EPM en el Abismo

¿Por qué EPM ha prevalecido como una empresa pública, mientras sus pares en otras ciudades del país han desaparecido o se han privatizado? El ecosistema público privado, con reglas claras y control para que la clase política no la depredara con objetivos clientelistas, ha permitido que así suceda

El campo de batalla para el alcalde de Medellín no es la seguridad, no es el covid, que fue noticia mientras los contagios estaban bajos y los tests también. El campo de batalla es EPM, una empresa que vale 55 billones de pesos y genera entre 3 y 4 billones en ganancias, transfiriendo 1.5 billones al presupuesto de la ciudad. Por eso se dice que es muy difícil ser mal alcalde en Medellín, hay plata y gastos en publicidad enormes.

¿Por qué EPM? Porque es un tema neurálgico y mediático, y el alcalde, con la ayuda del gasto social financiado por las transferencias y la publicidad, está emprendiendo una campaña nacional para posicionarse como el candidato presidencial que se enfrentó al Grupo Empresarial Antioqueño y los venció en su propio terreno. Les quitó el control de EPM, al mismo tiempo que impulsa una agenda oculta para convertirla en campo de negocios, diferentes a los servicios públicos, para dar cabida a quién sabe qué inversionistas o intereses.

Los hechos

El alcalde Quintero Calle nombró el 2 de Enero al Gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, abogado y político conservador de las todas de los Valencia Cossio, y sin trayectoria empresarial. El nombramiento no cayó muy bien en el empresariado antioqueño y las organizaciones voceras de su opinión, como Pro-Antioquia y Cámara de Comercio.

Además, el nuevo Gerente procedió a hacer cambios administrativos en seis de sus vicepresidencias, sacando a miembros de la antigua tecnocracia de EPM y nombrando mayoritariamente abogados en ellas. Por otro lado, Quintero radicó el 1 de julio ante el concejo de Medellín la petición de facultades extraordinarias para modificar el objeto social de EPM.

¿Turismo, venta de data, riegos y drenajes, etc.? ¿Si Quintero está tan interesado en al 4ª revolución industrial, por qué no saca a UNE que es la plataforma para hacer de Medellín el “valle del software”, de la fusión con Millicom?

Esta propuesta no fue bien recibida, ni en los medios, y mucho menos entre los conocedores de EPM, como los exgerentes que se manifestaron en contra. El 9 de julio se retiró la petición por parte del Alcalde y la ciudad respiró aliviada, pero ese alivio no duraría mucho, con la promesa de llevar la propuesta de cambio a través de mesas de trabajo, conformadas por diversos sectores sociales, en octubre próximo, “para construir juntos el futuro de nuestra EPM”.

El 11 de agosto, la Junta de EPM –ocho de sus miembros exceptuando al alcalde– presentó renuncia a su representación que fue aceptada, sin muchas dilaciones. El motivo principal es que la Junta no había sido consultada en las decisiones importantes de EPM, como el proyecto de cambio de objeto social, así como la demanda por 9.9 billones de pesos que entabló EPM al consorcio constructor de Hidroituango, demanda que fue rechazada por la propia Junta. Así se expresan: “Señor alcalde, al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la junta directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de esta”.

Sin embargo, Quintero Calle alega que la Junta si fue consultada en dos ocasiones pero que dijeron no a la demanda, y que dicha negativa tenía su origen en conflictos de intereses de los miembros de la Junta con la empresas demandadas.

“No me queda bien afirmarlo de forma taxativa, pero obviamente algunos miembros, lo sabe Medellín entera, hicieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados” le dijo Quintero a El Tiempo. “No le queda bien”, pero lo dijo. ¿Por qué a esos miembros con conflictos de intereses no los sacó de la Junta en enero, si así era el asunto, y en cambio los ratificó? Solo reemplazó a dos miembros en enero, y luego sacó al diligente vocal de los usuarios de servicio públicos Alberto Arroyave. En total, solo cambió a tres de 8 miembros.

