Por: Sala de prensa Senador Wilson Arias
Daniel Alberto Cabrales, exsenador por el Centro Democrático y actual embajdor de Colombia en República Dominicana, está involucrado de manera directa en procesos de acaparamiento de predios baldíos de la Nación, que recuerdan los que llevaron a la sonada renunica de otro embajador de Colmbia bajo el gobierno de Santos, Carlos Urrutia.
Por: Wilson Quintero Quintero*
Una serie de factores económicos tales como la desindustrialización, el desequilibrio en la balanza de pagos, la crisis del petróleo, el crecimiento de la deuda externa –como crecerá una vez acabé la crisis actual- afectaron e incidieron en Colombia drásticamente en los años 70, 80 y 90 cambiando la realidad socioeconómica del país y por ende de los trabajadores como Don Ramón que se vieron obligados a emigrar
Por: Victor de Currea Lugo
Salir o no salir, esa es la cuestión para muchas personas vulnerables en Bogotá, y también en el resto del país. Este es el dilema que revisamos en el reportaje «Cuarentena con hambre», cuarta entrega de la serie «La Otra Cara de la Pandemia».
Por: código Urbano Abierto
En Medellín vivimos una emergencia social incalculada, territorios donde las necesidades básicas como la comida no llegan a los lugares donde más los necesitan, los vendedores informales, las personas que viven del diario y muchas más que debido a la emergencia que vivimos han perdido su trabajo..
Por: Mario Alejandro Valencia | Las 2Orillas
En lugar de proteger las empresas agrícolas e industriales, el gobierno tomó medidas para el boyante sector financiero favoreciendo a los fondos de pensiones y clavando a Colpensiones
Por El Expediente
Los directivos de Finagro, entidad del orden nacional en cabeza de Dairo Estrada están en serios problemas con las autoridades anticorrupción. Una investigación de la Contraloría General en cabeza de Felipe Córdoba y su delegado Gabriel Romero plantea irregulares en la asignación de créditos blandos para productores del campo que terminaron en manos de grandes empresarios.
Por: Tatiana Rojas Hernández. El Tiempo
Procuraduría Delegada argumenta que la medida afecta a las comunidades indígenas y afro.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
