Por: Alfonso Castillo Garzón
Un contexto engañoso propio una estrategia Gatopardista de Juan Manuel Santos. Han transcurrido dos años desde que el Presidente Juan Manuel Santos, sancionara la ley 1448/11 mejor conocida como Ley de Reparación y Restitución a las Víctimas, a partir de ese momento, millones de victimas del conflicto armado interno en Colombia, sembraron muchas esperanzas y expectativas en torno a lo que iba a ser un proceso de reparación y restitución de tierras, tales esperanzas fueron complementadas con el anuncio también por parte del Sr. Presidente Juan Manuel Santos, del inicio de unos diálogos para poner fin al conflicto armado entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
Sin embargo mientras las organizaciones de víctimas y las víctimas en general, alentaban sus esperanzas e ilusiones, al mismo tiempo el gobierno de Juan Manuel Santos de manera silenciosa fue desarrollando con su mayoría parlamentaria en congreso de la república, una agenda legislativa contraria a los intereses populares y en todo caso al servicio de mezquinos y vende patria intereses económicos, no propiamente nacionales, tal agenda legislativa, colmada de normas orientadas a restringir el marco de los derechos, perpetuar la impunidad, favorecer la inversión extranjera, cargar el impacto de la crisis económica los sectores menos favorecidos, ha ido desinflando las ilusiones, y en cambio sí con hechos contundentes demostrando que tanto la reparación, la restitución de tierras despojadas y la misma esperanza de paz, son todavía tareas muy lejanas, especial y particularmente para las víctimas y los sectores populares del país.
En los últimos meses han aumentado en el país las dinámicas de movilización social y popular, la mayoría de las cuales se caracterizan en lo fundamental, por el reclamo y exigencia de diversas comunidades especialmente las vinculadas a la producción agrícola para que se mejoren las condiciones de la producción agropecuaria, afectada por la firma de tratados de libre comercio, con los cuales ha resultado gravemente afectado el campo Colombiano, a estas movilizaciones se han sumado diversas comunidades y sectores sociales y populares, que reaccionan frente una aguda crisis social y económica, ante lo cual el gobierno demostrando su verdadero talante represivo, no dudo en criminalizar, estigmatizar y reprimir violentamente, dando rienda suelta a la desbordada actitud la fuerza pública, lo que se tradujo en el asesinato de más de 10 manifestantes, decenas de heridos, y muchos manifestantes judicializados en una clara aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, como principal instrumento institucional para cerrar el paso al ejercicio del libre derecho a la protesta social.
Durante este mismo periodo, es preocupante para organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, ver y constatar como la grave crisis humanitaria que ha vivido el país durante las últimas décadas, no tiende a mejorar, sino por el contrario, se agudiza e incrementa. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos los asesinatos a sindicalistas, amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos han aumentado, de acuerdo a los informes de la organizaciones como el programa somos defensores las cifras indican tan solo en el primer semestre de 2013 fueron asesinados 37 defensores y defensoras de los derechos humanos, así mismo, la grave situación de las organizaciones, comunidades y lideres vinculados a procesos de restitución de tierras, durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, han sido asesinados 32 reclamantes de tierras, y han surgido por doquier ejércitos anti restitución, toda esta situación en medio de una política de invisibilización de la problemática, de lento avance en la investigaciones y en la mayoría de los casos de la más completa impunidad.
Ley de víctimas dos años después….todavía no arranca la reparación y la restitución
(Informe Completo PDF)
