Enfoque de derechos en afectaciones económicas por causa del "Desarrollo Urbano" Medellín

Linea Territorio y despojo

Por; Hernan Martínez*

Podría resaltarse la afirmación de Alain Musset para quien “El engaño fundamental es pensar que las injusticias sociales pueden eliminarse actuando sobre las formas urbanas”, estrategia que puede leerse entrelíneas de la manera en que se ha dado y fundamentado la transformación urbana en esta ciudad.

 

 

metro desplaza

Queremos destacar, a partir de todo lo escuchado (1) que es fundamental reivindicar un enfoque de derechos sobre las intervenciones en el territorio que generan afectaciones y alteraciones a las dinámicas social ales, económicas y culturales de las comunidades. Generalmente ese enfoque de derechos, del cual la institucionalidad también se ha apropiado, ha sido esencialmente compensatorio, es decir, acepta las desigualdades generadas por el desarrollo de tipo neoliberal y nada hace por contrarrestar el expolio y agudización de la pobreza de los barrios y sectores populares que solo ven compensados sus perjuicios en términos económicos.

 

 

 

Podría resaltarse la afirmación de Alain Musset para quien “El engaño fundamental es pensar que las injusticias sociales pueden eliminarse actuando sobre las formas urbanas”, estrategia que puede leerse entrelíneas de la manera en que se ha dado y fundamentado la transformación urbana en esta ciudad.

En términos políticos, ese enfoque de derechos, siguiendo, entre muchas otras perspectivas las de Nancy Fraser, también apela a la participación en un escenario de la ciudad planeada con pilares neoliberales de desigualdad. La participación que implica fortalecer el lazo social solidario y reconocer en los actores sociales una condición política que exige y demanda ser parte del desarrollo. Incluso, reconociendo que las dinámicas sociales y económicas populares no están abocadas fundamentalmente por la racionalidad capitalista de la maximización del cálculo lucrativo, sino de la reivindicación de poder de incidencia a partir de estrategias de supervivencia que constituyen gran parte de los territorios de la ciudad.

En términos jurídicos, ya la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones (ente ellas la sentencia C – 750 de 2015), específicamente en los temas de reparación y restablecimiento de derechos en asuntos de impactos por desplazamiento por obras de desarrollo, gestión del riesgo y renovación urbana que la reparación es integral. Este tribunal ha indicado sobre estos asuntos que en el equilibrio de las cargas públicas y el cumplimiento de finalidades constitucionales significan que el juez y la administración deben sopesar las circunstancias de cada caso para tasar la indemnización. Los impactos negativos deben ser restablecidos donde se debe tener en cuenta el contexto en que se encuentra el afectado, los derechos en discusión y su condición

Igualmente, queremos reiterar que el asunto de clase y de desigualdad no es una mera coincidencia. Las obras de desarrollo, las políticas de gestión del riesgo de desastre y buena parte de los programas de renovación en la ciudad de Medellín tiene como patrón su ubicación sobre lugares depreciados mediante instrumentos ficticios de asignación del valor del suelo, territorios sometidos a ausencia deliberada del Estado para promover nuevas formas de reciclar el espacio urbano a costa de sus pobladores, lugares de borde urbano – rural y periferias que reciben cientos de familias que en el mercado formal nunca podrán encontrar solución a su necesidad de vivienda, territorios con economías informales (de vivienda y actividades económicas y culturales) que se consideran un obstáculo para el uso racional del espacio y que plantean convenientemente que no habrá que compensar impactos por valor del suelo en tanto carecen de título de propiedad; en ese sentido, si, hay un patrón que ha desplegado las intervenciones de desarrollo y control territorial sobre espacios empobrecidos que ya padecen de desigualdades y que el Estado utiliza convenientemente para generar desarrollo de la mano con políticas urbanas compensatorias que nunca terminan por configurar una ciudad democrática sino donde sus gobernantes gestionan la pobreza.

Ante el escenario de la recientemente reglamentada Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas surgen varios interrogantes y algunas reflexiones todavía preliminares. ¿La participación y la reparación y restablecimiento de derechos de manera integral será una realidad y se materializará un enfoque de derechos? ¿O será un instrumento simplemente compensatorio de tipo economicista? Más allá de las palabras, el discurso y los complicados términos técnicos de esta política pública el escenario no es diferente del que ya existía previamente al Acuerdo 145 de 2019, las formas compensatorias prevalecen con ausencia profunda de participación y los moradores afectados son simples eslabones problemáticos del desarrollo que deben ser atendidos mediante erogaciones económicas que le sustraen de la capacidad política de proponer sobre y en el desarrollo de su ciudad y de la capacidad de disputar el sentido del territorio y sus dinámicas económicas populares.

