Los profundos daños sociales y ambientales del Carbón. Informe Comisión Accidental Senado (Colombia)

La Comisión Accidental de seguimiento a la actividad minera de carbón escuchó a las comunidades de la Guajira y Cesar

Informe Preliminar presentado a la Plenaria del Senado de la República, sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido entre julio-diciembre 2021.

I. Contexto.

El caribe colombiano en especial los departamentos de la Guajira y el Cesar, han perdido su vocación productiva, y han visto cómo se han afectado los usos y costumbres de las culturas ancestrales, en particular, de los pueblos indígenas que allí habitan debido al auge de la actividad minera en la región. Más de treinta (30) años después y ante la existencia de diversos fallos jurídicos y movilización ciudadana han quedado en evidencia los grandes impactos ambientales, económicos, culturales y sociales ocasionados en estos territorios concesionados a las grandes multinacionales extractivas.

Los beneficios económicos de la actividad minera son muy cuestionables. Según la CEPAL, la pobreza es mayor en los municipios con minería que en aquellos sin minería, en países como Colombia, México y Perú. Esto basado en el análisis del índice de necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional para el periodo de 1993 a 2005.

Es por esta razón, que, ante la proposición radicada en la plenaria por parte de senadores y senadoras de la Bancada Alternativa, el ocho (8) de septiembre de 2021, la mesa directiva del Senado de la República expidió la Resolución 037, mediante la cual se crea la Comisión Accidental para el seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón en el Caribe colombiano (en adelante la Comisión Accidental). La Comisión fue creada con el propósito de estudiar y revisar, junto con la sociedad civil y la academia, los impactos causados por los proyectos carboníferos en el marco de las obligaciones estatales.

Los senadores Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Wilson Arias, Sandra Ramírez, Feliciano Valencia, Aida Avella, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Jorge Eduardo Londoño y Jesús Alberto Castilla son los integrantes de la Comisión Accidental de seguimiento y verificación de la actividad minera de carbón a gran escala en el Caribe Colombiano y mediante proposición aprobada el veintinueve (29) de septiembre de 2021, determinaron desarrollar dos (2) audiencias públicas sobre la actividad minera en los departamentos de la Guajira y el Cesar, señalándose que estas estarían:

“(…) enfocadas en garantizar, fundamentalmente, la participación de las comunidades y sectores sociales afectados por la minería de carbón en esos departamentos.

Estos espacios de participación se realizarán de forma separada y estarán integrados por un número variado de actores, entre los que destacan las comunidades de pobladores afectados por la actividad minera, trabajadores sindicalizados de la región, académicos y expertos técnicos, las organizaciones sociales y ambientales, y todos

aquellos quienes han tenido o tienen relación directa con las actividades carboníferas desarrolladas en ambos territorios (…)”.

Las y los senadores que conforman la Comisión Accidental con el desarrollo de este tipo de actividades buscan diseñar una hoja de ruta que permita atender las preocupaciones sobre los crecientes daños ambientales, económicos, culturales y sociales derivados de la actividad minera de carbón en el caribe colombiano. Preocupaciones que aumentaron ante los incumplimientos que reiteradamente han denunciado las comunidades de la Guajira sobre la decisión judicial del Arroyo Bruno y/o por el anuncio realizado el año pasado por actores económicos del departamento del Cesar que de forma intempestiva anunciaron su retiro de la región sin la debida planeación y participación de las comunidades; situación que ha ocasionado el despido masivo de trabajadores, la creciente incertidumbre para los pobladores de la región y las preocupaciones sobre los pasivos ambientales y sociales que estas empresas dejan en las áreas de influencia de sus proyectos extractivos.

