Por: Centro de información sobre Empresa y Derechos Humanos
La debilidad de las instituciones estatales, los grupos armados y las economías ilegales contribuyen a hacer de Colombia un lugar peligroso para los defensores y las defensoras (los/as DDH) de los derechos humanos. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto en este análisis es el papel de las empresas legítimas en el agravamiento de los ataques contra los/as DDH, la escala y el alcance de los ataques a los que ellos y ellas se enfrentan, debido a las preocupaciones que suscitan estas empresas y, el potencial de las empresas de contribuir de forma significativa a la protección de los/as DDH, incluyendo la creación de un entorno propicio para la protección de los derechos humanos.
Michel Forst, relator especial de la onu sobre la situación de los defensores de los derechos humanos En mi viaje a Colombia en noviembre de 2018, conocí a gente común y corriente que hacía cosas extraordinarias.
Madres y padres que aseguraban que el agua potable de sus familias no esté contaminada, comunidades indígenas que protegían sus hogares y medios de vida, trabajadores salvaguardando su dignidad.
Pero, todos ellos se enfrentaban a graves consecuencias por haber hablado. Durante mi visita, recibí docenas de testimonios de violencia generalizada y extrema contra líderes sociales, dirigentes comunitarios y agricultores, en su mayoría indígenas, afrocolombianos y mujeres defensoras de los derechos humanos.
En un país que ha pasado la página de décadas de violencia armada, quienes trabajan por la realización de los derechos humanos y la construcción de la paz son objeto de ataques persistentes mientras que los culpables gozan de impunidad.
La debilidad de las instituciones estatales, los grupos armados y las economías ilegales contribuyen a hacer de Colombia un lugar peligroso para los defensores y las defensoras (los/as DDH) de los derechos humanos. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto en este análisis es el papel de las empresas legítimas en el agravamiento de los ataques contra los/as DDH, la escala y el alcance de los ataques a los que ellos y ellas se enfrentan, debido a las preocupaciones que suscitan estas empresas y, el potencial de las empresas de contribuir de forma significativa a la protección de los/as DDH, incluyendo la creación de un entorno propicio para la protección de los derechos humanos.
La presente investigación deja claro este vínculo. Las empresas que hacen negocios en Colombia deben darse cuenta de que su mera presencia puede ser suficiente para desencadenar una serie de acontecimientos que lleven a que una defensora o defensor de los derechos humanos sea asesinado, torturado, violado o amenazado.
Hacer negocios sin el debido cuidado de las comunidades y los trabajadores -incluso al no consultar a las comunidades o no tener mecanismos de reclamación accesibles- sólo hace más probable el silenciamiento brutal de sus representantes.
En algunos casos, las empresas pueden, incluso, sentir que se benefician de la represión a los activistas y del debilitamiento de los mecanismos de protección.
Esta es una forma de pensar miope. Los/as DDH y las empresas ocupan un espacio compartido y se enfrentan a amenazas comunes. Las empresas pueden y deben actuar ahora para escuchar y atender las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos, comprometerse a tener una tolerancia cero frente a la violencia contra ellos/as en sus cadenas de suministro y hablar en voz alta para proteger a los defensores cuando son atacados.
El Gobierno colombiano ha dado el paso positivo de aprobar el proceso de construcción de una Política Pública Integral de Respeto y Garantías a la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos, en mayo de 2019.
Dada la nueva evidencia en este informe, sería negligente no recordar al Gobierno que debe prestar especial atención al papel de las empresas en sus esfuerzos por detener los asesinatos y ataques contra los defensores de los derechos humanos.
Recomendaciones
A todas las empresas que operan en Colombia:
▌ Las empresas deberían adoptar un enfoque de tolerancia cero respecto de las represalias y los ataques contra los/ as DDH, no sólo en sus operaciones sino también cuando están vinculadas a esos ataques a través de su cadena de valor y sus relaciones comerciales.
▌ Implementar procedimientos de diligencia debida para la prevención de daños y abusos de los Derechos Humanos de las personas, las comunidades y el medio ambiente, reconociendo explícitamente los riesgos para los/as DDH. Las empresas que invierten o trabajan en zonas y/o sectores con altos niveles de ataques deben dar prioridad a los riesgos para los/as DDH en su debida diligencia en materia de Derechos Humanos y actuar de forma coherente con los hallazgos;
▌ Respetar las consultas populares, el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado; y apoyar las evaluaciones y consultas sobre Derechos Humanos y medio ambiente dirigidas por la comunidad, que reflejen las aspiraciones de las comunidades locales.
Al Estado colombiano:
▌ A la Defensoría del Pueblo: Incorporar la dimensión empresarial en el monitoreo y alerta sobre ataques a los/ as DDH por parte del Sistema de Alertas Tempranas para que se puedan hacer recomendaciones sobre el tema al gobierno nacional.
▌ A la Fiscalía General de la Nación: Profundizar la investigación de los ataques a los/as DDH más allá de la identificación de los actores materiales y establecer la responsabilidad directa e indirecta de las empresas posiblemente relacionadas.
▌ A la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior: Reconocer las diferencias en las necesidades de los/as DDH, respecto de sus etnias, géneros, estatus rural versus urbano y otras características, y crear medidas de protección colectivas e individuales, en base a enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales. De este modo, se superará el actual enfoque de securitización y centrado en las zonas urbanas, y se creará un sistema integral centrado en la prevención de los ataques.
▌ A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: Promover la incorporación efectiva de las recomendaciones del Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y otros mecanismos de Derechos Humanos en el Plan de Acción Nacional sobre los Derechos Humanos y las empresas.
Respetar y promover los mecanismos contenidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como también en los instrumentos obligatorios, que incluyen garantías explícitas y medidas de protección efectivas para los/as DDH, de modo que respondan al contexto actual.
