Informe especial sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario de 2012. Ejecuciones Extrajudiciales.

Linea Conflicto Social y Paz

El CINEP/PPP a través del Banco de Datos de DDHH y violencia política, presenta en este informe la situación de los DDHH y DIH en Colombia durante 2012. Los casos de ejecuciones extrajudiciales siguen ocurriendo en Colombia. En 2012 se presentaron 20 casos con 52 víctimas en contraste con 2011 donde se presentaron 17 casos con 85 víctimas.

Si bien se reconocen los esfuerzos del gobierno nacional, es claro que las medidas siguen siendo insuficientes y requieren ser complementadas para garantizar la protección de los DDHH y del DIH, avanzando en un mayor control que evite este tipo de infracciones por parte de miembros de la Fuerza Pública así como la garantía plena de no repetición de las mismas. Es alarmante la persecución a víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas, donde también la Fuerza Pública se ha visto involucrada. Aquí también se requieren efectivas medidas de protección y respeto a los DDHH.

El panorama de las investigaciones judiciales es también preocupante, debido a los tiempos en los que se han ido desarrollando, el estado actual de los procesos y los pocos resultados arrojados, en contraste con el número de casos reportados y el número de fallos dictados. A esto se suma la limitada colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces.

Estas afirmaciones coinciden con las reportadas por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP/PPP en 2010 y 2011, sin encontrar avances significativos para ninguno de los casos.

La situación de los defensores de derechos humanos, las comunidades que denuncian su violación y protegen a la población civil y las víctimas particularmente de los llamados “falsos positivos” es crítica, pues vienen siendo sistemáticamente amenazadas.

Violaciones a los DDHH

En la producción de la revista Noche y Niebla 45 y 46 (enero - junio y julio - diciembre de 2012) observamos que los paramilitares, quienes participaron en 565 casos, fueron los mayores violadores de los derechos humanos durante el periodo señalado, seguidos por unidades de la Policía Nacional con 268 casos y tropas del Ejército Nacional, quienes tuvieron responsabilidad en 187 hechos.

En el caso de infracciones al DIH, aparecen en primer lugar los paramilitares (493 casos), seguidos de las FARC-EP (347 casos), Ejército Nacional (118 casos), Combatientes (98 casos), Policía Nacional (72 casos) y ELN (48 casos). (VER: Noche y Niebla 45 y 46).

En relación con los métodos de victimización corroboramos la continuidad de los “falsos positivos”. Entre enero y diciembre de 2012 registramos 20 casos de “falsos positivos” entre muertos, heridos y detenidos arbitrariamente, perpetrados 6 de ellos entre enero y mayo y 14 casos entre julio 9 y diciembre 19 del mismo año con 52 víctimas. Igualmente, conocimos 58 nuevos casos de “falsos positivos” perpetrados en periodos anteriores: entre el 1 de junio de 1992 y el 20 de diciembre de 2011, que no habían sido reportados en publicaciones previas pues hasta 2012 fueron presentados y documentados.

En 2012 conocimos la ocurrencia de 11 CASOS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES -perpetradas 10 por tropas del Ejército Nacional y 1 por unidades de la Policía Nacional- con 12 víctimas; 8 CASOS DE DETENCIONES ARBITRARIAS perpetradas 2 por tropas del Ejército Nacional; 1 por unidades de la Policía Nacional; 2 por el CTI; 1 por Ejército Nacional y CTI, 1 por Dijin y Fiscalía General de la Nación y 1 por tropas del Ejército de Venezuela con 39 víctimas. Igualmente, 1 CASO DE HERIDO con una víctima, bajo la responsabilidad de tropas del Ejército Nacional.

Los sectores sociales victimizados en los falsos positivos son campesinos, obreros, estudiantes, opositores políticos, comerciantes, trabajadores independientes, un exdiputado, una mujer discapacitada, un indígena, un periodista y otros sin información. Los hechos sucedieron en el Cauca (6 casos), Antioquia (4 casos), Valle del Cauca (3 casos) y un caso en cada uno de los siguientes territorios: Meta, Bogotá D.C, Norte de Santander, Caquetá, Córdoba y Sucre y en la frontera con Venezuela. Los sectores sociales más victimizados en el contexto de persecución a los movimientos sociales, fueron: víctimas que reclaman tierra, organizaciones indígenas, organizaciones de desplazados, organizaciones campesinas, comunidades de paz y zonas humanitarias, organizaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias, organizaciones sindicales, oposición política y protesta social, afrocolombianas, denunciantes y defensores de derechos humanos. Así mismo, circularon panfletos amenazantes contra indigentes, drogadictos, trabajadoras sexuales y contra personas pertenecientes a la comunidad LGTBI.

