El Consejo manifiesta una profunda preocupación por la falta de información clara y oportuna respecto a la ubicación exacta de la ZUT, los protocolos de seguridad, los mecanismos de reagrupamiento de excombatientes y el manejo de las armas. Esta opacidad institucional debilita la confianza ciudadana, restringe la participación social y amenaza con reproducir dinámicas de exclusión que históricamente han socavado los procesos de paz en el país.
Por: Alfonso Insuasty R. REDIPAZ.
El pronunciamiento emitido en mayo de 2025 por el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander frente a la reciente instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú, en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Frente 33 de las FARC-EP, aborda las principales preocupaciones, propuestas y recomendaciones planteadas por el Consejo, en un contexto atravesado por tensiones entre la seguridad, la paz territorial y los derechos de las comunidades en el Catatumbo.
1. Contexto y Marco Normativo
El pronunciamiento del Consejo se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley 2272 de 2022, la cual regula la instalación de Zonas de Ubicación Temporal como mecanismos de tránsito hacia la reincorporación de actores armados a la vida civil, bajo criterios de legalidad, participación y respeto al Estado Social de Derecho. La ZUT en Tibú se inscribe dentro de los compromisos del Estado colombiano con la construcción de una paz integral y negociada. Sin embargo, el Consejo enfatiza que dichos procesos deben regirse por principios de transparencia, diálogo público y legitimidad social, en especial en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo.
2. Elementos Clave del Pronunciamiento
a. Falta de claridad Informativa y Riesgos para la Participación
El Consejo manifiesta una profunda preocupación por la falta de información clara y oportuna respecto a la ubicación exacta de la ZUT, los protocolos de seguridad, los mecanismos de reagrupamiento de excombatientes y el manejo de las armas. Esta opacidad institucional debilita la confianza ciudadana, restringe la participación social y amenaza con reproducir dinámicas de exclusión que históricamente han socavado los procesos de paz en el país.
b. Condiciones de Seguridad y Violaciones a los Derechos Humanos
El documento denuncia la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos en la región, incluyendo casos de reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, amenazas y homicidios. Estas dinámicas, lejos de disminuir, se han intensificado en algunos núcleos poblacionales cercanos a la zona de ubicación, lo que genera preocupación sobre la viabilidad real de un proceso de paz sustentado en condiciones de inseguridad y desprotección social.
c. Estigmatización y Vulnerabilidad de Líderes Sociales
El Consejo reitera la alarmante situación de riesgo en la que se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos y servidores públicos en el Catatumbo. La estigmatización, criminalización y persecución de estos actores limita severamente las posibilidades de construir escenarios de participación democrática, debilitando el tejido social y obstaculizando la implementación de acuerdos territoriales de paz.
d. Llamado a la Responsabilidad del Estado y la Sociedad
En su pronunciamiento, el Consejo subraya el deber del Estado de garantizar un enfoque humanitario, constitucional y participativo en la implementación de las ZUT. Esto implica el fortalecimiento de la presencia institucional integral en el territorio, el respeto a la autonomía de las comunidades y el diseño de estrategias de articulación con las organizaciones sociales locales. La paz, señalan, no puede ser impuesta ni administrada unilateralmente: debe ser construida con y desde los territorios.
3. Reflexiones e Implicaciones
El pronunciamiento del Consejo Departamental de Paz permite comprender las múltiples tensiones que atraviesan los procesos de reincorporación de excombatientes en contextos regionales profundamente marcados por la violencia estructural, la desconfianza institucional y la fragilidad del Estado. La instalación de una ZUT en Tibú —lejos de ser un acto meramente técnico o administrativo— implica un desafío político y social de grandes proporciones. Asegurar su legitimidad requiere garantizar el acceso a información clara, la participación activa de las comunidades y la protección integral de los derechos humanos.
