21 europarlamentarios se pronuncian sobre la paz en Colombia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Europarlamentarios Firmantes

A pesar de la esperanza depositada en este Acuerdo, manifestamos nuestra más alta preocupación con respecto a la falta de avances en su implementación, en particular en lo referente a la reforma rural integral

 

 

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Bruselas, a 11 de abril de 2019

Excmo. Presidente Iván Duque Márquez,

Excma. Alta Representante de la UE Federica Mogherini,

Los y las eurodiputados/as abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra más alta preocupación por el debilitamiento progresivo de la política de paz en Colombia, y las consecuencias que traen esos retrocesos en la situación humanitaria, sobre todo en los territorios, en las garantías para las personas defensoras de los derechos humanos y en general para los millones de víctimas del conflicto armado en el país en su reclamación de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Como es de vuestro conocimiento, el Parlamento Europeo ha estado comprometido con Colombia en la búsqueda de una solución política del conflicto armado interno. En ese sentido, hemos recibido con beneplácito los acuerdos suscritos entre el Estado colombiano y las FARC-EP en Noviembre de 2016 como resultado de una mesa de negociación entre las partes y se ha comprometido con el apoyo a la implementación de estos acuerdos. Al mismo tiempo, este Parlamento ha alentado al gobierno y al ELN a encontrar formas de avanzar en las conversaciones de paz.

Sin embargo, a pesar de la esperanza depositada en este Acuerdo, manifestamos nuestra más alta preocupación con respecto a la falta de avances en su implementación, en particular en lo referente a la reforma rural integral, que la Unión Europea ha venido acompañando y que aborda una de las causas estructurales del conflicto más importante por superar. Preocupa asimismo la falta de implementación con respecto al punto 3 de Garantías y al punto 5 relativo al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.

Asimismo, señor Presidente, hemos conocido su decisión de objetar por inconveniencia algunos artículos del Proyecto de Ley Estatutaria que fija las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La no sanción del proyecto de ley estatutaria causa incertidumbre en las víctimas, a la vez que trae consecuencias de inestabilidad jurídica a quienes decidieron dejar las armas y transitar a la vida política, así como a los militares que se comprometieron a entregar testimonios. En este sentido nos sumamos a la preocupación expresada por organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de la OEA, así como por varios países miembros de la Unión europea confiando en que se pueda avanzar prontamente en el tema.

Por otra parte, este Parlamento continúa preocupado ante la situación de violencia sistemática y criminalización (iii) contra las personas que defienden los derechos humanos en Colombia, mientras la protesta social va en aumentoiv en Colombia. Las cifras que diversas instituciones oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmantes (v) e indican que Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos.(vi) La lucha contra la impunidad es uno de los mayores retos, ya que no se conocen avances reales en materia de esclarecimiento de las autorías intelectuales de dichos ataques por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Pese a la dramática situación por la que atraviesan las personas defensoras en Colombia, nos preocupa que las medidas adoptadas sean insuficientes, no oportunas y no integrales, y que por el contario se hayan adoptado medidas que limitan la prevención y protección efectiva de esta población, mientras que algunas de las medidas acordadas en los Acuerdos de paz sobre protección a personas defensoras no han sido implementadas, como es el caso del Decreto 660/2018 relativo a medidas colectivas. Asimismo, la reciente aprobación del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO) reversa un enfoque colectivo de protección integral hacia un enfoque de militarización de los programas de protección, mayormente ligado a asuntos de seguridad pública. A la vez que desconoce cuánto previsto en el Acuerdo de Paz y las funciones atribuidas en materia de garantías, desmantelamiento de grupos sucesores de paramilitares y protección integral a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que quedaría supeditada al PAO sin razones evidentes.

En el mismo sentido nos preocupa la falta de resultados de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, entidad financiada en parte con fondos europeos, cuyas funciones establecidas en el acuerdo de paz deben ser potenciadas y respetadas. Es necesario el avance en el desmantelamiento de las estructuras sucesoras del paramilitarismo y el esclarecimiento de los vínculos con las elites políticas, económicas y militares en las regiones, pues son estos grupos los principales responsables de los ataques en contra de las personas defensoras y en particular de las comunidades más vulnerables, como las comunidades étnicas y campesinas.

Por todo lo anterior, y convencidos de que el pueblo colombiano se merece y puede construir un futuro de paz, sin conflicto armado y con el pleno respeto de los Derechos Humanos, respetablemente Señor Presidente:

– Urgimos a una implementación completa de lo acordado en La Habana, incluyendo las garantías jurídicas para la misma, con especial atención a los mecanismos de justicia transicional, así como la destinación de los recursos financieros que se necesitan y que ya se habían destinado para las instituciones creadas en este marco.

– Pedimos la implementación de medidas de prevención y protección integrales y colectivas a quienes defienden los derechos humanos, con particular atención a los grupos más vulnerables e históricamente más afectados por el conflicto, incluyendo una adecuación de la legislación para prevenir su criminalización y el respeto a la protesta social en Colombia.

– Asimismo, para asegurar transparencia y seguimiento, le solicitamos Sra. Mogherini, mayor claridad sobre los recursos que se han destinado a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y sobretodo sobre los resultados alcanzados hasta ahora. Para eso es fundamental que los mecanismos de monitoreo incluyan a la Sociedad Civil.

Finalmente recomendamos a ambos el respeto de la periodicidad de los Diálogos UE/Colombia en materia de Derechos Humanos, y les deseamos que el próximo Diálogo previsto en Bogotá para el día 8 de abril, sea una oportunidad para avanzar en abordar las causas estructurales de la violencia en Colombia.

Agradeciendo de antemano su atención y deseando a su gobierno el mayor éxito para poder cumplir con las expectativas nacionales e internacionales de una verdadera construcción de paz duradera y sostenible, les saludan cordialmente,

Tania González Peñas (España)

Gabriele Zimmer (Presidenta GUE/NGL Alemania)

Marina Albiol Guzmán (España)

Martina Anderson (Irlanda)

Xabier Benito Ziluaga (España)

Lynn Boylan (Irlanda)

Matt Carthy (Irlanda)

Eleonora Forenza (Italia)

Kostadinka Kuneva (Grecia)

Patrick Le Hyaric (Francia)

Paloma López Bermejo (España)

Liadh Ni Riada (Irlanda)

Younous Omarjee (Francia)

Lola Sánchez Caldentey (España)

Barbara Spinelli (Italia)

Josep-María Terricabras (España)

Estefanía Torres Martínez (España)

Miguel Urbán Crespo (España)

Marie-Christine Vergiat (Francia)

Marie Pierre Vieu (Francia) Julie Ward (Reino Unido)

 

Nota Relacionada.

Informe 3 sobre la implementación de Acuerdos entre Farc y Gobierno: Hacía una paz de calidad en Colombia Instituto Kroc.

 

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