De La Ampliación Del Fuero Penal De La Fuerza Pública Y De Por Qué No Debemos Costear Su Defensa Jurídica

Linea Conflicto Social y Paz

Por: revbelando

La Corte Constitucional, con un apretado 5-4, resolvió que la ampliación del fuero penal para la fuerza pública (que incluía peligrosamente un fuero policial al que ya le estaban haciendo su reglamentación) no surtió un proceso legislativo legal, sino que por el contrario, se evidenció que el Ministerio de Defensa y los partidos de la Unidad Nacional querían modificar la Constitución Política a toda costa, pasando por encima de las ritualidades que ésta misma consagra para su modificación.

Que el máximo órgano Constitucional no se haya pronunciado de fondo sobre la conveniencia para un Estado Social de Derecho de ampliar su fuero penal a la fuerza pública,  no fue porque ésta haya querido evitar el debate, sino porque la forma como fue tramitado el proyecto fue tan afanosamente grosera que quiso obviar el reglamento que rige los debates en el Congreso: votaciones a pupitrazo, sesiones simultáneas de debate y la inclusión en último momento de la posibilidad de que la policía tenga su propio fuero ¡ni más, ni menos!

Sorprende el hecho de que si el juicio que hizo la Corte fue objetivo, es decir, fue un análisis de constitucionalidad que revisó el procedimiento como el Congreso había expedido la reforma solamente, ¿por qué hubo una votación tan cerrada de 5-4? Lo ideal, o al menos lo que normalmente se podría esperar, es una votación contundente en contra de la reforma; pues si la Corte es sede de quienes defienden la Constitución Política, y si aquella verifica que hay mínimo un error procedimental para la modificación de ésta, ¿por qué hubo cuatro magistrados que votaron en contra? ¿Será que el lobby que estaban haciendo la Procuraduría y el Ministerio de Defensa presionó magistrados? ¿O será que no es necesario ejercer ninguna presión dado que algunos de los que votaron en contra de que se tumbara la ampliación del fuero provienen de las ternas propuestas en los periodos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos? Tengamos presente que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, elegido de la terna de Uribe en 2009 y quien votara en contra de que la Corte tumbara la ampliación, salió intempestivamente ante el periódico El Tiempo a acusar sin ninguna ética a los 5 magistrados de poner trabas a la ampliación del fuero. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Con este comportamiento, el magistrado Pretelt hizo de los demás magistrados un blanco legítimo.

Revbelando estará atento al texto de la sentencia una vez se conozca, pues es importante analizar los motivos de inconformidad de los cuatro magistrados para advertir hasta qué punto la militarización infiltra al Poder Judicial, dado que es un fenómeno que se está descubriendo: como en el caso del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, al que Noticias Uno le destapó una grabación que sostuvo con el entonces coronel del Ejército, Robinsón González del Río, para que investigaciones en contra de miembros de la Fuerza Pública por violaciones de derechos humanos que cursan en la Jurisdicción ordinaria pasen a la Jurisdicción penal militar, donde no habrá más que impunidad[1]

Luego de que el sentido del fallo se anunciara al público hubo otras reacciones que se sumaron a la del magistrado Pretelt. La élite nacional mostró su indignación, pues mientras en último debate se aprobó el Marco Jurídico para la Paz (el mecanismo no consultado en la mesa de La Habana con el que la oligarquía cree que las FARC-EP se desmovilizarán), la Corte Constitucional tumbó sus expectativas por una impunidad administrada por los jueces marciales. Para Revbelando no es clara la idea o noción de corresponsabilidad entre el Marco y la ampliación del fuero, es decir, ¿por qué para la opinión publicada la Corte Constitucional arremetió contra el proceso de paz? ¿Por qué quieren hacernos creer que si se aseguran cuotas de impunidad (como en todo proceso de justicia transicional), éstas deben beneficiar más a la Fuerza Pública bajo la premisa que ellos son quienes aseguran la situación de orden público en el país? ¿Por qué tanto afán por un fuero penal de la Fuerza Pública fuerte ad portas de un escenario político de apertura democrática (siendo optimistas con un acuerdo en La Habana)? ¿Por qué el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, acusó a la Corte Constitucional por no haberse hecho de la vista gorda con los vicios de procedimiento?,  ¿qué acaso su labor es no es precisamente lo contrario: exhortar a que los funcionarios cumplan la ley? Evidentemente hay un proyecto detrás de todo esto.

Luego del regaño que debió haber recibido el Ministro de Defensa por parte de Santos, se supo que hay un nuevo proyecto de ley que pretende dar vida legal a uno de los cabezazos incluidos en la ampliación del fuero: un Sistema de defensa judicial especializada para miembros de la Fuerza Pública involucrados por acciones cometidas por actos del servicio.

En efecto, que los miembros de la Fuerza Pública no cuentan con seguridad jurídica para llevar a cabo sus operaciones porque los jueces de la Jurisdicción ordinaria no son conocedores de lo que sucede en el “campo de batalla” y en consecuencia suelen ser investigados injustificadamente, vuelve a ser la excusa por la cual nosotros debemos costear (mediante impuestos) a los abogados especializados y carísimos que serán contratados para defender a presuntos violadores de derechos humanos. Mientras verdaderos defensores de derechos humanos en el país siguen siendo asesinados, como Diana Marcela Morales Arenas, delegada de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Medellín, porque el Sistema Nacional de Protección no ha sido intervenido y fortalecido, como muchas organizaciones de víctimas y organizaciones de defensores de víctimas han requerido.

El mensaje ético de esta gente enquistada en el poder y que envía a la sociedad nacional e internacional es vergonzoso: que los pueblos colombianos paguen con impuestos la defensa jurídica de sus victimarios, y con sangre la defensa de sus derechos humanos.
Como Colectivo nos oponemos a la creación de este Sistema de defensa judicial especializado. Creemos que los integrantes de la Fuerza Pública deben responder por ellos mismos en las investigaciones que se encuentren y colaborar con la justicia, no sólo para que reciban los beneficios legales previstos, sino para que permitan la desarticulación de las redes criminales que han cooptado la institucionalidad castrense. La depuración de la Fuerza Pública es necesaria para un escenario de apertura democrática, pues nos preocupa cómo en los hechos recientes han reprimido a sangre y fuego la movilización social y popular, acallando legítimas exigencias sólo porque van en contra de los intereses de las élites regionales y la empresa privada extranjera.

[1]Consulte audio acá: http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/10/27/noticias/magistrado-villarraga-no-niega-conversaciones-con-coronel-preso/

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