Por este motivo, se desarrollaron las dos (2) audiencias públicas autorizadas por el pleno de la Comisión Accidental, con el objetivo de escuchar a las comunidades que han sufrido afectaciones sociales, culturales, económicas y ambientales por los efectos que ha causado la actividad minera en los territorios del departamento de la Guajira y el Cesar. Durante ambos espacios también fueron invitados delegados de autoridades del nivel central y regional con competencia en estos asuntos. Producto de esas audiencias, se procede a presentar a la Plenaria del Senado de la República un informe preliminar que recoge las principales conclusiones y compromisos adquiridos por la Comisión Accidental para desarrollar en los primeros seis meses del 2022, tiempo durante el cual se continuarán adelantando diferentes actividades en cumplimiento del objeto dispuesto en la resolución de creación de la referida Comisión. Se anexa a este informe la relatoría de las audiencias en las cuales se encuentran lo expresado por cada uno de los participantes.

II. Audiencia Pública:

1. “La Guajira le habla al país”.

El 28 de octubre de 2021, la Comisión Accidental escuchó en las instalaciones del Congreso de la República a las comunidades y organizaciones sociales del departamento de la Guajira que en el marco de la iniciativa “La Guajira le habla al país”, la cual se habían desplazado a la ciudad de Bogotá, . y quienes exigían mediante la movilización respuestas y acciones eficientes y eficaces para garantizar el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional frente a la modificación parcial del cauce del arroyo Bruno por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited.

Los temas que se trataron en la Audiencia Pública consistieron en:

i) Acciones para garantizar la participación de las comunidades en la mesa de trabajo interinstitucional;

ii) Valoración de la viabilidad ambiental del proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno;
iii) Actualización del Plan de Manejo Ambiental, y
iv) Estado de implementación de las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección de los impactos sociales y ambientales del proyecto.

Así, representantes de los sindicatos, organizaciones y comunidades del departamento de la Guajira expusieron cómo han sufrido afectaciones sociales y económicas a causa del proyecto de modificación parcial del cauce del arroyo Bruno a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, sin que hasta la fecha sus demandas hayan sido atendidas.

De igual forma, en la Audiencia Pública se escucharon las respuestas de las autoridades del orden nacional, departamental y local, entes de control. En ese orden, fueron invitados el Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, Agencia Nacional Minera, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, el IDEAM, la Gobernación de La Guajira, Corpoguajira, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Cabe señalar, que las entidades en su gran mayoría manifestaron su participación o delegaron funcionarios de alto nivel para asistir y responder a las comunidades; no obstante, y pese a la importancia que tiene la ANLA en el tema, se excusaron manifestando que los “funcionarios se encontraban en La Guajira, atendiendo diligencias sobre el tema”, y pese a informarles que era posible su participación a través de una conexión virtual, manifestaron la imposibilidad de asistir a este importante escenario. Señores ANLA, las comunidades de La Guajira están en Bogotá, porque la institucionalidad nacional no ha ido a su territorio, ahora que ellos están acá, ustedes se niegan a venir.

1.1. Proyecto de desviación del arroyo Bruno.

El arroyo Bruno se encuentra localizado entre los límites de Albania y Maicao. Nace en la zona alta de la serranía del Perijá dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca y discurre en una dirección sureste- noroeste en un recorrido de 21 km aproximadamente hasta desembocar en el río Ranchería. Debido a su ubicación, se comporta como un corredor biológico entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicadas a ambas márgenes de la cuenca del río Ranchería.

El arroyo, considerado por el antiguo Esquema de Ordenamiento Territorial de Albania como de “gran potencial hídrico” para “(…) solucionar los problemas de abastecimiento de agua para consumo humano de la población asentada en Manaure, Albania, Maicao y Uribia, debido a su caudal y poca contaminación”, es igualmente significativo desde el punto de vista de los otros servicios ecosistémicos que presta a la comunidad.

La desviación del arroyo Bruno se enmarca dentro del proyecto de explotación carbonífera adelantado por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en el departamento de la Guajira, con el propósito de que se autorizará el incremento en la producción de carbón de 35 a 41 millones de toneladas por año, mediante la aceleración de la explotación de los tajos actualmente en operación y la extensión de algunos de ellos.