De manera simultánea también la Junta directiva de Ruta N, la institución municipal encargada de la promoción de la investigación e innovación en Medellín, renunció ante el cambio discrecional por parte del Alcalde de su Director, desconociendo a la Junta en esta decisión. Según se ha sabido, después, el director se habría opuesto a nombrar personas recomendadas por la administración municipal (Natalia Zuluaga Rivera).

¿Qué pretendía Quintero Calle al desconocer la opinión de la Junta en temas tan trascendentales? El alcalde se escuda en el hecho de que como la demanda involucraba empresas que están relacionadas con el GEA, al igual que algunos miembros de la Junta, esto se constituía en un impedimento para consultarla.

¿Quería Quintero Calle, al no consultar a la Junta, presionarla a renunciar? En enero pudo sacarlos, no lo hizo, pero eran tiempos en que nadie pensaba en lo que se venía con el covid-19. ¿Está Quintero calle usando la cuarentena como coyuntura, que no es favorable para la movilización ciudadana y política, para cambiar la Junta completamente y llevar a cabo su “agenda oculta” en EPM?

El Napoleoncito, como lo llama Héctor Abad, haciendo honor al personaje histórico, declara con bríos: “puedo cambiar a los miembros de junta si quiero (...) Si no me gusta un miembro de junta, lo cambio”. ¿Junta de bolsillo? Eso fue lo que hizo con Alberto Arroyave.

Los efectos

Uno de los efectos inmediatos de la renuncia de la Junta y la aceptación de ella por parte del alcalde, fue la reacción de las agencias de riesgo que disminuyeron su calificación con “perspectiva negativa”, quedando EPM a un paso de perder el grado de inversión. Esta disminución de las agencias significa un encarecimiento de la deuda, ya sea a través de la venta de bonos o de crédito, con tasas de interés más altas, además que se arriesga a que los bancos demanden el prepago de la deuda debido al cambio de calificación. También, Asofondos le recordó al Alcalde que las AFP colombianas tienen 3 billones de pesos en bonos de EPM en sus portafolios de inversión, dineros que son de los cotizantes a pensiones y que pueden perder valor.

Además, hay que tener en cuenta que al insistir en que la culpa en Hidroituango es de los diseñadores y constructores, y no tiene su origen en una contingencia natural, los reembolsos a favor de EPM por parte de las aseguradoras, Mapfre por ejemplo, que se estaban entregando, ahora se suspenden al considerar que EPM ya halló a los culpables. En este sentido, Quintero se alinea con el exgobernador Luis Pérez que también amenazó a EPM con demandarla por sumas billonarias, como socio mayoritario –por dádiva de la propia EPM en cabeza del entonces gerente Federico Restrepo- que es el departamento de Antioquia en la Sociedad Hidroituango.

Además, hay que tener en cuenta que el proyecto constructivo no ha terminado, y que la demanda en contra del consorcio constructor puede demorar aún más su terminación, poniendo en veremos su entrada en operación, con aumentos de costos de lucro cesante, etc. Los propios constructores le recuerdan al Gerente de EPM que el último contrato de obra termina “el próximo 31 de diciembre, fecha en la cual culminarían nuestras obligaciones contractuales”.

En este sentido, ¿qué matriz de riesgos construyó Quintero y su Gerente sobre las posibles consecuencias de su demanda ante los tribunales? Al parecer olvidaron no solo las buenas prácticas del gobierno corporativo de EPM, desconociendo a la Junta en asuntos de vital importancia, sino también las reglas elementales del mercado de capitales y las reglas de las aseguradoras.

En cuanto a la nueva Junta a nombrar, Quintero se va de lenguas y afirma que: “Esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA, (…) todo alcalde tiene derecho a tener una junta sobre la que, siendo independiente, pueda tener confianza”. La confianza se da al nombramiento, la independencia es una práctica que se reafirma día a día frente a quien los nombró.

