Por: María Fernanda Quintero Alzate
El pasado 24 de junio se reunieron en la ciudad de Armenia, 30 familiares de víctimas por desaparición forzada en el Quindío. Esta jornada, mediante la aplicación de un taller tuvo dos aspectos fundamentales:
1- Una exposición sobre los puntos del Acuerdo de Paz a celebrarse la firma este 26 de Octubre en Cartagena. En este sentido, se trataron aspectos relevantes como el punto 5 de víctimas y todo el acuerdo sobre la creación de la unidad de búsquedas de personas.
2- La realización del registro sobre el Formato Nacional de búsqueda de personas desaparecidas, aplicado hacia cada uno de los familiares para que registren la desaparición de su familiar.
La jornada empezó con una exposición sobre los acuerdos de Paz de las FARC-EP y el gobierno de Colombia. Se destacó los avances sobre el enfoque territorial, la justicia restaurativa y el punto de víctimas que se lograron con el acuerdo.
En la jornada de la tarde se pasó a realizar el registro del Formato Nacional de búsqueda de personas desaparecidas, trabajo que contó con el equipo de voluntarios e integrantes de ASFADDES-Quindío para realizar dicha actividad. Se distinguió que dentro de las 30 personas, hasta ahora solo hay tres familiares que le han realizado el cotejo de ADN.
El Estado debe asumir y responsabilizarse en la búsqueda efectiva de los desaparecidos y para agilizar el proceso, es necesario que:
1- A los familiares se les practique la prueba de ADN y que se instalen formas de seguimiento y búsqueda de los casos.
2- Más atención a las víctimas desde los municipios, para fortalecer el plan de búsqueda de los desaparecidos.
3- La atención psico-social por parte de entidades del gobierno que asuman el tema de manera real y efectiva.
4- Que los familiares de las víctimas sean atendidas por las entidades como la Fiscalía, ya que en muchos casos las dilaciones se extienden y estas entidades no dan razón para cada uno de los casos.
5- Una debida afectiva atención integral efectiva se requiere y que haga parte como parte del plan de desarrollo, viabilizando una política pública participativa para los familiares de los desaparecidos.