Ante la autorización de la desviación del Arroyo Bruno, representantes de comunidades indígenas interpusieron acción de tutela contra autoridades estatales y la empresa minera (Cerrejón) por vulnerar sus derechos fundamentales al agua, a la soberanía alimentaria y a la salud al desviar tres kilómetros del cauce de ese arroyo para expandir las operaciones de minería carbonífera en una región árida del departamento de la Guajira en Colombia.

En el análisis de la Sentencia de Unificación 698 de 2017, la Corte Constitucional determinó que hay incertidumbre relacionada a los impactos sociales y ambientales del proyecto y las posibles amenazas que representa para los derechos de las comunidades afectadas debido a la inadecuada identificación y estimación de variables relevantes antes de la autorización del desvío del Arroyo Bruno. Es por ello que, en su decisión, la Corte protegió los derechos al agua, a la salud y a la seguridad alimentaria de más de 30 comunidades wayuu que dependen del arroyo Bruno para su suministro de agua potable.

Pese a que han pasado casi cuatro (4) años desde que se emitió la decisión judicial unificada por parte de la Corte Constitucional, las comunidades de La Guajira se desplazaron hasta Bogotá para hablarle al país, y es nuestra obligación desde el legislativo y ejecutivo escucharlos y comprometernos con buscar soluciones a la grave problemática social, ambiental, cultural y económica que se vive en la zona por el desarrollo del citado proyecto.

Debido a la inadecuada identificación y estimación de las variables sociales y ambientales descritas por la Corte y las cuales no fueron analizadas en debida forma antes de autorizar el proyecto de desvío del Arroyo Bruno, la Corte determinó que existen varias incertidumbres técnicas que vulneran los derechos al agua, a la alimentación y a la salud de las comunidades que dependen de la cuenca del Arroyo Bruno y los servicios ecosistémicos que brinda.

Entre otros servicios importantes que brinda el Arroyo Bruno se encuentran el agua potable para el consumo humano, y el acceso a recursos forestales y plantas comestibles para las comunidades, que se verá afectado por la reducción y fragmentación del bosque de galería (o de ribera) y la vegetación del Arroyo.

Con todo lo anterior, la Corte ordenó:

● La conformación de una Mesa Interinstitucional (por parte de las entidades que se encuentran citadas en la presente audiencia).
● Que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República ejerzan funciones de vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de las órdenes de esta sentencia en el ámbito de sus competencias.
● Autorizó a la Mesa Interinstitucional a ordenar “el restablecimiento del paso de las aguas superficiales del arroyo Bruno hacia su cauce natural mientras se realiza el estudio técnico anterior, si se considera que desde el punto de vista ambiental, o en desarrollo del principio de precaución, es necesario para preservar la integridad del arroyo.”
● La Corte considera que la participación de las comunidades indígenas es indispensable para garantizar la existencia de un auténtico debate abierto, amplio y diverso sobre la viabilidad ambiental del arroyo, que en el que supere una visión unidimensional de la problemática.

1.2. Informe Contraloría General de la República.

La Contraloría Delegada para Asuntos Ambientales en el año 2018 detalla al Ministerio de Ambiente, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) que las comunidades todavía no han sido tenidas en cuenta y que las decisiones tomadas alrededor del caso del Arroyo Bruno no están basadas en evidencia científica, como ya es sabido la Corte le ordenó a la mesa “diseñar un cronograma detallado y razonable de sus actividades”. Sin embargo, el ente de control encontró en la auditoría que la mesa interinstitucional ni siquiera ha diseñado el cronograma debido a la “falta de planeación y coordinación entre las entidades que conforman” la mesa.

Dentro del informe también explica la Contraloría, que los informes presentados por el Ministerio de Ambiente y la mesa interinstitucional se centran en los beneficios del ambicioso proyecto de desviación del arroyo, y dejan por fuera la información basada en evidencia técnica que permite contrastar esos beneficios. En ese sentido, asegura la Contraloría: “El uso preponderante de la información del proceso de construcción y operación del cauce artificial de un tramo del Arroyo Bruno, representa un sesgo de información”.

