Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / La alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre Guainía revela una creciente disputa armada por corredores estratégicos amazónicos. ELN y disidencias buscan controlar rutas fluviales, minería ilegal y narcotráfico, afectando gravemente a pueblos indígenas y comunidades locales.
La reciente Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 (marzo) emitida por la Defensoría del Pueblo de Colombia para el departamento de Guainía confirma una tendencia que distintas organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace varios años, el recrudecimiento del conflicto armado en la Amazonía colombiana asociado al control de corredores estratégicos y economías ilícitas.
Lejos de ser episodios aislados, los hechos reportados en Guainía y en el vecino departamento del Guaviare hacen parte de un proceso más amplio de reconfiguración territorial de actores armados tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.
En este escenario, las comunidades indígenas y campesinas se encuentran nuevamente atrapadas en disputas armadas que buscan consolidar rutas de control económico, político y militar en regiones estratégicas de la Amazonía.
La disputa por corredores fluviales y fronterizos
La alerta de la Defensoría identifica como epicentro del riesgo la zona rural de Inírida y las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual. Allí se desarrolla una confrontación entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
El trasfondo del conflicto no es únicamente militar. La disputa responde a la búsqueda de control de corredores estratégicos amazónicos, particularmente rutas fluviales utilizadas para el transporte hacia Venezuela y Brasil.
Zonas de explotación minera ilegal, especialmente de oro.
Territorios fronterizos de baja presencia estatal, son claves para la movilidad armada y logística. En la Amazonía colombiana, los ríos son las carreteras, controlarlos significa dominar el flujo de mercancías, personas y recursos. Por ello, los actores armados han convertido los ejes fluviales en espacios de regulación social, restringiendo la movilidad, imponiendo normas de comportamiento y generando confinamientos que afectan directamente la subsistencia de las comunidades.
Uno de los elementos más preocupantes señalados en la alerta es la imposición de regímenes de control social armado que afectan directamente la autonomía de los pueblos indígenas: Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani, Puinave.
Las autoridades tradicionales enfrentan presiones para aceptar la presencia armada, mientras se imponen restricciones a actividades esenciales como la pesca, la caza o la movilidad entre resguardos.
Además, la alerta documenta impactos diferenciados sobre niñez indígena, expuesta al riesgo de reclutamiento forzado, mujeres y lideresas, afectadas por prácticas de humillación y exclusión, servicios esenciales, como salud y educación, debido a amenazas contra personal médico y docentes.
Este escenario revive preocupaciones ya advertidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoció que el conflicto armado constituye una amenaza directa para la pervivencia física y cultural de numerosos pueblos indígenas.
Guaviare: otra pieza del mismo tablero territorial
La situación en Guainía no puede analizarse de forma aislada. Informes recientes de organizaciones sociales y de la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz advierten un deterioro paralelo en el departamento del Guaviare, particularmente en municipios como San José del Guaviare y El Retorno.
En este territorio se registra una disputa entre disidencias asociadas a estructuras comandadas por Iván Mordisco y las dirigidas por Calarcá Córdoba, lo que evidencia un proceso de fragmentación y competencia interna dentro de las disidencias de las antiguas FARC.
Las comunidades denuncian confinamientos rurales, debilitamiento de las Juntas de Acción Comunal, reclutamiento de menores, expansión de nuevos grupos armados, tensiones territoriales en la Zona de Reserva Campesina del Guaviare.
Este conjunto de factores revela un patrón regional, los actores armados buscan consolidar control territorial antes que confrontación militar abierta, mediante mecanismos de regulación social, intimidación y cooptación de estructuras comunitarias.
Amazonía: nuevo epicentro estratégico del conflicto
Lo que ocurre en Guainía y Guaviare refleja un fenómeno más amplio: la Amazonía colombiana se ha convertido en un nuevo epicentro estratégico del conflicto armado.
Varias condiciones explican esta tendencia, ubicación fronteriza con Venezuela y Brasil, corredores fluviales estratégicos que conectan selva, frontera y mercados internacionales, expansión de economías ilícitas (cocaína, minería ilegal, tráfico de madera), débil presencia institucional en territorios indígenas y áreas no municipalizadas, vacíos de poder tras la desmovilización de las FARC.
En este contexto, distintos actores armados intentan consolidar hegemonías territoriales regionales, no solo mediante la violencia directa sino a través de formas de gobierno armado local.
Riesgos humanitarios y desafíos para la paz
Las proyecciones de riesgo identificadas por la Defensoría incluyen desplazamientos masivos, confinamientos prolongados, desabastecimiento alimentario, reclutamiento de menores, desapariciones y homicidios selectivos.
Más de 2.300 personas ya se encuentran afectadas por restricciones a la movilidad y a sus medios de subsistencia.
El problema central es que el control territorial armado está avanzando más rápido que la presencia institucional del Estado y la implementación de políticas de paz territorial.
Un desafío estructural para el Estado colombiano
La alerta temprana plantea una advertencia política de fondo: la protección de los pueblos indígenas y de las comunidades amazónicas requiere mucho más que respuestas militares.
La disputa por corredores estratégicos revela que la guerra en Colombia está mutando hacia conflictos por economías ilegales, control territorial y gobernanza armada local.
Si no se fortalecen de manera urgente la presencia estatal integral, la protección de autoridades indígenas, las economías comunitarias legales, la implementación territorial del Acuerdo de Paz,
la Amazonía podría consolidarse como uno de los principales escenarios de expansión del conflicto armado en los próximos años.
En última instancia, lo que está en juego no es solo el control de rutas o recursos. Está en juego la supervivencia cultural de pueblos indígenas, la autonomía territorial y el futuro político de la Amazonía colombiana.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, integrante grupo Autonomo Kavilando y REDIPAZ.
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