Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / El Chocó evidencia una crisis estructural donde extractivismo, control paramilitar y abandono estatal convergen. Comunidades quedan atrapadas entre actores armados y economías ilegales, mientras persisten denuncias de connivencia institucional y ausencia de garantías sociales.
La situación actual del Chocó constituye una expresión paradigmática de la convergencia entre economías extractivas, reconfiguración del poder armado y exclusión histórica del Estado en su dimensión social. Lejos de tratarse de un escenario de “ausencia estatal” en términos absolutos, lo que se observa es una presencia selectiva y funcional del Estado, orientada a garantizar condiciones de acumulación de capital, especialmente en sectores mineros, madereros y de infraestructura, palmero, mientras persisten niveles estructurales de abandono en materia de inversión social, acceso a derechos y garantías para las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan el territorio.
En este contexto, el avance de empresas multinacionales y economías extractivas, legales e ilegales, ha intensificado la disputa por corredores estratégicos, particularmente fluviales, que conectan el Pacífico colombiano con circuitos transnacionales de comercio, incluyendo economías ilícitas. La expansión de la minería mecanizada, el despojo territorial y la degradación ambiental no pueden entenderse al margen de esta lógica de acumulación, en la cual actores armados cumplen funciones de control, regulación y coerción sobre la población local.
Un elemento central de esta configuración es el fortalecimiento de estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas del paramilitarismo, cuya presencia en el Chocó ha sido ampliamente documentada por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos e incluso sectores de la Iglesia católica. Estas estructuras no solo disputan el control militar del territorio, sino que han consolidado formas de gobernanza armada, ejerciendo regulación sobre la movilidad, las economías locales, la vida comunitaria e incluso procesos electorales. Este fenómeno evidencia una mutación del paramilitarismo hacia formas más flexibles y capilares de dominación territorial, articuladas a economías legales e ilegales.
Las denuncias recurrentes sobre la presunta connivencia o tolerancia de sectores de la fuerza pública frente a la expansión de estas estructuras no pueden ser desestimadas como hechos aislados. Por el contrario, se inscriben en una larga trayectoria histórica en la que la relación entre aparato estatal y paramilitarismo ha sido ambigua, cuando no funcional. La coincidencia territorial entre operaciones militares y despliegues paramilitares, así como la falta de acciones contundentes para su desmantelamiento, refuerzan la percepción, y en muchos casos la experiencia concreta, de las comunidades sobre una coexistencia operativa que facilita el control de corredores estratégicos y la contención de actores insurgentes.
El comunicado del Frente de Guerra Occidental del ELN, que denuncia movimientos paramilitares en ríos estratégicos como el Ocampado, Ijúa y Orpúa, debe ser leído en este marco de disputa territorial compleja. Más allá de la veracidad puntual de cada afirmación, que requiere verificación independiente, el hecho mismo de que se decreten paros armados y se restrinja la movilidad civil evidencia el grado de militarización del territorio y la profunda vulnerabilidad de las comunidades. Estas quedan atrapadas entre múltiples actores armados, en un contexto donde el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario se ve sistemáticamente erosionado.
La imposición de paros armados, el control de rutas fluviales y la regulación de la vida cotidiana por actores armados reflejan la existencia de un orden paralelo de facto, donde la soberanía estatal es fragmentada y disputada. Sin embargo, este “vacío” es, en realidad, el resultado de una configuración histórica en la que el Estado ha priorizado la seguridad militar y los intereses económicos sobre la construcción de ciudadanía, infraestructura social y autonomía territorial.
La persistencia de esta situación está directamente relacionada con la falta de implementación efectiva de políticas estructurales orientadas a la inclusión social, el reconocimiento de derechos territoriales y el fortalecimiento de economías propias. Instrumentos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han tenido avances limitados en la región, mientras que las comunidades continúan enfrentando desplazamientos forzados, confinamientos, inseguridad alimentaria y violencia sistemática.
En suma, el Chocó se configura hoy como un territorio en disputa donde confluyen intereses extractivos, economías ilegales y estrategias de control armado, en un escenario de débil presencia institucional en términos sociales y fuerte intervención en clave militar. La superación de esta crisis no puede reducirse a operaciones de seguridad ni a acuerdos parciales con actores armados. Requiere, de manera urgente, una transformación estructural que aborde las causas históricas de la exclusión, garantice la autonomía de los pueblos étnicos y desmonte las economías de guerra que hoy sostienen la violencia.
Sin estas transformaciones, cualquier intento de “pacificación” corre el riesgo de reproducir ciclos de dominación y violencia bajo nuevas configuraciones, perpetuando un modelo en el que la riqueza del territorio contrasta dramáticamente con la precariedad de quienes lo habitan.
*Docente investigador Universdiad de San Buenaventura Medellin. Parte de REDIPAZ, integrante grupo Kavilando.
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