La Paz en la planeación de Medellín, el constante reto.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Martín Humberto Román*, Alfonso Insuasty Rodriguez**

Es prioritario comprender que la construcción de la paz no es solo una retórica, sino una manera de entender, ver el mundo y la vida; lo cual supone que deberá verse reflejado en las decisiones personales, familiares, sociales y, sobre todo, en los asuntos de la vida pública.

 

 

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En este sentido, es fundamental que los planes de desarrollo municipales y departamentales de Colombia den cuenta de ese constructo tan complejo, pero esencial, como lo es la construcción de paz: una categoría de vida intencionalmente distorsionada por las élites y los sectores que se benefician y enriquecen, de manera directa o indirecta, gracias a esas políticas basadas en la exclusión, el odio, la estigmatización, la desinformación y el miedo.

La Declaración del Milenio y su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, deja clara la importancia de un compromiso público, privado y de las organizaciones sociales por propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia (ONU, 2015) Así mismo reitera con insistencia que: “No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible” (ONU, 2015).

Por su parte, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, interrelacionados, presenta en su objetivo 16: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

Son proyecciones e indicadores que deben resonar sobre todo en un país, en una región y en un municipio como Medellín, donde el conflicto armado parece no quererse ir, por el contrario, se recicla permanentemente, nutriéndose de la desigualdad, la falta de oportunidades, la exclusión, tomado nuevas dinámicas y manifestaciones rurales y urbanas. Ahora bien, se suma a este contexto y no es un problema menor, la crisis económica que ya venía gestándose pero que se profundiza con la llegada de la Pandemia Covid19.

En esta línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que: “La crisis llegó en un momento en que la confianza en la globalización y el multilateralismo como herramientas para el desarrollo acumulaba más de un decenio de deterioro” (Cepal, 2020)

Advierte con ello, sobre la caída de la producción global, de la profunda crisis económica sin precedentes, donde los mecanismos tradicionales de mercado podrían no ser suficientes para enfrentarla, la parálisis puede que deje a muchas empresas sin posibilidades de recomponerse. Insiste este informe en que el Estado debe ser fuerte y contundente, estimular la oferta y la demanda, lo que requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas reales acordes a la real realidad de cada país y región, buscando preservar las capacidades instaladas.

Esta crisis, alerta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aumentará la pobreza, la pobreza extrema y la exclusión, profundizando condiciones de hambre preocupantes; entorno que detonará paulatinamente en crisis políticas, sociales y expresiones políticas autoritarias como posibles respuestas inadecuadas.

“Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial mantener vivo el sistema alimentario, para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria”, explicó Julio Berdegue, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao, 2020)

Para pensar en la construcción de paz es prioritaria la construcción de una institucionalidad Estado fuerte, presente y contundente en la inversión social, en una política que potencie la economía local, fortaleciendo así una economía anclada a lo regional para garantizar seguridad y soberanía alimentaria, producción, transformación, distribución propia. Para eso, se requerirá de una sociedad que en realidad transite hacia la defensa de lo público, la protección del medio ambiente, la convivencia, la equidad y que no tolere la corrupción.

El gran reto será el de generar acciones reales y contundentes que cierren las brechas de la desigualdad, construyan oportunidades reales para esa amplia población inactiva, pero en condiciones de producir que incluso en Medellín crecieron en el primer trimestre del 2020 antes de la pandemia (DANE, 2020); además de la amplia franja de informalidad en condiciones laborales precarizadas, como parte de un importante sector en condiciones de trabajo indigno.

"La crisis ha sacado al descubierto el enorme déficit de trabajo decente que aún prevalece en 2020 y la vulnerabilidad de millones de trabajadores cuando se produce una crisis", afirma, además, en éste aspecto, el Director General de la OIT, Guy Ryder (Onu, 2020)

Para estos fines será importante ampliar y profundizar la participación efectiva y real de la sociedad, pues se requiere que dicha participación se vea reflejada en la configuración de un diseño institucional que soporte la construcción de una paz transformadora y, así, avanzar hacia una arquitectura local de acuerdo con este objetivo, y que reconozca, haciendo frente a las condiciones históricas de crisis social, de conflicto armado, de crisis política, de ética, estas inéditas condiciones agravadas por la pandemia.

Queda claro que la paz no se circunscribe a un solo componente, debe constituirse en una sensata forma de pensar el gobierno local-regional en estas condiciones.

Esta realidad requerirá reconocer que somos un país aún en guerra, que Antioquia, y por ende Medellín, se circunscriban a una región con amplios problemas sociales y de componentes diversos de conflicto armado con características urbano-rurales, a modo de correas de transmisión.

