En Medellín, Ineficiencia y caos en Colpensiones hizo que abogados y pensionados salieran a la calle a protestar

Linea Conflicto Social y Paz

Entre gritos y silbidos el pasado 30 de mayo más de mil personas marcharon en Medellín para presionar al Gobierno a buscar soluciones a los múltiples problemas —o pesadillas sería mejor decir— que hoy padecen miles de colombianos por cuenta de la ineficacia de Colpensiones.

Abogados, usuarios, trabajadores y pensionados marcharon desde el parque del Poblado hasta las instalaciones de Colpensiones para manifestar su inconformidad por las frecuentes evasivas y negativas de esta entidad para reconocer y reliquidar pensiones; marcha ante la cual la única respuesta de Colpensiones fue cerrar momentáneamente sus instalaciones.

Según los manifestantes, Colpensiones ha sido ineficiente al administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y, para colmo, ya ni siquiera acata las sentencias judiciales proferidas a favor de los usuarios. Consideran la situación un “caos pensional” que necesita solución inmediata. “En general, los más afectados son personas de la tercera edad, desempleados y en situaciones económicas precarias”, explica Francy López, abogada litigante.

Una situación fuera de control

En septiembre del 2011, cuando el ISS fue definitivamente liquidado y el fondo público de pensiones pasó a manos de Colpensiones, empezaron los problemas para miles de personas que tenían la esperanza de acceder a una pensión, consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política como un derecho fundamental.

Desde que Colpensiones tomó las riendas se incrementaron las irregularidades y los incumplimientos, los cuales tienen el sistema al borde del colapso. El abogado Jaime Humberto Salazar califica la problemática como sumamente grave. La entidad entró a funcionar sin tener la logística ni la capacidad administrativa y técnica para resolver la situación pensional, lo que se evidencia en un gran número de atropellos a los usuarios, pensionados y abogados.

La entidad se ha dedicado a negar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia sin causas justificadas. Es el caso de Raúl Restrepo Betancur, quien a sus 65 años, y luego de trabajar en varias empresas de transporte público, no ha recibido la pensión. “Hace dos años que estoy peleando mi derecho, y no he tenido forma de que me la reconozcan. Mi mayor problema es que me siento capaz de trabajar, pero cuando toco puertas no me las abren debido a mi edad avanzada”, dice.

Como él, miles de hombres y mujeres en edad de recibir su pensión tienen que aguantar las negativas de Colpensiones, situación que también afecta a quienes se les ha reconocido más del 50% de su incapacidad laboral.

La abogada Francy López afirma que las pensiones se niegan arbitrariamente porque Colpensiones no tiene un Departamento de Investigación Administrativa para demostrar de manera acertada los casos puntuales de cada persona. Por ello muchos ancianos, personas en situación de discapacidad y beneficiarios de pensiones de sobrevivencia están a la deriva, mientras ven cómo se les viola uno de sus derechos fundamentales.

Y a otros no se les reconoce el reajuste de su pensión, reciben menos dinero del que en realidad merecen. Es la situación de Javier Enrique Melguizo, de 67 años: “Hace dos años me reconocieron un reajuste pensional, yo tenía el 75 por ciento y me merezco el 90, pero Colpensiones no ha querido acatar dicho reconocimiento, que ya había hecho el ISS”, comenta.

A lo anterior se suma la gran cantidad de historias laborales extraviadas, lo que lleva a que Colpensiones se base en datos errados para argumentar la negación de pensiones. Los abogados han tenido que enfrentar casos en los cuales a un trabajador que cotizó 1.500 el sistema sólo le reconoce 500 o menos.

Lo otro es que hasta “rejuvenecen” a las personas, para negarles el derecho a la pensión. Se dan casos de personas de 70 años o más de las Colpensiones asegura que tienen 38 años de edad.

Alud de tutelas, que no se cumplen

Estas incongruencias han desatado un incremento significativo en las acciones de tutela interpuestas por los usuarios, quienes casi siempre resultan amparados en sus derechos. Y esa es justamente la gota que ha rebosado la copa: los frecuentes desacatos de Colpensiones a todas las sentencias judiciales que favorecen a los ciudadanos.

Así lo explica el abogado Carlos Alberto Ballesteros: “A la entidad parece no importarle la palabra de los jueces. Cuestiona decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas. Se trata de procesos que se tramitaron ante el ISS, pero, cuando se hace la reclamación para obtener el pago respectivo, Colpensiones afirma que la persona no tiene el derecho, desconociendo un fallo judicial”.

Con Ballesteros coinciden todos los expertos, quienes no entienden cómo se llegó al punto de irrespetar el mecanismo que tienen los colombianos para hacer valer sus derechos.

En los despachos judiciales hay tantas acciones de tutela en contra de Colpensiones  que se han incrementado los incidentes de desacato. Se estima que hay más de 50 mil acciones de tutela represadas por el incumplimiento de la entidad. Precisamente un incidente de desacato tiene en este momento bajo arresto domiciliario a Pedro Nel Ospina Santamaría, gerente de Colpensiones.