Conclusión
El análisis del pronunciamiento evidencia que la paz en Colombia no se limita a la firma de acuerdos entre élites o estructuras armadas. La verdadera construcción de paz exige condiciones materiales de vida digna, garantías de participación, justicia territorial y seguridad para las comunidades más afectadas por el conflicto. En este sentido, atender con seriedad y compromiso las preocupaciones planteadas por el Consejo Departamental de Paz constituye un paso necesario para avanzar hacia una paz estable, duradera e inclusiva en el Catatumbo y en el país.
A continuación relacionamos el pronunciamiento completo:
Consejo Departamental de Paz se pronuncia sobre la instalación de Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú
El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander, en cumplimiento de su función como órgano asesor y consultor del gobierno territorial, se pronuncia frente al reciente anuncio del Gobierno Nacional en el marco de la Mesa de Diálogo de Paz, mediante el cual se acordó con representantes del Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC-EP la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú. La instalación de la ZUT se regirá bajo los lineamientos de la Ley 2272 de 2022, la cual garantiza el respeto por el Estado Social de Derecho, el funcionamiento institucional y la participación activa de las comunidades del Catatumbo en las transformaciones acordadas.
Pronunciamiento del Consejo Departamental de Paz Frente a esta decisión, el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia manifiesta a la opinión pública:
1. Preocupación por falta de información clara: Diversos sectores de la sociedad civil expresan su inquietud ante la limitada información disponible sobre aspectos fundamentales del proceso, como la ubicación específica del espacio, la cantidad de combatientes a reagruparse, el manejo y depósito de las armas, el marco legal y los protocolos previos a la eventual firma final del acuerdo de paz.
2. Rechazo a los hechos de violencia en el Catatumbo: El Consejo condena enfáticamente los recientes actos que vulneran los derechos humanos en la región, tales como el reclutamiento forzado de menores, la persecución y estigmatización de líderes sociales y comunales, la violencia sistemática contra las mujeres, el desplazamiento forzado, el confinamiento y los homicidios.
3. Preocupación por la seguridad de los líderes sociales: Se reitera la alarma frente a la constante amenaza y criminalización de los liderazgos sociales, quienes han desempeñado un papel esencial en la defensa de los derechos humanos, la protección del territorio y la construcción de paz. Su estigmatización constituye una grave violación a sus derechos fundamentales y obstaculiza los esfuerzos de participación y desarrollo en la región.
4. Estigmatización a funcionarios públicos: Se denuncia la estigmatización de funcionarios que, en cumplimiento de sus mandatos institucionales, han realizado labores humanitarias en medio de la crisis. Estas acciones deben ser reconocidas como parte del deber del Estado de servir a la ciudadanía, sin sesgos políticos o ideológicos.
5. Respaldo esperanzador a la instalación de la ZUT: El Consejo reconoce en la creación de esta zona una oportunidad histórica para avanzar hacia la dejación de armas y la reincorporación de actores armados a la sociedad civil, y reitera su voluntad de acompañar este proceso con vigilancia, pedagogía y participación.
6. Llamado al Gobierno Nacional y ELN para avanzar en el diálogo social:
Extendemos un llamado firme al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que den pasos decididos en el fortalecimiento del proceso de diálogo social, asumiendo compromisos reales que conduzcan a una paz duradera, donde las diferencias se tramiten mediante la palabra y no por medio de las armas.
7. Respeto al Derecho Internacional Humanitario: Se exige garantizar el derecho a la vida, la educación, la movilidad, y la prohibición del uso de armas no convencionales que afectan la cotidianidad de las comunidades. Urgimos al retorno inmediato de los niños y niñas a sus aulas, junto a sus docentes. Todos, como sociedad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de ser parte de la solución.
El Consejo Departamental reitera su convicción de que la paz es el camino hacia el progreso. Solo en un entorno de estabilidad y respeto mutuo se podrá garantizar el acceso a condiciones de vida dignas, la consolidación de una democracia participativa y la dignificación de las comunidades nortesantandereanas y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una paz estable y duradera, sustentada en el diálogo, la inclusión y el respeto por los derechos humanos.
Construir la paz es responsabilidad de todos.
San José de Cúcuta – Norte de Santander, mayo de 2025
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DE NORTE
DE SANTANDER
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