desplazamiento forzado entre el 2018 y el 22 de enero del 2020.

Sin embargo, el control de la tierra para explotaciones mineras, especulación inmobiliaria y negocios alrededor, puede ser otro factor que está incidiendo especialmente en los municipios de Tarazá, Cáceres, San José de Uré y Puerto Libertador. Estos dos últimos en el departamento de Córdoba.

Esta hipótesis la presentó el diario El Espectador en una noticia del 31 de marzo del 2019, al informar que los grupos armados ilegales estaban desplazando alrededor de 1.700 personas del municipio de Puerto Libertador, buscando desocupar todo el sur de Córdoba.

El informe de prensa explica que aparte de los intereses por los cultivos ilícitos y tensiones por la tierra, el factor de proyectos mineros estaba generando que los grupos armados ilegales estuvieran también desplazando a sus habitantes. Para argumentarlo, citaban un informe de la Defensoría del Pueblo que planteaba la relación de la expulsión de las personas con la explotación de títulos mineros a cielo abierto[2]:

“En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”.

Gran parte de los títulos mineros que afectaban a Puerto Libertador y presentados en la noticia, también afectan a los municipios de Taráza, Cáceres y San José de Uré. Son en total 47 títulos mineros, gran parte de ellos de carbón, níquel, oro y otros derivados como lo muestra el siguiente mapa.

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La empresa supuestamente beneficiada por el desplazamiento de personas en Puerto Libertador es Minerales de Córdoba, filial de la empresa canadiense Córdoba Minerals.

En relación al municipio de Taráza y Cáceres donde hay alrededor de mil personas desplazadas, las empresas que probablemente se beneficiarían serían: Cerro Matoso, Grupo Penca, Juan Manuel Ruiseco V. y CIA S.C.A y tienen alrededor de 18 mil hectáreas incluyendo otros municipios como lo muestra el círculo rojo del mapa.

Presentamos los títulos más grandes y sus dueños:

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Adicionalmente, hay otro dato curioso, en estos dos municipios están 13 de los 18 predios rurales en extinción de dominio que hay en el Bajo Cauca[3] y gran parte de ellos entregados por los exjefe paramilitares para reparar a las víctimas.

Los predios están en las veredas Pecoralia, Rancho Viejo y El Rayo en Tarazá y en la vereda Puerto Bélgica en Cáceres.[4] El siguiente mapa y tabla muestra la ubicación y sus nombres de las fincas:

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Por estas dos razones, en el debate de la Asamblea Departamental se le proponía al Secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, hacer control presencial sobre las veredas que están siendo afectadas por los títulos mineros y de los bienes en extinción de dominio, ya que más adelante les permitiría impulsar procesos de titulación de predios y proyectos productivos para la población más vulnerable.

Además, se espera que los 5 mil efectivos de la operación Aquiles que supuestamente están en el Bajo Cauca, logren recuperar el control territorial frente a los 500 hombres de los ilegales. Si esto realmente no ocurre, la sensación ante la ciudadanía sería muy grave frente a quién realmente controla el territorio.

Esta posible convivencia entre las fuerzas del Estado y los grupos ilegales para provocar desplazamiento forzados, tráfico de drogas y acaparamiento de tierras, ya la viene alertando el profesor Francisco Gutiérrez del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional en una reciente entrevista en el portal la Silla Vacía[5], al afirmar que “hay una probabilidad real de volver a tener un fenómeno como los paramilitares clásicos’”.

Estás prácticas conjuntas entre la fuerza pública y paramilitares, han sido documentadas en las sentencias de Justicia y Paz, pero en años recientes, concretamente en el 2018, se han presentado capturas de integrantes de la Policía vinculados a estructuras ilegales como el Clan del Golfo.

Uno de estos casos fue el del Mayor Héctor Fabio Murillo en Urabá, condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir porque usando su cargo institucional trasladó a Luis Fernando Padierna Peña alias “Inglaterra”, segundo hombre fuerte del Clan del Golfo, desde Antioquia a Catatumbo; Además, servía de enlace para la entrega de armamento corto[6] y tenía a su nombre propiedades de la misma organización[7].

Por estas razones, el reto de la actual administración departamental es demostrar la capacidad de articular toda la oferta institucional que tiene el Gobierno Nacional y la Cooperación Internacional en el territorio, pero adicionalmente, fortalecer que la intervención de la Policía y el Ejército, estén bajo los máximos estándares de defensa de los derechos humanos evitando la cooptación de sus integrantes por parte de grupos ilegales.

Notas.

__________________________________________________________

[1] https://www.elcolombiano.com/especiales/los-caparrapos-la-amenaza-del-bajo-cauca#.XjAmNGPqGXQ.twitter
[2] La violencia está despoblando el sur de Córdoba. Marzo 31 de 2019. https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-violencia-esta-despoblando-el-sur-de-cordoba-articulo-857821
[3] Gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, ¿dónde están los bienes en extinción de dominio de Antioquia? Parte (I). Noviembre 4 de 2019. https://www.sur.org.co/gobernador-luis-perez-gutierrez-donde-estan-los-bienes-en-extincion-de-dominio-de-antioquia-parte-i/
[4] Esta información es construcción propia con base a las sentencias de Justicia y Paz.
[5] ‘Hay una probabilidad real de volver a tener un fenómeno como los paramilitares clásicos’. Enero 26 de 2020. https://lasillavacia.com/silla-academica/universidades-publicas-convenio-ford/hay-probabilidad-real-volver-tener-fenomeno
[6] La Chiva de Urabá. Edición 672 del 9 de mayo del 2018.
[7] La Chiva de Urabá. Edición 684 del 20 de Julio del 2018.
Carlos Montoya, Comunicador Social-periodista de la Universidad de Antioquia. Master en estrategias de ordenamiento territorial y recursos naturales de la Universidad de Oviedo.

tomado de: https://www.sur.org.co/la-tierra-es-un-factor-en-disputa-en-el-bajo-cauca/

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