Una de esas tutelas fue la que interpuso Ángela María Ochoa, de 57 años, quien sigue esperando que le paguen una pensión que le reconocieron en diciembre de 2011. “Ni siquiera tengo trabajo. Me parece que lo que está haciendo Colpensiones es un desacierto terrible”, dijo.

“Tengo una reliquidación de cesantías ante el ISS, que la gané desde el 2011, pero Colpensiones no me la reconoce, pese a que interpuse tutela y me ampararon mis derechos”, afirma por su parte Guillermo Monsalve, de 76 años.

“Mi cuñada de 57 años está hospitalizada por una enfermedad terminal. Le reconocieron el 62% de incapacidad laboral, pero Colpensiones le negó su pensión”, agrega Carmen Emilia Agudelo.

Un caos anunciado

“El Gobierno estaba advertido de las consecuencias nefastas que iba a tener la liquidación del ISS y la creación de una entidad que no tenía pies ni cabeza. Hoy la realidad nos está dando la razón”, expresa Germán Reyes, miembro de la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS) y quien fuera Representante a la Cámara en el momento en que el Congreso aprobó la liquidación del ISS y la creación de Colpensiones, refiriéndose al estudio que realizó la Universidad de los Andes para determinar las consecuencias de tal cambio.

“Acabar el Seguro Social con masacre laboral no fue la solución, fue un error gubernamental”, rezaba una de las consigna que se agitaron en la marcha de protesta. Esto con el argumento de que, comparada con Colpensiones, el ISS era una entidad más eficiente y experta en materia pensional. Pese a las dificultades que tenía había mejorado su desempeño y al menos reconocía las pensiones y acataba las sentencias judiciales de manera oportuna.

“El ISS ya estaba en el corazón de los colombianos y, justo cuando estaba más posicionado, el Gobierno toma la absurda decisión de acabarlo”, opina el abogado Sandro Sánchez, uno de los líderes de la marcha.

La gran diferencia que muchos expertos encuentran entre el ISS y Colpensiones es el poco control que tiene este último. Uno de los mayores desaciertos es que se le haya agregado el elemento de entidad financiera, cuando ni siquiera demuestra capacidad para administrar el sistema de pensiones. Actualmente, la única entidad que tiene la vigilancia de Colpensiones es la Superintendencia Financiera, lo que le permite actuar de la manera en que lo hace.

En cambio el Seguro Social, dice Francy López, “tenía todos los mecanismos de control por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República e, inclusive, de la misma Superintendencia Financiera”.

Lo más preocupante es el temor generalizado de que, así como acabaron con el ISS, ahora exterminen el Régimen de Prima Media, único garante del acceso a pensión para las personas más pobres. Se teme que el caos de Colpensiones sea aprovechado por los fondos privados para monopolizar el millonario negocio de las pensiones.

Y acabar con el Régimen de Prima Media sería un error grande en materia pensional, opinaron los abogados entrevistados, al considerar que los fondos privados no favorecen a los ciudadanos de estratos más bajos, en tanto exigen requisitos casi imposibles de cumplir. Al respecto Francy López opina: “A una persona que gana salario mínimo le exigen un ahorro de 160 millones de pesos para acceder a su pensión, algo irrisorio. El régimen de prima media, donde las personas se pensionan por semanas y no por capital, es el más favorable para la gente pobre, y eso es lo que el gobierno no quiere entender”.

Una entidad del Estado como Colpensiones no tiene por qué estar compitiendo como entidad financiera contra el sector privado”, afirma por su parte Jaime Humberto Salazar, también abogado litigante.

¿Se pueden cambiar las cosas?

“Si las pensiones el Gobierno quiere garantizar, la politiquería, la corrupción, el clientelismo y los fondos privados tiene que acabar”, fue la solución expresada en una de las consignas que se agitaron en la marcha.

Pero para los asistentes a ésta el Gobierno no muestra voluntad de mejorar el caos generado por Colpensiones. Ante lo cual un grupo de abogados de Antioquia han creado la Asociación de Abogados Litigantes en Seguridad Social, porque están cansados de presentar hasta 20 demandas semanales relacionadas con pensiones. Su propuesta es liquidar esa entidad y revivir el ISS.

“Una buena opción —sostiene el exparlamentario Germán Reyes—sería presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley para reversar la liquidación del ISS. Eso es muy complejo jurídica y políticamente porque el Gobierno está en la lógica de favorecer los fondos privados de pensiones.Uno podría afirmar, con relativa certeza, que hay un plan preconcebido patrocinado desde el Gobierno y creado por los fondos privados de pensiones para acabar el régimen de Prima con Prestación Definida. Es posible que se aprovechen de esta crisis para liquidarlo”.

De todos modos los asistentes a la marcha esperan que haya una reacción a nivel nacional y que otras ciudades se unan en su lucha por mantener vigente el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para que el Gobierno los escuche y no cometa los mismos errores del pasado.

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