Entre otros asuntos, se evidencia un gran desbalance entre los organismos que crea la política pública, por un lado están el comité técnico y el comité intersectorial que tienen en la mano as decisiones fundamentales sobre las estrategias de reparación y reasentamiento, pero en ambos casos solo son conformadas por la institucionalidad. De hecho llama la atención el nombre de uno de los comités, el “intersectorial” que por definición hace referencia a actores e intereses múltiples, en este caso, no solamente los de la alcaldía, pero que al contrario, esta presidido por el Alcalde y coadyuvado por secretarias de despacho. La información derivada de las fichas y censos socioeconómicos solo será validada por la institucionalidad; las estrategias de reparación y reasentamiento no son co-construidas con comunidades, solo ocurre una especie de extractivismo de información donde la alcaldía saca la información de las comunidades y a estas solo les cabe esperar por los resultados sin posibilidad de contradicción o proposición alternativa,

Una situación particular ocurre, por ejemplo, con las compensaciones para las actividades económicas, donde existe una diferencia no justificada constitucionalmente entre economías formales e informales donde a la primera se le reconoce una indemnización por lucro cesante sin límite en su reparación y a las informales de hasta 22 smlmv demostrando que la economía informal constituye para el Estado una “anormalidad” que debe ser desestimulada desconociendo que es lo que mueve gran parte del desarrollo de la ciudad desde el más pequeño eslabón hasta el mas grande y que, principalmente, es un campo de configuración democrática en muchas ocasiones para quienes la ejercen, de nuevo: estamos ante una política urbana compensatoria que no cambia sustancialmente lo que ya existía.

En cuanto al hechos de protección en el plan de gestión social, queda claro en el tema del reasentamiento en sitio que es una decisión de voluntad institucional y no una obligación que incluso haría inviable la obra de desarrollo o el programa de renovación urbana como lo planteaba la Universidad Nacional en el documento de 2018 que sirvió de base para la formulación de la política pública.

Paradójicamente la obra o la renovación urbana siguen siendo el fin principal de la política pública que pretende establecer mecanismos de protección con enfoque de derechos para los moradores y comerciantes afectados.

Las estrategias de reasentamientos y restablecimiento de derechos no se despliegan de manera completa previa a la construcción de la obra o la renovación. La intervención va dependiendo del avance de la proyección y construcción de la obra implementando mecanismos de coerción a los moradores que se ven arrinconados por aceptar lo que se les ofrece y renuncian por lo dramático de la situación a defender colectivamente sus derechos.

Esto agudiza su precaria situación y su alta vulnerabilidad, esa situación no cambia con la política pública ni con la reglamentación. De hecho la reglamentación lo que hace, es restringir las pocas posibilidad y avances que el Acuerdo 145 establecía, dejando claro que una política pública es un instrumento de gobernanza a la sombra de la jerarquía como mecanismo perverso de castración de la acción social colectiva, la administración, entonces, excedió constitucionalmente sus competencias reglamentando más allá de lo permitido para estas funciones que tienen como fin resolver lugares vacíos y no tornando en ineficiente el contenido de la norma que el mismo reglamento quería reglamentar, revisaremos la posibilidad de acompañar todos estos ejercicios con acciones judiciales de nulidad de dicho acto administrativo.

En definitiva, es necesario que se conserven las prácticas tanto sociales como económicas correspondientes de cada territorio, mediante en un efectivo y previo reasentamiento en sitio, ya que en ningún espacio de la política pública de protección a moradores se ha tenido de presente y su carencia representa unas fuertes repercusiones difíciles de resarcir. Igualmente se debe incorporar el enfoque de sostenibilidad social en los términos de evaluar la factibilidad misma de la obra condicionada al reasentamiento en sitio o en un entorno cercano.

En los programas de renovación urbana, la viabilidad de la política pública depende de un operador urbano, no de la Alcaldía que es el encargado de tomar las decisiones y acciones urbanísticas. Un asunto peligroso, adicional a los expuestos anteriormente sobre este asunto, es que la carga económica que se asocia al programa de reasentamiento no dependerá directamente de la administración municipal, ni del operador, sino que depende de las valoraciones financieras que hace el constructor del proyecto toda vez que estos valores hacen parte de las condiciones que deben cumplir los privados que van a ejecutar la obra pública o el proyecto de renovación urbana.

En ese sentido, si los costos del reasentamiento fueron mal calculados no existiría responsabilidad administrativa, política o jurídica de la Alcaldía, sino de un privado, entendiendo que las reclamaciones a los privados escapan de cualquier deliberación pública y los escenarios de discusión judicial no se circunscriben a lo estatal, sino a cálculos económicos que los moradores no manejan; así, el asunto público del desplazamiento por obra pública y renovación se convierte en un tema de ganancias y pérdidas, perdiendo cualquier dimensión política y constitucional con enfoque de restablecimiento de derechos.

La política pública de moradores propuesta por la Alcaldía de Medellín no incluye la “prevención” sobre sus impactos subjetivos, esto es, los impactos psicológicos, sociopolíticos y simbólicos.

El desconocimiento de los impactos subjetivos de una política pública tiene como consecuencia la afectación de los derechos de las personas (que es justamente lo que pretende proteger la política pública). El desarraigo, la afectación de la vida comunitaria y del tejido social son solo algunos de esos impactos negativos que la política pública de moradores que se discute actualmente ignora y deja al azar.

La administración seguramente se escudará en el argumento que dicha reglamentación fue sometida a la discusión pública antes de su adopción, sin embargo, que eso haya ocurrido no quiere decir que la administración no actúe sobre la base de que eso es un “simple tramite” para evitar mayor malestar y descontento social.

NOTAS

1 Análisis presentado en la tercera sesion de la Mesa de interlocución Victimas del Desarrollo - Administración Municipal de Medellín, realizada el 30 de octubre de 2021 en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura 

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