Por: Noticias Uno
Resulta que, de acuerdo a las estadísticas, en el país existen al rededor de 12 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza.
En Colombia hay 3.6 millones de personas viviendo en pobreza extrema
Territorio Y Despojo
Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad
Por: Gonzalo Guillén
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar.
La confesión de EPM por la crisis de Hidroituango
Por: El Tiempo
Admite que pactó con el consorcio constructor un pago de $ 70.000 millones para acelerar la obra.
El cuestionado negocio de EPM con Aguas de Antofagasta
Por: Adriana Arcila. Las 2 Orillas
El gerente Juan Esteban Calle y una junta de cacaos paisas sobre pagaron una concesión en Chile que ahora tienen que salir a vender por la crisis de Hidroituango
La confesión de EPM por la crisis de Hidroituango
Por: El Tiempo
Admite que pactó con el consorcio constructor un pago de $ 70.000 millones para acelerar la obra.
Una decisión judicial que favorece a las transnacionales contra la autonomía territorial.
Por: Miller Amin Dussan
El 20 de septiembre de 2018 el Juez TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, en una Audiencia Exprés decidió declarar la nulidad del Acuerdo 036/16 del Concejo de Pitalito que prohibió actividades minero energéticas para la protección de los recursos naturales, con fundamentó en:
La pluta plutarquia
Por: Alberto Morales. El Mundo
Es un trabajo impecable e implacable, cuyos orígenes y sustento provienen de otras latitudes en donde la Plutocracia se ejerce en una perspectiva global
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Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
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