Para el ente fiscal de control, el proyecto sigue sin tener en cuenta a las comunidades que tuvieron que demandar para ser escuchadas: La Horqueta, La Gran Parada y Paradero. Aunque la empresa y el Gobierno insisten en que toman en cuenta a una de las comunidades directamente afectadas, ello resulta insuficiente frente a la orden dada por la Corte Constitucional de “abrir espacios de participación suficientes a los representantes de las comunidades”. Al respecto, el ente de control dice que no recibió información de cómo se ha respondido a la problemática de escasez de agua de estas tres comunidades pertenecientes al pueblo Wayuú.

Cabe señalar, que, durante la intervención de los entes de control en el desarrollo de la audiencia pública, el Director de vigilancia fiscal de la Contraloría delegada para el sector medioambiente, manifestó que:

“(…) Cerrejón es un proyecto que lleva casi cuatro décadas, y hasta hoy ha cambiado el marco legal al cual se tiene que adecuar en temas ambientales, la sentencia SU 698/2017 orientó a que la autorización que se dio de desviar el arroyo no se dio sobre bases técnicas ni científicas, ya que en Colombia se aplica el principio de que cuando hay duda científica hay que aplicar el principio de precaución, todas las corporaciones incluida ANLA deben actuar conforme a este principio. Según la sentencia, lo más importante es determinar las condiciones del entorno y también determinar y enfatizar en la importancia ecosistémica del arroyo.

La sentencia de la Corte tiene varias incertidumbres respecto a estos temas, por lo cual se debe hacer una aclaración de cada uno. Una de las órdenes que dio la corte constitucional a la mesa técnica era decidir de forma provisional que sucedía con el tema del desplazamiento del arroyo, y bajo la evaluación de la Contraloría esa orden no se ha cumplido al igual que otras de la sentencia, así como la quinta orden que da salida a las incertidumbres que se presentan en la sentencia y la octava orden respecto a la rigurosidad del documento frente a la valoración económica, fuentes de la información, evaluación completa de los impactos y conclusiones. También se encuentra una debilidad frente a la participación de las comunidades en cuanto a la consulta previa, impactos en el medio y análisis socioeconómico (…)”.

1.3. Conclusiones y compromisos.

Con la visita de las comunidades de la Guajira a Bogotá y la realización de la audiencia pública por parte de la Comisión Accidental, estas denunciaron en el Congreso de la República que el Gobierno nacional de forma reiterada ha incumplido lo dispuesto en la sentencia SU-698 de 2017. En efecto, se constató que las órdenes dadas por la Corte Constitucional para el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades accionantes ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón Limited presentan un alto grado de incumplimiento.

Estas comunidades que habitan en la Guajira, contaron de manera detallada en la audiencia pública la realidad que padecen como consecuencia del desarrollo de la minería a cielo abierto, explicando en cada una de sus intervenciones y con los documentos allegados los impactos socio ambientales derivados de la actividad extractiva. Del mismo modo, denunciaron que a la fecha no se han adoptado medidas para cumplir la orden de la Corte referida a realizar un estudio técnico que ofrezca una respuesta informada a las incertidumbres e interrogantes sobre los impactos sociales y ambientales del aludido proyecto que modifica el cauce del Arroyo Bruno, afectando diferentes municipios del departamento de la Guajira.

De la audiencia pública quedaron los siguientes compromisos a cargo de la Comisión Accidental, y que serán ejecutados durante los próximos seis (6) meses de vigencia:

- Solicitud a la Corte Constitucional para que reasuma la competencia de verificación de las órdenes contenidas en la sentencia SU-698 de 2017.
- Debate de control político con el objetivo de realizar seguimiento a las medidas adoptadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, frente al incumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional.
- Visita de la Comisión Accidental al departamento de La Guajira, la cual contará con la invitación a los entes de control; con el objetivo de verificar y conocer la situación presentada en la zona.