Sin embargo, el Sindicato Antioqueño, luego conocido como Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), fue formado por los capitalistas paisas para hacer frente a la toma de las empresas antioqueñas por parte de los capitales de otras regiones del país, especialmente para enfrentar a los Grupos Grancolombiano, Santodomingo, y Ardila Lulle.

En la nueva junta de EPM se han nombrado a cuentagotas, a pesar de que Quintero había prometido que el viernes 14 de agosto se tendrían completos los nombramientos de los 8 integrantes, pero solo ha entregado cinco nombres hasta ahora.

Entre los nombrados están: el abogado Alberto Preciado Arbeláez, pero que ya renunció por conflictos de interés entre su pertenencia a la Junta y sus relaciones actuales con otras empresas, como el grupo Valoren, de la familia Santodomingo. También se nombró al abogado Jorge Iván Palacio, que fue presidente de la Corte Constitucional y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sandra Suárez es la tercera nombrada, Gerente General de Publicaciones Semana, del Grupo Gilinski, grupo adversario del llamado GEA, y con el cual tuvo un conflicto jurídico de vieja data.

A estos nombres se agregan Luis Fernando Rico, expresidente de Isagén; Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, economista ortodoxo, neoliberal y privatizador; y Omar Flores Vélez, exalcalde de Medellín y que fue congresista por dos periodos en representación de Cambio Radical, el partido de German Vargas Lleras. Es decir, faltan por nombrar 3 miembros que son “escogidos por el Alcalde de Medellín, entre los vocales de control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios”.

Defensor de oficio

Sin embargo, salió en defensa de Quintero, un eximio descendiente del “notablato” de la familia Lleras que ha llenado las páginas de los libros de la historia colombiana, German Vargas, criticando al “notablato paisa”. Claro, no todos los Lleras son hombres de estado como Carlos que fue derrotado, en su segunda aspiración presidencial en 1974 y en 1978 por la alianza turbo-lopista de gamonales costeños, y desde entonces el país se ha ido para atrás como el cangrejo.

Lo que debe saber Vargas es que en Antioquia nunca hubo una aristocracia, recién envejecida como en Bogotá, que se remonte a los encomenderos. No, aquí el empresariado se hizo a pulso con los negocios, minería, tabaco y café. Esta última, fue el resultado de una hazaña popular campesina, conocida como la colonización antioqueña, que se extendió por todo el suroccidente colombiano hasta Sevilla (Valle). Solo así, con los ingresos generados por el café, que sustentaba el mercado interno de la manufactura y servicios asociados, el empresariado innovador asumió la industrialización de Medellín, trayendo equipos e insumos a lomo de mula y ferrocarril. Nada aristocrático, gente común y silvestre, que se ensuciaba la manos.

Aquí en Medellín hay un ecosistema empresarial propio, sustentado en el “aprender haciendo” y en las universidades que empezaron en la última parte el siglo XIX, como La Escuela Nacional de Minas, a formar ingenieros con capacidades gerenciales, como el nada aristocrático, descendiente de artesanos, Alejandro López (1876-1940), que enseñó en su cátedra de Economía Industrial los métodos “científicos del trabajo” como los fayolianos y taylorianos, propios de la moderna manufactura de principios de siglo. Además, fue Gerente de la Mina del Zancudo, también de la federación de cafeteros y candidato frustrado a la presidencia de la República, por el liberalismo. Le ganaron los aristócratas bogotanos, los mismos que ahora nos hablan de “notablato paisa”.

En general, casi todos los gerentes de Antioquia eran formados en la Escuela de Minas, como Nicanor Restrepo y otros, pero luego empiezan a egresar de las universidad Eafit, a partir de los años 60, nuevas generaciones de gerentes y hombres de negocios, al igual que de otras universidades locales.