Se siguen implementando métodos de victimización como amenazas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, muertos y heridos por minas antipersona, y acciones de “limpieza social”, a nivel nacional. Particularmente grave resultó la agresión contra defensores de derechos humanos. Se destacan además otros métodos como el uso de MINAS ILÍCITAS/ARMA TRAMPA (64 casos), la utilización como ESCUDO de PERSONAS y COMUNIDADES, así como el CONFINAMIENTO DE COMUNIDADES; en estos últimos tres métodos de victimización estuvieron involucrados: guerrilleros de las FARC-EP y del ELN, grupos paramilitares, tropas del Ejército Nacional y Combatientes no identificados, hechos durante los cuales la mayoría de las víctimas fueron niños, jóvenes, hombres y mujeres de la población civil, especialmente población campesina.

Otras violaciones a los DDHH:

En 2012, se registraron 64 casos de MINA ILÍCITA/ARMA TRAMPA, que causaron 335 víctimas, entre muertos y heridos. Igualmente se registraron 51 CASOS de intolerancia social en DDHH con responsabilidad de paramilitares y Ejército Nacional, ocurridos en diversos lugares de la geografía nacional. Los paramilitares amenazaron por móviles de intolerancia social a 32 colectivos; 29 personas fueron ejecutadas y 5 personas resultaron heridas, quienes además amenazaron de muerte a 17 personas; el Ejército Nacional fue responsable de una persona herida por intolerancia social. Las víctimas fueron en su mayoría habitantes de la calle y/o consumidores y expendedores de drogas, y jóvenes habitantes de barrios marginados. En un caso, perpetrado por paramilitares se amenazó de muerte a un líder de la comunidad LGTBI.

Se registraron además 57 CASOS ocurridos en diversos lugares de la geografía nacional, en los que Grupos de Intolerancia Social causaron la muerte a 53 personas (en su mayoría habitantes de la calle y/o consumidores y expendedores de drogas y jóvenes pobladores de barrios marginados). Igualmente, 5 personas heridas, 6 personas amenazadas y 17 colectivos víctimas de amenazas de muerte.

Con relación al tema minero, 12 CASOS fueron reportados, en los que fueron asesinadas 13 personas, a manos de grupos paramilitares (10 personas) y grupos armados no identificados (3 personas). Igualmente, 3 fueron detenidas por la Policía; fueron heridas 2 personas, 4 fueron víctima de amenazas por paramilitares y 2 colectivos fueron víctimas de amenazas de muerte. Los hechos ocurrieron en Puerto Gaitán-Meta (2 casos); Remedios, Segovia y Caucasia- Antioquia (5 casos); Marmato –Caldas (2 casos); La Sierra-Cauca (1 caso); Montecristo-Bolívar (1 caso) y Tumaco- Nariño (1 caso).

A lo largo de 2012, conocimos la ocurrencia de 24 hechos en los que las víctimas fueron personas y comunidades que reclamaban tierra; en el primer semestre de 2012 ocurrieron 11 casos y en el segundo semestre del mismo año fueron perpetrados 13 casos.

En el segundo semestre de 2012, 24 personas fueron amenazadas, al igual que 7 colectivos; 7 de los casos fueron cometidos por miembros de grupos armados no identificados; 6 casos fueron perpetrados por paramilitares.

La Situación de los Defensores de Derechos Humanos y las Víctimas

Defender los Derechos Humanos, denunciar y ser víctima públicamente reconocida, representa un severo riesgo para la vida en Colombia. La defensa de los derechos humanos, representa un riesgo para la vida a ser convertidos en objetivo militar por parte de los combatientes enfrentados.

Es particularmente preocupante la realidad de persecución que vienen sufriendo las víctimas directas y sobrevivientes de “falsos positivos” así como sus familiares, quienes están siendo sometidos a una persecución sistemática presuntamente ejercida por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

¿Reducción de la violencia o miedo de la ciudadanía que limita el acceso a la información?

En la preparación de los últimos cinco números de Noche y Niebla – Entre 2010 y 2012- hemos notado una reducción de los casos ocurridos durante el semestre de análisis y un aumento considerable de casos correspondientes a años anteriores. Al respecto nos preguntamos si se trata de un descenso de los índices de violencia o de un problema de acceso a la información, debido a que las víctimas o sus familiares y las organizaciones no denuncian por temor a represalias, prefiriendo denunciar años después cuando sienten menor riesgo.

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