2. Audiencia Pública: “¿Un Cesar más allá del carbón?”

Tras los reiterados llamados realizados por las organizaciones y comunidades del departamento del Cesar frente a los pasivos que ha dejado la minería a cielo abierto en sus territorios, fuentes hídricas y desarrollo social, la Comisión Accidental que hace seguimiento a la actividad minera desde el Senado de la República, adelantó una audiencia pública presencial el día viernes 19 de noviembre del año en curso en la Jagua de Ibirico, epicentro de la actividad minera carbonífera del país. Cabe señalar que esta audiencia estuvo precedida de una visita de campo que realizaron los senadores integrantes de la Comisión Accidental y quienes pudieron observar y escuchar a las comunidades habitantes, que les manifestaron cómo las decisiones tomadas en los últimos meses por las empresas mineras han afectado su territorio, el ambiente y estabilidad económica.

La audiencia tuvo lugar en la Casa de la Juventud de la Jagua de Ibirico, y contó con la participación de las organizaciones: Pensamiento y Acción Social (PAS), Tierra Digna, el Instituto Ambiental de Estocolmo, la Alianza Cesar Libre de Fracking, Cordatec, comunidades de Boqueró y el Hatillo, Asamblea Campesina del Cesar, Consejos Comunitarios, Pueblo Yukpa y Tayrona, ANUC, Colectivo de Trabajadores por la Transiciòn Justa, Sintraminergetica, Sintracarbon, Sintradem, Sintradrummond, Sintraindumes. También, estuvieron presentes las entidades encargadas de los temas ambientales, mineros y laborales del orden nacional, departamental y local, así como los entes de control, la gobernación, alcaldes y personeros de la zona.

2.1. Problemática del Carbón en el Cesar

Colombia es el sexto país exportador de carbón en el mundo, lo que ha ocasionado que durante varias décadas la minería de carbón a gran escala y a cielo abierto se haya realizado especialmente en la región norte del país, en los departamentos de Cesar y La Guajira. Precisamente los puertos para la exportación de este mineral se encuentran ubicados en los departamentos de La Guajira y el Magdalena.

El departamento del Cesar está dividido en tres subregiones (el norte, el centro y el sur). Este ha estado habitado en su mayoría por comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas ancestrales, caracterizada por un arraigo cultural con el territorio del caribe colombiano.

El departamento del Cesar cuenta con importantes recursos de carbón, dada la riqueza de este mineral y el auge de la actividad en el territorio. La Zona Minera del Cesar:

- Tiene una extensión de 2.423,5 km2.
- Se localiza en los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso2.
- Cuentan con 8 licencias ambientales vigentes cuya titularidad está en cabeza de la Drummond LTDA. (mayor exportador de carbón del país), Prodeco S.A. de la casa matriz Glencore en Suiza y la empresa Colombian Natural Resources actualmente parte de la matriz norteamericana Murray Energy. A este panorama se sumó la reciente llegada de la empresa inglesa Sloane Energy, en el proyecto de minería de carbón subterránea denominado “La Luna”.

Pese a que durante la pandemia se reportó que el sector minero exportó más de 30 millones de toneladas, empresas como Prodeco anunciaron despidos masivos y su intención de renunciar a los títulos mineros argumentando la inviabilidad económica de la operación. Dicho anuncio se realizó sin socializar la decisión con los trabajadores directos e indirectos, y sin darles a esta ninguna alternativa pese a que dedicaron su vida a la exploración y explotación del mineral.