EPM, una empresa pública que tiene 65 años, nació y surgió en este ecosistema empresarial y técnico, reclutando ingenieros de altas calidades, que fueron la base del capital humano, y del desarrollo de EPM.

Por estas razones, no es nada del otro mundo, que en este ecosistema empresarial se encuentren cruces de amigos, universidades o de cualquier orden, como se encuentran en Silicon Valley. Sin embargo, lo importante es: ¿por qué EPM ha prevalecido como una empresa pública, mientras sus pares en otras ciudades del país han desaparecido o se han privatizado? El ecosistema público privado, con reglas claras y control para que la clase política no la depredara con objetivos clientelistas, ha permitido que así suceda.

Por supuesto, muchos errores se han cometido, y no solo los que relata Vargas LLeras, como los sobrecostos en Porce III; la construcción de la hidroeléctrica Bonyic (Panamá); así como los sobrecostos asociados a la contingencia de Hidroituango, que implican a varias empresas antioqueñas.

También se han cometido otros errores que han costado dinero, como la compra del 50 por ciento de Orbitel a socios privados por 90 millones de dólares, sin que valiera casi nada, la compra de Aguas de Antofagasta (Chile), por casi 1000 millones de dólares, y que no han podido vender; al igual que la fusión UNE-EPM-Tigo- Millicom con un costo todavía por calcular, pero que ha sido una decisión ruinosa para EPM; al igual que la venta del parque eólico Los Cururos (Chile) a un precio menor al de compra en casi 90 millones de dólares. Sin embargo, dudo mucho que Vargas Lleras se hubiera manifestado sobre estos asuntos antes.

Sin embargo, los errores del pasado no se van a corregir con una demanda precipitada con costos altísimos, reputacionales y económicos, para EPM. El Alcalde en vez de crear valor, lo está destruyendo.

Por otro lado, frente al panorama creado por parte del Alcalde Quintero y que llevó a la Junta a renunciar en bloque, ya han salido propuestas privatizadoras, como la hecha por Juan Felipe Gaviria y que fue derrotada, como es la de convertir a EPM en un sociedad por acciones para hacer una democratización accionaria, y poder así no solo cambiar su marco corporativo de público a privado, sino también para que pueda recibir “recursos frescos”. Pero no es el momento de hacer esta propuesta, dice Semana.

Esta revista, con Sandra Suarez como miembro de la Junta de EPM, no escatima elogios para Quintero: “ha demostrado ser un hombre inteligente, carismático y de carácter”, y “tiene ahora en sus manos la tarea de recomponer las grietas, tender puentes, generar confianza y mandar mensajes de tranquilidad”. Semana le dedicó la carátula y tres artículos centrales a Quintero Calle en la edición de agosto 16 de 2020. Amor con amor se paga.

Sin embargo, Semana recomienda al empresariado antioqueño que se trague todos los sapos sin respirar: “el sector privado tiene la responsabilidad de acompañar esta nueva etapa, aún con las diferencias que se presenten en el camino”. ¡Oigan a mi tío!

Por su parte, El Colombiano, en su editorial de agosto 12, coloca el origen de la crisis en “el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, (que) con su liderazgo, o falta del mismo, han destruido un gobierno corporativo ejemplar que han respetado históricamente alcaldes y gerentes con independencia de sus ideas políticas. Hoy ellos son responsables de haber creado una crisis sin precedentes poniendo en riesgo un proyecto de los antioqueños que acaba de cumplir 65 años”.

En consecuencia, dado que “el gerente ha olvidado que las lealtades del líder de una empresa están con ella y no con agendas políticas. Por respeto a los accionistas, que son cada uno de los antioqueños, al legado de sus antecesores y al futuro de EPM, debe renunciar”.

Bueno, ¿qué esperan?

Tranquilos, apenas vamos en los primera parte. Pero como recomendaba Cortázar en su libro Rayuela, no importa el orden en que se lee un libro. Al final es el mismo libro.

tomado de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-paisa/epm-abismo-76986

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