Por: Lupe Mouthón El Heraldo
Los especialistas concluyeron luego de realizar estudios y visitas de campo en el Magdalena Medio que se pueden hacer los pilotos de exploración bajo condiciones controladas y transparentes y bajo la verificación de las comunidades.
Por: Rodrigo Negrete
El abogado ambientalista Rodrigo Negrete, asesor de movimientos sociales sobre Consultas Populares y Acuerdos Municipales se refiere a las decisiones de la Corte Constitucional contra estos mecanismos democráticos mediante los cuales se prohibieron las actividades minero-energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los municipios.
Por: Heinrich Böll
Este documento pretende descubrir los poderes fácticos que determinan la construcción de este megaproyecto y la relación entre las tensiones ambientales, territoriales y de las poblaciones que esa obra desencadena.
Por: Redacción Judicial. El Espectador
Fernando Carrillo dijo que se buscará esclarecer si hubo improvisación en la toma de decisiones. De acuerdo con el Ministerio Público, la situación ha afectado unas 35 mil personas.
Por: Ámbito Jurídico
Una demanda solicitaba retirar del ordenamiento jurídico el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en razón a que esta norma dispone que de darse un cambio significativo en el uso del suelo a nivel municipal por el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo se debía realizar una consulta popular, mientras que la Constitución establece que debe proceder el cumplimiento de un protocolo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
Por: Gudynas Eduardo
La militarización de la gestión ambiental es una de las consecuencias de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que acaba de presentar el gobierno Duque.
Por: El Espectador * Redacción Nacional
En el fallo, responsabiliza al Estado colombiano, a la Gobernación de Antioquia y a Empresas Públicas de Medellín, EPM, por los severos daños causados por la construcción del Megaproyecto en el río Cauca.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