2.2. El Cesar y la Minería en Cifras.

● Para 2019, la pobreza monetaria en el Cesar fue de 51.7%, dejando algo más de la mitad de la población en condición de pobreza monetaria y siendo el 7mo departamento más pobre del país.
● En el Cesar la línea de pobreza del 2019 fue de $287.074. Esto quiere decir que el 51,7% de la población del departamento presentó ingresos mensuales inferiores a
$287.074.
● Según el DANE, de 2018 a 2019 la pobreza extrema monetaria creció un 5,9 %, escalando hasta el 19,3 %. Eso significa que 76.427 cesarenses pasan hambre y no gozan de servicios esenciales.
● En el Cesar también creció la desigualdad entre el 2018 y 2019. El índice de GINI pasó de 0,488 en el 2018 a 0,506 en el 2019.
● Para el primer trimestre del 2019, las exportaciones de carbón en Colombia fueron el 68.43% del PIB minero y el 1.18% del PIB total3.
● El PIB regional la contribución del carbón estuvo en 44.6%4. Pese a la renta derivada de las exportaciones de carbón y sus implicaciones macroeconómicas y a nivel de la economía regional, la Zona Minera del Cesar tiene unos indicadores socioeconómicos muy preocupantes. En promedio en la zona hay un 27.72% de Necesidades Básicas Insatisfechas y un 8.9% de personas en miseria5.

2 Reporte ZMC. ANLA. Tomado de: http://portal.anla.gov.co/reporte-sobre-zona-minera-del-centro-del-cesar
3 Recuperado de: https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24089918/PIB+I+triemestre+2019.pdf/79b1f2d2-c16d-48df-91d1- 55bf7ec13cb3
4 Recuperado de: https://crudotransparente.com/2020/10/14/el-sector-carbonifero-en-el-cesar-impactos-de-la-politica-de-descarbonizacion- de-sus-socios- comerciales/
5 Datos analizados de la información del DANE sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tomado del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

● El departamento del Cesar, presenta problemas de variabilidad y cambio climático. En particular, el estrés hídrico es una de sus falencias, lo que se evidencia tanto el tema de cobertura, como el de calidad del agua potable son sensibles y presentan déficits a mejorar.

2.3. Extracción de carbón en el Cesar y la Transición Energética Justa.

Al finalizar la COP26 realizada en Glasgow (Escocia), el mundo se reunió para asumir compromisos que permitan dar cumplimiento a los Acuerdo de París y con ello evitar que la temperatura media global se registre por encima del 1,5°C. No obstante, los compromisos fueron bajos y se postergó la adopción de medidas que permitieran a los países avanzar en la descarbonización. La postura de China e India, afecta principalmente a los países en vía de desarrollo como Colombia, quienes tienen la necesidad y el compromiso de lograr a 2030 carbono neutralidad y ello implica avanzar en una verdadera transición que diseñe una hoja de ruta para la eliminación del uso de combustibles fósiles y el uso de nuestras formas de energía renovables.

La actividad minera también impacta significativamente en los ecosistemas locales y ha fragmentado los frágiles ciclos naturales de la región. No existen acciones coordinadas para atender las afectaciones y los residuos de la minería se han acumulado por décadas a la intemperie, lo cual contamina el agua y acidifica los suelos; siendo urgente que el país avance en la regulación de los pasivos ambientales y sociales que las actividades extractivistas dejan en los territorios.

Los acuerdos mundiales firmados en la COP26 y las manifestaciones públicas realizadas en decenas de ciudades pidiendo acciones reales a los gobiernos, dejaron un mensaje claro: la era del carbón tiene que acabar de manera inminente. Sin el fin de esta industria será imposible alcanzar las metas para responder a los estragos que está viviendo el mundo con el calentamiento global y los cuales aumentaran con el paso del tiempo.

No obstante, sabemos este final no es inmediato y se necesita la adopción progresiva de medidas que involucren a todos los actores y permitan la implementación de estrategias de reconversión en los territorios afectados por la actividad minera; siendo prioritario la recuperación de sus vocaciones productivas y el brindar opciones de vida y desarrollo a los trabajadores mineros y sus familias.

2.4. Conclusiones y compromisos.

Existe en el Cesar un contexto complejo, en el cual la actividad minera ha generado graves escenarios de contaminación ambiental en la zona, ha causado procesos de desplazamiento forzado a comunidades locales, ha afectado las economías tradicionales del departamento y desconocido los derechos laborales de los trabajadores y sus familias causando transgresiones a sus derechos a una vida digna, un ambiente sano y al agua, entre otros.