Tenemos herramientas ya ganadas con el tiempo y las luchas sociales para hacer frente a estos retos: contamos con una institucionalidad para la paz y un importante Acuerdo de Paz, firmado entre las Farc y el Gobierno. Sobre esta base, las administraciones municipales y departamentales, según sea el contexto, deberán planear con mayor solidez una arquitectura institucional local para la paz coherente.

Vale recordar que Medellín es una ciudad en donde la violencia armada se re-crea, donde el conflicto armado se instaura incluso como forma de relacionarse, planear la vida, y hasta para sobrevivir.

De cara al debate con respecto al Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, vale la pena resaltar, por un lado, la voluntad de paz manifestada en la redacción del Proyecto de Acuerdo que sentará la ruta de administración de los recursos y la proyección de la ciudad durante estos 4 años:

“Nuestro Plan de Desarrollo plantea un gobierno comprometido con la equidad de género, abierto, transparente, digital y de cara a la ciudadanía. Procuraremos construir una administración que planee su territorio de manera integral, que le apueste a la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y busque grandes transformaciones sociales a través de la cultura ciudadana”. (Proyecto de Acuerdo Plan Municipal de Desarrollo, p. 13, 2020)

Allí se plantea la seguridad humana integral como eje, y eso es de resaltar, pero no pareciera ser la real guía del Plan de Desarrollo al leer su construcción total y los cambios respecto del borrador del Proyecto presentado en el mes de febrero de 2020.

Algunas líneas que dan cuenta de lo dicho son:

No se incluye todo el marco de la institucionalidad para la paz, abarcando la amplia gama de herramientas presentes en el Acuerdo de Paz, firmado entre las Farc y el Gobierno, pensando en potenciar su implementación en un contexto concreto de ciudad- Por ejemplo, el Punto 1 que contiene insumos para pensar el campo en la ciudad, el combate a la corrupción, la sustitución de cultivos de uso ilícito -una realidad que golpea las regiones y por ende a la ciudad-, la política para atender y prevenir el consumo de sustancias piscoactivas, el necesario cambio doctrinario de las fuerzas militares, entre otras luces para tratar problemas muy urbanos. Además, no deja espacio para apoyar salidas negociadas al conflicto armado que aún perviven, así como tampoco hace referencia a las iniciativas de sometimiento del gobierno nacional.

También se evidencian pocos espacios para que las comunidades intervengan, propongan y fortalezcan sus propuestas e iniciativas de paz; en lo concreto, limita de manera real la participación efectiva. Faltaría, en esta línea, definir una mayor participación de la academia sus redes, aportando desde funciones sustantivas.

En materia de fuerza pública y siguiendo al consejero de Paz, el coronel (r) Omar Eduardo Rojas Bolaños, refiriéndose al componente de paz del actual Proyecto de Acuerdo de Plan Municipal de Desarrollo (2020-2023), resaltamos, además, que:

“Los primeros que deben proteger los derechos humanos deben ser los policías. Deben ser maestros de paz, de convivencia, de armonía, de tranquilidad. En la calle deben enseñar resolución de conflictos y para eso deben ser referentes sociales dignos de ser imitados. El mundo está cambiando, la ciudad también. La policía no puede ser ajena a ello. Desmilitarizar y desguerrizar la policía es una tarea. En lugar de pedir dinero para la guerra, para la compra de tanquetas, escopetas lanza gases, fusiles, pidan dinero para la paz, para la implementación de proyectos de prevención del delito. Inviertan los recursos de la ciudad no en programas que ahonden conflictos, sino que fortalezcan la convivencia ciudadana. Si dinamizan su oficina de quejas y reclamos tendrán elementos para orientar su actividad. Implementen proyectos de mediano y largo alcance que no respondan de manera coyuntural sino de manera estructural”.

En esta misma línea es necesario desmilitarizar la mente de los funcionarios públicos, propiciando una pedagogía fuerte de paz que nos permita anular esa creciente cultura de la criminalización de la pobreza, la protesta, la oposición; de todo lo que se oponga a intereses de grupos y élites políticas y empresariales. En este orden de ideas, también es clave incluir el serio problema de hacinamiento carcelario y las demandas de políticas más humanas en este ámbito.

En lo presupuestal, se evidencia que varios rubros que aparecen en el Proyecto de Acuerdo de marzo de 2020, disminuyeron con respecto al borrador del Plan de Desarrollo presentado en febrero de 2020. De hecho, se evidencia una disminución del 63% en la participación de este componente de paz en el presupuesto total:

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Fuente: Elaboración propia, tomando los datos oficiales y comparativos del Borrador vs Proyecto de Acuerdo de Plan Municipal de Desarrollo (2020-2023) Medellín Futuro.

