Por: Contagio Radio
El pasado 6 de Noviembre se realizó la segunda Audiencia Pública Ambiental en el municipio de Pesca Boyacá, con el fin de exigir la revocatoria de la licencia ambiental otorgada por la ANLA a la multinacional francesa Maurel & Prom para extraer petróleo en 8.033 hectáreas aledañas al Lago de Tota.
Por: Comunidad Barrio la Honda*
18 años después, queremos que se reconozca de manera formal como barrio, el asentamiento la Honda (Medellin), en el marco del derecho a la ciudad y a la reparación colectiva
Por: Andy Rowell. Ecowatch
La empresa petrolera más grande del sector, Exxon, anunció que iba atener que recortar las reservas probadas e informadas en algo menos de un quinto: el 19 por ciento.
Por: Blog semanario Alternativas
Nuevamente la forma de resolver los conflictos sociales, por parte del Gobierno de Michelle bachelet, es a través de la violencia policial. Los Trabajadores públicos acusan a la presidenta, de gobermar para los empresarios.
Por: Federico Larsen
En los últimos meses la mayoría de los países de América Latina se han sumado a la tendencia global de anunciar, cerrar o sondear por Acuerdos Preferenciales de Comercio con otros países o regiones.
Por: Colectivo Protección a Moradores
La Administración Municipal y sus diferentes dependencias, incluidas la EDU y Corporación Ruta N, y en la actualidad la Universidad Nacional violan y vulneran nuestros derechos Fundamentales y Humanos, pues nuestras necesidades y solicitudes expuestas no han sido acogidas dentro de este proceso.
Por: Sintraemdes
Es una medida desesperada por la defensa de nuestros puestos de trabajo en la Empresa UNE y de evitar que sigan con la persecución sindical arraigada y que tiene como objetivo exterminar el Sindicato por sustracción de materia.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
