Reconfiguración del conflicto armado. Antioquia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Dairo Correa Gutiérrez, Juan Esteban Jaramillo Giraldo

En el análisis de criticidad, y dentro del conjunto de las tendencias construidas para comprender la dinámica del departamento, la situación de la reconfiguración del conflicto armado y los poderes territoriales fue considerada muy crítica para las subregiones de Oriente, Bajo Cauca, Urabá, Nordeste, Magdalena Medio, Aburrá Norte y Sur. En las subregiones Occidente, Norte y Suroeste, esta situación se evaluó como crítica sin que ello demerite su nivel de su gravedad. Veamos las particularidades de la tendencia en cada una de las subregiones.

 

 

portada reconfiguración caa

Resumen

El presente documento hace parte de una serie de productos derivados del proyecto de investigación: Gran acuerdo por Antioquia 2050, del contrato interadministrativo 0154 del 2018 suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y la Universidad de Antioquia, financiado por la Gobernación de Antioquia, para realizar una serie de estudios de la línea base del acuerdo por Antioquia 2050. El proyecto fue liderado por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, con participación de grupos de investigación de la facultad de ingeniería, ciencias sociales, derecho y ciencias económicas. Los resultados del proyecto fueron documentos técnicos sobre los siguientes temas: cambio climático, cambio demográfico, reconfiguración del conflicto armado, conservación de la biodiversidad, desequilibrios en el sistema urbano regional, disparidades regionales en desarrollo, diversificación energética, Estado social de derecho y naturaleza como sujeto de derechos, estructura productiva e internacionalización, gobernanza territorial, recurso hídrico y servicios ecosistémicos.

El material completo de la investigación reposa en el centro de documentación del Instituto de Estudios Regionales, el cual puede contactar al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Reconfiguración del Conflicto Armado

Introducción

Iniciado durante los años sesenta del siglo XX con la puesta en funcionamiento de las primeras guerrillas de corriente marxista-leninista, el conflicto armado de Antioquia ha tenido por características, primero, un componente político de lucha por el poder que conduce a la definición de modelos de gobierno, participación política y administración de los recursos. La existencia de actores en competencia, es una segunda característica del conflicto. Durante las disputas armadas sobresalen, entre otros actores, las mismas guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes, fuerza pública, y delincuencia común y organizada. Para estos actores, ha sido atractiva Antioquia por los recursos económicos que posee, al ser uno de los departamentos con mayor aporte al producto interno bruto del país, y concentrar actividades industriales, infraestructura eléctrica, oferta de servicios y diversidad de recursos naturales. Igualmente ha sido significativa para los actores armados la posición geográfica de Antioquia, que comunica con el centro del país, la costa Caribe, y el Chocó – Pacífico, puesto que les permite comunicar corredores de movilidad y ubicar fuerza militar en territorios rurales.

En tercer lugar, el conflicto se caracteriza por sus impactos y numerosas victimizaciones en la población civil. Comunidades y ciudadanos, han sido vulnerados en libertades y derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y de medio ambiente. Las afectaciones hacia la población se han materializado de manera específica en ámbitos territoriales de Antioquia, con expresiones importantes en zonas de colonización reciente, en territorios relevantes para la producción agroindustrial y la explotación de recursos naturales, y en los centros urbanos del departamento. Los efectos del conflicto armado sobre la población civil comprenden violaciones específicas a los derechos humanos, como los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, y las posibilidades de expresión y participación política. Otros derechos afectados son: el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de los recursos naturales, y derechos de tipo cultural que protegen a comunidades indígenas, negritudes, minorías religiosas y grupos LGTBI.

Asimismo, caracteriza el conflicto, en cuarto lugar, la existencia de economías ilegales altamente rentables para los actores armados, entre las que se destacan el narcotráfico, la explotación de minerales y la extorsión. Una característica adicional del conflicto, en quinto lugar, es que se ha desarrollado en contextos de fuertes problemáticas sociales y políticas experimentadas por las comunidades que habitan los territorios. Finalmente, el conflicto armado se define como un fenómeno dinámico, cambiante, y en transformación permanente. Así, durante el conflicto armado, el panorama de derechos humanos en Antioquia tuvo variaciones en la década de 1980 e inicios de la década de 1990, con la desmovilización de guerrillas como el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); desmovilizaciones que se presentaron en medio de la puesta en marcha de alternativas de apertura política. Otra variación del conflicto se dio una vez se efectuaron las desmovilizaciones colectivas de grupos paramilitares entre 2003 y 2006; procesos que condujeron a la disminución de acciones bélicas en los municipios. Las últimas variaciones del conflicto armado, que han significado una redefinición de este, han tenido por particularidad la pervivencia de diversas modalidades de violencia en razón a la continuidad de estructuras armadas ilegales, herederas de los paramilitares, el surgimiento de nuevas estructuras, y el desarrollo de economías asociadas a redes de criminalidad, narcotráfico y minería ilegal.

El Acuerdo de Paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de 2016, y el desmonte de esta agrupación, la principal del país, dieron inicio a una nueva fase de reconfiguración del conflicto. A pesar de las apuestas de transformación económica y política que planeó el Acuerdo de Paz como estrategia territorial para la terminación del conflicto, en la actualidad permanecen activas agrupaciones armadas que desarrollan economías ilegales y afectan a la población civil. Es el caso de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo en operaciones conjuntamente con algunos ex-integrantes de las FARC que, como disidentes y reincidentes, prolongaron sus acciones. Otras agrupaciones de gran impacto son el Clan del Golfo y la Oficina del Valle de Aburrá, estructuras que se complementan con grupos de menor tamaño, y operaciones básicamente urbanas, conocidos como: bandas y combos. En conjunto, la existencia de los actores armados, y su competencia por territorios y recursos, continúa haciendo complejo el panorama de los derechos humanos en Antioquia. De paso, la persistencia de civiles armados afecta posibles soluciones a problemáticas como la presencia de cultivos, las afectaciones al medio ambiente por prácticas de minería ilegal, y la posibilidad de una participación política abierta, pluralista y democrática, entre otros temas.

Situación actual

El conflicto armado, sus dinámicas e impactos

Los años transcurridos entre 1990 y 2005 fueron los de mayores afectaciones a los derechos humanos en Antioquia. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2018), solo entre 1996 y 2002, en el departamento de Antioquia, hubo 32.492 personas asesinadas de manera selectiva, destacándose las subregiones de Oriente, Urabá y Suroeste, como los territorios más afectados por fuera del Valle de Aburrá, que ocupa el primer lugar en asesinatos. Plantea el mismo observatorio que, entre 1996 y 2005, en el departamento, se cometieron 743 masacres con un saldo de 4.221 víctimas (CNMH, 2018)3. Posteriormente, entre 2006 y 2015, en materia de afectación sobre el derecho básico a la vida, en el departamento de Antioquia hubo 26.480 homicidios, según lo informó la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional DIJIN (DIC – INTERPOL, 2017). El aumento de casos de homicidios desde 2007 a 2012 tuvo relación directa con las disputas que se generaron al interior de las organizaciones armadas ilegales, luego de la extradición de jefes de antiguos bloques paramilitares. La disminución de muertes violentas desde 2012 tuvo relación, asimismo, con el proceso de paz con las FARC. A diferencia de lo ocurrido durante la existencia de los ejércitos paramilitares en el departamento, entre 2006 y 2015 el Observatorio identifica 61 casos de masacres en Antioquia con 311 personas fallecidas (CNMH, 2018).

Sobre el derecho a la libertad, las cifras presentadas en el Observatorio, muestran que en Antioquia, entre 1996 y 2005, fueron secuestradas unas 5.018 personas (CNMH, 2018). Con posterioridad, asociado a derechos y libertades, tanto con ocasión del conflicto y como práctica que busca recursos económicos para los grupos armados, el secuestro estuvo representado por 332 casos entre 2005 y 2016, según información presentada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional DIJIN (DIC – INTERPOL, 2017). La última cifra de secuestros, pese a ser alta, es muy inferior frente a años anteriores, en los que fue común, en las guerrillas que operaron en Antioquia, recurrir a esta modalidad con fines políticos y principalmente económicos. De las subregiones donde se dio la práctica, el Valle de Aburrá, el Oriente y el Urabá, fueron las que presentaron mayores casos (DIC – INTERPOL, 2017).

Según cifras de la Unidad para las Víctimas (2018), en el departamento de Antioquia, entre 1996 y 2005, unas 893.676 personas reportaron la condición de desplazamiento forzado por actores armados. La ciudad de Medellín y su área metropolitana fueron los lugares con mayor población desplazada recibida. Un crecimiento acelerado de asentamientos urbanos informales, y precariedad en las condiciones de vida de la población desplazada, son algunos resultados derivados de esta práctica. El desplazamiento fue una de las acciones que se mantuvieron en los siguientes años. En el periodo de 2006 a 2016, según datos de la Unidad para las Víctimas, en Antioquia, unas 406.954 personas reportaron ser víctimas de desplazamiento forzado. De conjunto, el desplazamiento forzado es una condición que afectó con mayor frecuencia a mujeres y población menor de edad, sectores políticos alternativos, y grupos étnicos.

Con ocasión del conflicto armado, los derechos asociados a la propiedad igualmente se vieron afectados. En un estudio del investigador Alejandro Reyes (2009), se argumenta que gran parte de los desplazados forzados abandonaron propiedades, unas 97.482 hectáreas entre 1997 y 2007, muchas de las cuales fueron despojadas por actores armados, empresarios y políticos. Según el autor, las subregiones con mayor cantidad de hectáreas de tierras abandonadas se

Urabá, con 20.139 hectáreas, Occidente, con 16.353, Magdalena Medio, con 14.030, y Bajo Cauca, con 9.516 hectáreas. Asimismo, señala la Unidad de Restitución de Tierras (2018), que desde el año 2012 se han recibido 20.880 solicitudes de restitución de tierras que están asociadas a 18.807 predios. Los municipios con más solicitudes de restitución son: Turbo con 2.885, San Carlos con 1.785, Granada con 1.188, Medellín con 934, Mutatá con 876, y Apartadó con 682. El retorno de la población desplazada a sus propiedades ha sido un proceso complejo por diferentes motivos, entre otros, las presiones de actores armados que continúan en los territorios.

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PORTADA Kav V10 Jul 18

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