Allí se evidencia que hay una reducción del 28% de recursos para el programa de garantías diferenciales para las víctimas, y de un 79% para el programa de institucionalidad para la paz y acceso a la justicia, se valora el incremento en el programa Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto, así como en el programa promoción y protección de los derechos humanos (Roman Cardenas, 2020)

Por otra parte, el Consejo Municipal de Paz (Conpaz) – Medellín, instrumento pensado para fortalecer el eje de Paz, es enunciado solo dos veces en el Plan de Desarrollo. La primera vez, aparece como objetivo cumplido de la anterior Administración Municipal, cuando en realidad fue un objetivo cumplido como resultado de la presión social y política, pues la negativa del acalde Federico Gutiérrez (2019-2022) fue contundente al no querer reconocer los Acuerdos de Paz. Y la segunda vez, como una enunciación tangencial.

A partir de lo anterior, es evidente que se requiere un esfuerzo institucional para articular las diversos, componente, programas, acciones proyectadas y, en ese sentido, fortalecer las alianzas público-privadas-comunitarias, para hacerle seguimiento regional a la implementación del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo que se viabilice su valor e importancia porque contiene herramientas centrales para hacer frente al desarrollo regional y municipal.

Así mismo, se requieren potenciar las dinámicas, iniciativas y agendas que, desde los territorios (barrios, comunas), ya se hacen como apuestas de paz, potenciar la articulación con la academia, la educación básica y secundaria, generar un espacio de investigación para la paz que aporte incluso en la recuperación de la memoria de la paz construida desde los barrios, potenciar sus incitativas, articular los sectores presentes en el Conpaz y otros, un centro que debería contar con un recurso mínimo concreto. Esta articulación bien podría lograrse gracias a una Gerencia de Paz y un observatorio para la paz, iniciativas que, lamentablemente evidenciamos desapareció tanto en el Proyecto de acuerdo, en el discurso del alcalde y de la gestora.

Es muy importante retomar otros indicadores que desaparecieron en el actual Proyecto de Acuerdo y que son relevantes: la sede del Museo Casa de la Memoria, el reto de la formulación de una política pública de paz, convivencia y reconciliación, el programa de reincorporación, las garantías de seguridad y no estigmatización para los y las líderes sociales, defensores-as de derechos humanos y reincorporados.

En últimas, el llamado es a que el componente de paz no sea una retórica de documentos oficiales, sino que impregne tanto el diseño institucional como la arquitectura organizativa social, sino que se aborde entre esas históricas deudas sociales, políticas, económicas de la ciudad, de la región, del país; asunto lamentable en un contexto de grandes retos que ya traíamos y que se agravan con el Covid19.

A la par, la sociedad deberá seguir creando articulaciones propias, autónomas, para soñar y construir esa anhelada paz con justicia social, como lo ha hecho hasta este momento. Para lo cual es necesario insistir, tomarse los espacios ganados y hacerlos funcionar, al tiempo que se fortalece la presión política, lo cierto es que fortalecer la capacidad organizativa popular no depende de la institucionalidad en exclusivo, sino de la fuerza social que a diario construye ciudad, sociedad y una paz transformadora.

Esperamos que, no tengamos, con estos actos políticos institucionales, que reafirmar lo que sostuvo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay e integrante de la comisión de notables que apoyó la negociación entre las Farc y el Gobierno, cuando expresó en la Quinta Reunión del Grupo de Puebla que:

"Si no hemos podido influir en quienes dirigen Colombia para cerrar una página histórica de un conflicto interminable, si Colombia por segunda vez en su historia no cumple con lo acordado, las consecuencias hacia el futuro son francamente imprevisibles" (El Espectador, 2020)

 

*Ingeniero químico con estudios en geología ambiental y gestión ambiental. Docente universitario e investigador.

**Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz Redipaz, Consejero de Paz –Conpaz- Medellín, integrante Grupo Kavilando.

 

Referencias Bibliográficas

Cepal. (abril de 2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia Covid 19. Obtenido de Cepal: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales

El Espectador. (15 de mayo de 2020). Pepe Mujica: el fallido proceso de paz en Colombia es un fracaso de la humanidad. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/pepe-mujica-el-fallido-proceso-de-paz-en-colombia-es-un-fracaso-de-la-humanidad-articulo-919669

Fao. (27 de abril de 2020). Nuevo informe de la FAO advierte del impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe. Obtenido de Fao: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1272991/

ONU. (21 de octubre de 2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Obtenido de ONU: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

Onu. (21 de abril de 2020). La ONU pide medidas para amortiguar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral. Obtenido de Onu: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/impacto-covid-19-mercado-laboral

Roman Cardenas, M. H. (15 de mayo de 2020). Gerencia de paz: otra deuda de la administración de Daniel Quintero. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/7729-gerencia-de-paz-otra-deuda-de-la-administracion-de-daniel-quintero

 

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