Operación desprestigio. Crimen, manipulación y guerra sucia en Falsos Positivos.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*

El objetivo de ésta operación es la de desprestigiar públicamente y sin sustento real, a víctimas, defensores, líderes sociales, docentes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos no alineados a pensamientos neoliberales, entre otros, acciones propias de la Guerra Sucia-Psicológica. La Operación desprestigio, parte del entramado de Falsos Positivos, toma mayor fuerza en el primer gobierno de Álvaro Uribe, 2002 – 2004, allí, Marta Lucía Ramírez a encargo de éste gobernante, elaboró la base de ésta “cooperación interinstitucional” que aún hoy sigue vigente.

 

 

fp crimenes de estado

La estrategia se involucra en planes de acción de dependencias del Estado anualmente bajo la fachada de acciones, generalmente psicosociales y de comunicaciones, como elemento ideológico coercitivo estatal.

Aunque se niegue su existencia al interior de organizaciones de inteligencia y seguridad, entre otras, se conoce en algunos entes como Operación desprestigio. Tiene carácter de proyecto al estructurarse en temática, tiempo, etapas, presupuesto, alcance, resultados, expectativas, proyección y nivel de participación de sus ejecutores. Se prolonga por años, transcendiendo periodos presidenciales, sin que se desvíe de su finalidad: desorientar, señalar, engañar y manipular.

Como proyecto tiene un propósito establecido con objetivos militares a corto, mediano y largo tiempo. Coordina y operacionaliza la gestión del ente castrense, la policía, organismos de seguridad, inteligencia y de orden judicial, combinando sus actividades con las desarrolladas por medios de comunicación y agentes en cubierto.
La Operación desprestigio es un entramado circunscrito a los Falsos Positivos, no solamente militares, sino de toda su tipología: Estatal, De policía, Judicial, Cultural, Corporativo, De intereses compartidos, De orden religioso y Militar.

Se desprestigia a víctimas, defensores, organizaciones no gubernamentales, gobiernos no alineados a pensamientos neoliberales, líderes, economistas, sociólogos, historiadores, filósofos, psicólogos, maestros y periodistas, entre otros. La estrategia se involucra en planes de acción de dependencias del Estado anualmente bajo la fachada de acciones, generalmente psicosociales y de comunicaciones, como elemento ideológico coercitivo estatal.

Mañana, tarde y noche, militares, policías, operadores de justicia y otros servidores públicos, son adoctrinados en escuelas de formación tanto al interior de los países como en escenarios internacionales, en el arte de la mentira, el engaño y el descrédito.

El arte del desprestigio dejó de ser estrategia exclusiva de organismos de inteligencia expandiéndose a lo largo y ancho de la institucionalidad. En antaño la realizaban exclusivamente entes militares y agentes de inteligencia como estrategia de guerra.

La Operación desprestigio incorpora actores de extrema, no uniformados, ni al servicio directo del Estado; la operación nace en el seno de la inteligencia estatal, militar y policial. Es un componente más de la guerra sucia, psicológica y política al que se recurre para debilitar a adversarios y enemigos.

Para sus gestores el enemigo interno no es solamente el que toma un fusil para enfrentar la institucionalidad, sino todo aquel que no comparte su cosmovisión sustentado en ideas de extrema. Sus orquestadores se encuentran convencidos que el arte de la “inteligencia” militar y policial es lograr hacer de una verdad una mentira y de una mentira una verdad, además de desvirtuar hechos criminales ejecutados por integrantes del gobierno.

En Colombia la Operación desprestigio no solamente actúa frente a las denuncias por asesinatos en campos de batalla ficticios, sino que abarca otras dimensiones. Durante los últimos meses catedráticos universitarios vienen denunciando que se está encarcelando el pensamiento crítico (Contagio Radio, 2020) como cortina de humo del Estado ante la ola de corrupción.

La estrategia vincula a partidos de extrema derecha y dueños de medios de comunicación quienes se encargan de desprestigiar a opositores del gobierno y educadores. La Federación Colombiana de Educadores, órgano que lidera la defensa de la educación pública de calidad, es objeto de difamaciones periodísticas las que han generado amenazas a profesores y atentados a sus líderes (El Tiempo, 2020). Los casos de homicidios de docentes, el Estado y la justicia, los presentan como producto de problemas personales, ajustes de cuentas o atracos callejeros. 

La Operación desprestigio toma mayor fuerza en el primer gobierno de Álvaro Uribe, 2002 – 2004, involucrando, no solamente al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, sino a la institucionalidad y la sociedad. Se argumenta que el trabajo en conjunto de los entes del Estado, con informantes de la sociedad, es sustento para enfrentar el terrorismo. La base de cooperación interinstitucional se elabora por encargo del primer mandatario a Marta Lucía Ramírez de Rincón, quien delineo desde las bases de la Seguridad Democrática la cooperación interinstitucional.

“La seguridad de los colombianos es un asunto que compete no sólo al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, sino a todo el Estado y a toda la sociedad. Desde el momento en que el Presidente Uribe me encomendó la tarea de desarrollar las bases de la Seguridad Democrática en un documento que recoja tanto el marco conceptual como las políticas de seguridad del Gobierno, reuní un equipo del Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y estructurar la soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia. El resultado de este trabajo es el documento que aquí presentamos” (Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003).

Durante el periodo 2002 – 2010, la cooperación exigida a organismos militares, de policía y de seguridad, transciende la institucionalidad hasta el grado de realizarse alianzas estratégicas entre militares e integrantes de grupos criminales con ideas paramilitares.

Las fuerzas armadas, y la antigua policía secreta del palacio de Nariño, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, respondiendo al clamor presidencial, desarrolla acciones de inteligencia para dar de bajas a supuestos “terroristas”, contando con el apoyo de operadores de justicia, funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones y de medicina legal. Mientras en campos simulados soldados y policías realizaban la tarea sucia, en instancias judiciales y medios de comunicación, se desconocían y se desprestigiaban los asesinatos.

No es gratuito que, dentro de los 11.200 millones de dólares ampliado para Defensa durante el año 2019, se destinara recursos para compra de material disuasivo. Del presupuesto para la época, 1,4 billones fueron orientados para gastos de inversión y 10.700 millones para gastos de funcionamiento (Infodefensa.com, 2018).

La Operación desprestigio, se dinamiza a la par de los Falsos Positivos Militares para desprestigiar a las primeras víctimas registradas durante los años 2002 – 2006. El propósito de la estrategia permitió que, tanto autoridades como sociedad, no se percataran que, entre los 1.775 muertos dados de baja en combates militares del 2002, 2.113 del 2003, 2.282 del 2004, 2.067 del 2005 y 2.236 del 2.006 (Rojas, Benavides, 2017) se encontraban personas no combatientes ni deliberantes, investigaciones engavetadas en despachos de la justicia penal militar y la justicia ordinaria.

Durante el periodo 2.006 – 2.008, ciclo de tiempo con el más alto pico de Falsos Positivos, los medios se encargaron de operacionalizar el proyecto de desprestigio, mostrando las denuncias como producto de adversarios del gobierno de la seguridad democrática.

A finales de 2013, interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, revelaron la estrategia de militares y operadores de justicia para obstaculizar y desviar de rumbo las investigaciones de los Falsos Positivos registrados durante el periodo 2002 – 2010.

En audios se escucha al magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga con el coronel retirado Robinson González del Río coordinando actividades para que la justicia ordinaria no tuviera competencia en los procesos de Falsos Positivos. Villarraga era el ponente del recurso que debía decidir si el proceso contra González, por el asesinato de no combatientes en campos de batalla ficticios, lo debía adelantar la justicia ordinaria o, por el contrario, la justicia penal militar (El tiempo, 2018).

Para la época, como lo evidencia el video de la Revista Semana “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa guevonada” el general Leonardo Barrero, recomienda e induce a su subalterno hacer una mafia para denunciar fiscales para entorpecer las investigaciones (Semana, 2014). De la Operación desprestigio hacen parte otras operaciones de inteligencia militar como la “operación silencio”, estratagema activada en los dos últimos años destinada a callar a militares que revelan acciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz alrededor de los Falsos Positivos Militares ejecutados en el periodo 2002 – 2010.

*Sociólogo, especialista en temas de seguridad, investigador, actual consejero de Paz CONPAZ, Medellín, parte de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ.

Referencias:

Caracol Radio (2020).”Vaya mate a un bobo o un loco”, Coronel revela órdenes del General Montoya. 19 de febrero 2020.

Contagio Radio (2020). En Colombia se encarcela el pensamiento crítico. 15 de enero 2020.

El Tiempo (2020). Petro anuncia acción judicial contra Carlos Antonio Vélez. 21 de febrero 2020.

Infodefensa.com (2018). Colombia amplía su presupuesto en Defensa hasta los 11.200 millones de dólares.

República de Colombia (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003. Ministerio de Defensa Nacional.

Revista Semana (2014). “Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa guevonada”

Rojas Bolaños y Benavides Silva (2017). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Universidad Santo Tomas.

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