Si bien, la minería ha generado impactos positivos en las finanzas regionales dados los empleos directos e indirectos que genera y la economía que se mueve alrededor de esta actividad; los impactos no han sido positivos a nivel social y cultural. Esto se refleja en los indicadores socioeconómicos municipales que evidencian cómo después de tres décadas de explotación minera, en el territorio no hay mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales.

Si todos los indicadores tienen tendencia a la baja, cabe preguntarse: ¿Qué se hacen los recursos? ¿Cuál fue el prometido desarrollo de la industria minera? ¿Las mineras se van y que le dejan al territorio? Las respuestas a estas preguntas se encuentran alineadas con las conclusiones mundiales sobre los impactos de la actividad minera; según la CEPAL, la pobreza es mayor en los municipios con minería que en aquellos donde no existe la minería.

Este contexto pone hoy más que nunca de presente la necesidad de empezar a dialogar y a consolidar estrategias encaminadas a buscar un cierre minero anticipado y progresivo con respeto y garantía de los derechos de las comunidades y los trabajadores mineros, con una mirada en la restauración ambiental y en la mitigación y adaptación climática. Ante este contexto, se hace necesario diseñar e implementar de manera participativa y transparente un proceso de transición justa e integral.

Es evidente que se requiere del diseño de políticas que nos permitan avanzar en una verdadera transición justa siendo la descarbonización de la economía eje principal de ésta y para ello, se requiere proponer acciones y metas que no solo atiendan a las necesidades de las comunidades afectadas, sino que además estén encaminadas hacia medios de vida que no consistan en el desarrollo de actividades extractivas. Estas acciones deben comprender tanto las temáticas ambientales con protección de la biodiversidad, como las laborales, sociales, de salud, y económicas.

De otra parte, cumplir las metas del Acuerdo de París, implica también avanzar en una transición justa donde participen activamente todos los actores de la economía, donde las comunidades y la recuperación integral de su territorio y sus saberes ancestrales sea la preocupación central. No se puede avanzar en el diseño de programas de diversificación minero-energética y en la construcción de políticas de descarbonización, si no se comprenden las necesidades e inquietudes de las familias y comunidades cuyo sustento depende de la actividad minera de carbón.

De la audiencia pública quedaron los siguientes compromisos a cargo de la Comisión Accidental, y que serán ejecutados durante los próximos siguientes seis (6) meses de vigencia:

- Apoyo a los litigios jurídicos que están en curso por parte de las comunidades contra las empresas mineras que ejercen sus actividades en el departamento del Cesar.
- Se entregará en el mes de junio de 2022 un paquete de iniciativas legislativas construido con las comunidades que comprenda medidas para la transición energética.
- Se realizará durante el primer semestre del 2022, debates de control político en Plenaria y las Comisiones Permanentes, con el objetivo de evaluar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que ha ocasionado la actividad minera del carbón en el caribe colombiano.
- Proposición a la Plenaria del Senado para ampliar la vigencia de la Comisión Accidental.

Presentado a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2021. Suscriben,

Antonio Sanguino Páez Senador de la República Partido Alianza Verde

Feliciano Valencia Medina Senador de la República Circunscripción Especial Indígena - MAIS

Aída Avella Esquivel Senadora de la República Coalición Lista de la Decencia - UP

Wilson Arias Senador de la República Polo Democrático Alternativo

Iván Cepeda Castro Senador de la República Polo Democrático Alternativo

Angelica Lozano Senadora de la República Partido Alianza Verde 

Jorge Eduardo Londoño Senador de la República Partido Alianza Verde

Sandra Ramirez Senadora de la República Partido COMUNES

Gustavo Bolivar Senador de la República Coalición Lista de la Decencia - UP

Jesús Alberto Castilla Senador de la República Polo Democrático Alternativo

notas: