Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá

Linea Conflicto Social y Paz

Por: CIJP, CJL, FFF e IPC

En la región de Urabá se desarrolló un modelo de acumulación por desposesión cuyas principales características son: Despojo de Tierras, legalización de la expropiación de las tierras y la naturaleza, apropiación fraudulenta de recursos del Estado, construcción de infraestructura para la exportación, nueva proletarización, liquidación de organizaciones y movimientos sociales. Implementado por sectores empresariales nacionales, extranjeros y que contó con la participación o la anuencia del Estado (Informe entregado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad 2019).

 

 

01 uraba paras

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), presentamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición1 este informe sobre acumulación por desposesión en la región del Urabá que comprende territorios definidos administrativamente en Antioquia, Córdoba y Chocó.

Nuestra motivación es evidenciar la responsabilidad de sectores empresariales nacionales y extranjeros que, con el apoyo o la anuencia del Estado, jugaron un papel directo e indirecto en las graves violaciones y vulneraciones de los derechos humanos, territoriales y ambientales ocurridas en medio del conflicto armado colombiano, las cuales afectaron a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De igual forma pretendemos visibilizar los beneficios obtenidos por el empresariado en este contexto, mirados en una perspectiva de mediano y largo plazo.

Es necesario aclarar que reconocemos la condición de víctimas de diversos actores económicos de la región, incluso como un factor que subyace en la motivación para la organización a gran escala y de carácter empresarial de una agresión contra las comunidades subordinadas del territorio (trabajadores, campesinos, indígenas, afros descendientes, colonos, etc.). Pero no nos ocuparemos acá de los detalles en este campo, dado que precisamente este ha sido el argumento manifestado por sus compañías y agremiaciones como recurso justificatorio de la barbarie paramilitar y como estrategia de impunidad.

De otro lado, no se puede mostrar la implementación de este modelo de acumulación por desposesión sin abordar el problema del despojo de tierras que se ha hecho visible en el país en los últimos 15 años, particularmente en territorios como Urabá. Dicho fenómeno, es base y fundamento no solo del despojo de las tierras sino de un daño más profundo representado en el despojo de la identidad, del arraigo, del futuro, de las culturas, de la naturaleza y de las posibilidades de una vida digna de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La problemática que se aborda no es el producto solo del periodo conocido como del conflicto armado, 1964 a la fecha, por el contrario, ha sido una constante en la configuración y reconfiguración permanente de esta región del país desde la llegada misma de los europeos en el siglo XVI. 

TEXTOS RELACIONADOS:

Criminalidad – Empresa - Estado. El motor pendular del conflicto armado colombiano.

Sentencias ordenan restituir tierras, investigar a bananeros y pedir perdón en Urabá y Suroeste (Antioquia)

Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia

Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia....

Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín,...

Nos situamos en un enfoque territorial por considerar que es el adecuado para ilustrar una realidad geoespacialmente localizada, de naturaleza privilegiada, de diversidad étnica y cultural, biodiversidad, de tradiciones comunitarias ancestrales, relaciones geopolíticas y de poder. Construida de manera compleja e imbricada con tradiciones, simbologías, prácticas, actores e historias diversas, marcadas por la violencia como mecanismo de dominación y subordinación, también de desobediencias, resistencias y resiliencia.

Es muy difícil construir paz, democracia radical, justicia y garantías de no repetición y convivencia si no se erradica el patrón de eliminación, criminalización, estigmatización de los liderazgos locales y territoriales en los que se ha basado la acumulación de riquezas para unos pocos con el apoyo del aparato estatal y que como ilustramos ha sido posible por la impunidad rampante y evidenciada por periodos a los más altos niveles del aparato de justicia y de diversos sectores de la Administración Pública.

El silenciamiento, el negacionismo instalado en la sociedad colombiana y en la región deben ser superados mediante mecanismos de justicia y la verdad y el esclarecimiento histórico tienen un lugar alto en la tarea de dignificación de las víctimas. Por ello queremos destacar nuestro interés por contribuir a la materialización de los Mandatos 2 y 8 de las responsabilidades colectivas y el desarrollo del conflicto, colocamos un énfasis en el Estado colombiano y el entramado organizativo y empresarial del país y la región; el 9 y el 10 relativos al paramilitarismo y al desplazamiento forzado y despojo de tierras; y el 12 en cuanto a las prácticas y experiencias de resiliencia individual y colectiva.

Y es que esta región de Urabá sufrió el rigor del modelo de la barbarie paramilitar viabilizado por las Convivir y el desarrollo de una alianza entre Estado-Fuerza Pública y Empresariado a manera de Plan Criminal, se instalaron las masacres, el terror, el miedo, la estigmatización, el despojo… Todo el horror se sintió con furor en la década de los noventa del siglo XX y se consolida en los años 2000 y que significó para comunidades étnicas y campesinas el sacrificio de sus proyectos de vida, la pérdida de identidades, el desarraigo, el silenciamiento y el acallamiento, el daño ambiental del territorio. Todo en aras de implementar un modelo agroexportador e inmobiliario y de infraestructura que denominamos de acumulación por desposesión.

Es importante aclarar que el informe es realizado y construido desde el actor social y el testigo que ha estado en el lugar de los hechos, en calidad de organizaciones de derechos humanos y paz, a lo largo de muchos años, desde recoger voces de las comunidades que han sido víctimas porque se ha construido una relación viva y comprometida con el territorio y algunas de sus comunidades y actores sociales.

Es decir que también acudimos al conocimiento producido por cada una de las organizaciones con las comunidades y actores sociales del territorio, y que se ha expresado en investigaciones, boletines, notas de prensa, bitácoras, denuncias, informes periódicos de derechos humanos, bases de datos, etc. También retomaremos elementos del informe Van Por Nuestras Tierras presentado el 10 de diciembre del 2018 a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco del Auto 040 de dicha jurisdicción. Y que está a disposición de la CEV.

Si cabe la expresión, es un informe de lo vivido y compartido con comunidades, víctimas y otros actores sociales del territorio.

DESCARGAR LEER INFORME COMPLETO.

Conclusiones.

La región de Urabá, como otras regiones del país, hace parte de un modelo de acumulación por desposesión cuyas principales características, según Renán Vega Cantor, son: I. Despojo de Tierras II. La legalización de la expropiación de las tierras y la naturaleza III. Apropiación fraudulenta de recursos del Estado IV. Construcción de infraestructura para exportar productos primarios V. Nueva proletarización. VI. Liquidación de organizaciones y movimientos sociales (Vega, 2012). Este modelo se ha implementado instrumentalizando y agenciando la violencia sociopolítica y el conflicto armado.

La historia de la colonización excluyente y elitista en Urabá; el modelo de “llegada e instalación del Estado” con un sesgo clasista, militarista, en pro de las élites económicas; el enfoque y tradición empresarial basado en una visión anticomunista y antisindical; la actuación de las multinacionales y empresas extranjeras como la Chiquita Brands; la presencia de organizaciones insurgentes que confluyeron entre sí y también se enfrentaron de manera violenta; y, por último y con enorme peso, la ubicación geoestratégica de la región y su enorme potencial de recursos; son factores reales que se constituyeron, a la postre, en la palanca y la justificación para el desarrollo de una agresión a gran escala que tuvo resultados humanitarios conocidos: desplazamiento masivo de la población rural, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual, etc., y niveles de daño social, cultural y político que aún no son reconocidos, pero sobre los cuales es necesario el reconocimiento de responsabilidades, por parte de todos los actores que concertaron su despliegue, para avanzar en el camino del resarcimiento integral de las comunidades y poblaciones agredidas.

La agresión a gran escala no ocurrió de manera espontánea e improvisada, por el contrario, para alcanzar los niveles de eficacia que la hacen vigente a la fecha, se fundamentó en una coalición o alianza entre sectores contrainsurgentes nacionales, regionales y transnacionales; empresariales; de la fuerza pública; sectores estatales que cooptaron a la Fiscalía General de la Nación, particularmente en Antioquia; y, por supuesto, sectores políticos dominantes de carácter regional y nacional que avalaron el proyecto paramilitar y su barbarie en estos territorios.

El desarrollo del modelo paramilitar en la región de Urabá (conocido como paramilitarismo de segunda generación), se apoyó en una política legal mediante las llamadas Convivir. Esta alianza o coalición fue artífice de un macro plan criminal que hizo viable el modelo de acumulación por desposesión que implicó el despojo de tierras a gran escala: un total de 160.166 hectáreas167; el desplazamiento forzado en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés: 216.346 personas desplazadas al 1 de noviembre de 2019, según cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional para la Atención y la Reparación Integral a Víctimas de Colombia168. Merece especial atención el desplazamiento producido luego de un periodo de terror que se puede sintetizar en 98 masacres cometidas entre el 14 de enero de 1990 y el 26 de diciembre del 2005 con 509 víctimas fatales169. “El investigador de la Universidad de los Andes, Juan Aparicio, reseñó que entre 1995 y 1997 se registraron 2.950 homicidios con fines políticos. Andrés Suarez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, por su parte registró 103 masacres entre 1998 y 2002” (Verdad Abierta, 30 de septiembre de 2015).

Una vez producido el desplazamiento forzado se evidencia el propósito económico rentístico del despojo de tierras mediante las tácticas violentas, legales e ilegales, que implicó altos niveles de concentración de la tierra y su valorización para negocios privados. Como se evidenciaría posteriormente en las versiones de los ex paramilitares, en el desarrollo de este despojo los principales beneficiarios fueron empresarios y empresas del sector agroindustrial: bananero, palmero y ganadero en el periodo de mayor violencia. Posteriormente, dados los propósitos de desarrollo empresarial del siglo XXI, se benefician el sector de infraestructura con el tema de los puertos, las autopistas y la conectividad; y el desarrollo del sector inmobiliario que trae todo un proceso de urbanización acelerada, como se evidencia en la actualidad en el eje bananero (Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo).

La magnitud de las afectaciones causadas ha sido de carácter macro colectivo y societal en sus sentidos territorial, social, cultural, étnico y político. Los principales daños fueron sobre el campesinado de la región y del país, las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes. El desarrollo del mencionado modelo de acumulación por desposesión dio lugar a un reordenamiento violento del territorio negando a estas poblaciones cualquier posibilidad del disfrute pleno del territorio y la naturaleza para su bienestar social, cultural y político, específicamente al campesinado y a las comunidades étnicas que se vieron expropiados y expulsados de la tierra; desarraigados de sus prácticas económicas, sociales y culturales; y sin la posibilidad de tener su propio futuro y sus proyectos propios en la región. Es de resaltar el daño ambiental de los megaproyectos ganadero y de cultivos de palma, banano, plátano y minero; y su impacto en los humedales, los ríos y la serranía de Abibe, que colocan en riesgo la sostenibilidad ambiental de la región, la conservación del agua y la producción alimentos.

Los antecedentes del modelo de acumulación por desposesión se remontan a finales de los años ochenta y principios de los noventa con el terror de las masacres, los asesinatos, las desapariciones. Al igual que en otras regiones del país, en Urabá se produce el exterminio y asesinato de una dirigencia social y política de la región adscrita a propuestas de transformación social. De manera particular el exterminio de la Unión Patriótica y del sindicalismo que tuvo una cuota alta en la región. La primera fase del plan criminal que desplegó la violencia de este modelo de acumulación se desarrolló entre 1995 y 1997, cuando se realizan acciones conjuntas entre la Fuerza Pública y los paramilitares generando graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado masivo de la población que propició el despojo y el abandono de tierras. La segunda entre 1998 y 2002, periodo en el cual se aseguraron militarmente los territorios despojados o abandonados por las comunidades étnicas y campesinas para desarrollar proyectos económicos a gran escala. La tercera entre 2002 y 2006, cuando se consolidan el control armado del territorio y se expanden los agronegocios de palma, ganadería y banano, a la par con la “desmovilización” de la cúpula paramilitar con la Ley 975 de 2005.

Y la cuarta de 2006 a la actualidad con la reconfiguración del paramilitarismo; la revictimización de las comunidades étnicas y campesinas; el copamiento simultáneo del territorio por fuerzas ilegales como el Clan del Golfo y la militarización por parte del Estado; el avance de las contrarreformas a los logros de las leyes de transición, de reparación y de justicia para las víctimas, como las 16 curules en el Congreso para los territorios más victimizados pactadas en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC; la neutralización y parálisis de la restitución de tierras170; el reinicio del genocidio de liderazgos sociales, casi todos ligados a la lucha por la democratización de la ruralidad, el medio ambiente y el acceso a tierra; la no implementación del Punto Uno de la agenda de la Habana, correspondiente a la Reforma Rural Integral que conlleva la realización de un catastro multipropósito, la creación del banco de tierras y la formalización de predios a campesinos; la consiguiente continuidad de la concentración del poder en los grandes terratenientes que controlan áreas claves del Estado; y la instauración de un estado de impunidad para proteger el modelo económico impuesto en la región. En este periodo se consolidan las megaobras viales y de infraestructura que profundizarán el modelo acumulador y su inserción en la economía global, así como la implementación de nuevos ejes de acumulación como los proyectos de construcción de vivienda, bodegas y oficinas de negocios; el mercado inmobiliario de bienes raíces; el turismo; la minería a gran escala; y el mercado de servicios de agua potable y energía, pero también de seguridad y transporte.

Y es que una conclusión clara debe ser que toda evidencia niega la tesis de ausencia del Estado, pues por el contrario, han sido diferentes sectores del Estado los que han hecho parte integral de la agresión y del modelo de acumulación por desposesión desde el diseño de políticas económicas, que han sido favorables a los terratenientes- despojadores; de seguridad, favoreciendo la privatización de la seguridad por ejemplo con las Convivir; de la No sanción a los funcionarios públicos; de la cooptación de la justicia; del favorecimiento del monopolio político; de la exclusión social y política al no castigar el genocidio de los liderazgos sociales y políticos y la eliminación de la competencia política; del favorecimiento con políticas de fomento a los más ricos; de la neutralización de la democratización de la tierra y de la estigmatización peligrosa a todo aquel que señale esas verdades. Es así como hay que plantear que hay una forma de ser y estar del Estado en regiones como Urabá que no favorece la construcción de un Estado Social y Democrático de Derecho y, no solo eso, sino que prolonga las prácticas ilegales, privatizadoras y corruptas que perpetúan el rentismo, la violencia, la exclusión y la corrupción.

La sostenibilidad y perdurabilidad del modelo de acumulación por desposesión también se explica en la región en la reproducción de patrones culturales y políticos de dominación que refuerzan el mercantilismo; el amor al dinero, a la riqueza y al atesoramiento; y el emprendimiento característico de la “cultura paisa” que predica que no importa cómo se obtenga esta riqueza, sino que lo importante es obtenerla y mantenerla.

Este patrón se repite en la respuesta sistemática y sostenida del gremio bananero que de forma permanente ha negado cualquier responsabilidad en los niveles de victimización producidos, o ha planteado, por ejemplo, que la operación de las Convivir fue de carácter legal y que fueron extorsionados, es decir, que su lugar en el desastre humanitario fue solo el de víctimas y no el de responsables/perpetradores. En contraste con esto, los bananeros, y otros sectores empresariales, se han atribuido un rol protagónico en el “desarrollo de la región” desconociendo que fueron los mayores beneficiarios de la violencia que en Urabá se generó.

Otro factor de sostenibilidad del modelo de acumulación por desposesión tiene que ver con los negocios ilegales un asunto poco abordado incluso por la investigación social y académica y mucho menos por el Estado. En este campo se puede plantear que contrastan el grado de presencia estatal en la región, en todos los ámbitos, de los poderes públicos y de instituciones, los grados de militarización y presencia policial que no logran neutralizar el accionar criminal del llamado Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia) como una estructura que creció, se fortaleció y expandió posterior al proceso de paz con los paramilitares. Es llamativo incluso que cada cierto tiempo que se incautan grandes cargamentos de cocaína y marihuana se establezca su origen en la región y su embarque en el golfo, incluso su almacenamiento en algunas fincas de empresarios; hechos conocidos esporádicamente por informaciones de prensa sin que se conozca de la actuación de la inteligencia y de la justicia respecto a este negocio y la posible participación de los empresarios. Parece ser más un modelo de convivencia que un modelo de confrontación entre lo legal y lo ilegal.

Pese a que todos los poderes se asociaron contra el campesinado de la región y de las comunidades étnicas, incluso poniendo en peligro su futuro a la luz de sus identidades y potencial; es necesario que el país urbano y la sociedad en general conozcan y aprendan de las experiencias de resiliencia de estas comunidades que han sobrevivido y reconstruido sus vidas luego de más de un desplazamiento forzado171; que han construido mesas campesinas; que han dado testimonio al país y al mundo de lo que les ocurrió en las postrimerías del siglo XX; que retornan a sus territorios, incluso teniendo a la institucionalidad en su contra, organizando sus parcelas y reconstruyendo sus cultivos de pan coger y cría de animales pese a todas las agresiones descritas en este informe; que se han movilizado y apoyado todos los procesos de paz; que han luchado por las leyes de reforma rural aun cuando no se cumplan; que han defendido con sus vidas la restitución de tierras; que han establecido formas comunitarias para no desplazarse de nuevo y defender el territorio.

Recomendaciones y solicitudes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Con enfoque de reparación integral del territorio:

1. Solicitamos a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad pronunciarse y poner en evidencia en su informe final, la persistencia en Urabá de un patrón de estigmatización, criminalización, eliminación y cooptación de los liderazgos locales y territoriales, como parte de una alianza criminal orientada a perpetuar un modelo de acumulación por desposesión basado en el despojo y la violación masiva de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; en la que han participado sectores del Estado tanto de Fuerza Pública como de autoridades civiles y de justicia, lo mismo que miembros de la población civil, empresarios y fuerzas ilegales.

2. Identificar, reconocer y nombrar en su informe final sobre Colombia las responsabilidades del empresariado y el Estado en la instalación de un modelo de acumulación por desposesión de riquezas, basado en la violación de derechos humanos y la exclusión de las posibilidades de goce de un futuro en paz a comunidades campesinas, étnicas y rurales en la región de Urabá.

3. Llamar la atención en su Informe final sobre la necesidad de erradicar el modelo de acumulación por desposesión y su patrón de eliminación de los liderazgos locales y territoriales y violaciones a los derechos humanos integrales de las comunidades campesinas, étnicas y territoriales; como fundamento indispensable para la vigencia de la democracia integral, la paz, la convivencia y las Garantías de No Repetición.

4. En el informe final, retomar lo ocurrido en Urabá como un ejemplo de concentración de la tierra por parte de sectores poderosos tradicionales que desplegaron todas las formas de lucha para conservar estos privilegios, a costa del bien común y colectivo, y de la democratización de la vida en los territorios.

5. Reconocer y denunciar el despojo como una práctica sistemática violatoria de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas, toda vez que niega el derecho al futuro y a la naturaleza, los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, culturales y ambientales.

6. Instar en su informe final a erradicar el despojo y la desposesión por parte se sectores empresariales multinacionales y nacionales; a que el Estado colombiano proscriba estas prácticas, las investigue y las castigue; y a que el despojo y la desposesión se reconozcan como violatorios de los derechos humanos.

7. Generar condiciones para que sectores empresariales reconozcan su responsabilidad en prácticas de despojo y desposesión ocurridas en desarrollo del conflicto armado en Urabá, con el ánimo de que se comprometan a implementar acciones de reparación y devolución y restitución de predios a las comunidades afectadas para, de esta manera, sentar las bases de una relación de convivencia en la región, en la que las comunidades campesinas y étnicas tengan cabida en el territorio, garantías de derechos, y condiciones para la NO repetición.

8. Identificar los daños a la naturaleza, a las formas de producción local y regional, y al tejido social generado por el modelo de acumulación por desposesión basado en la violación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, nombrando la responsabilidad de las empresas, los paramilitares y las instituciones del Estado que por acción u omisión así lo han permitido.

9. En Memoria Histórica: reivindicar, desde los pronunciamientos e informes de la Comisión de la Verdad, la cultura étnica y campesina y su contribución a la superación del conflicto y la violencia, así como llamar la atención sobre la importancia de fortalecer y mantener las políticas públicas de construcción de memoria histórica con la participación efectiva de las comunidades víctimas de Urabá, con el propósito de contribuir al goce efectivo de sus derechos y de reivindicar en un relato social amplio las exigencias, propuestas y experiencias de resistencia de dichas comunidades.

10. Retomar las memorias de las comunidades campesinas y étnicas territoriales en el proceso de contraste para el informe final de la Comisión de la Verdad y para la formulación de una política de Memoria y No Repetición; reconociendo el valor de las iniciativas de autoprotección y afirmación de derechos frente a la sistematicidad del desplazamiento forzado y el despojo.

11. Recomendar en su Informe Final la necesidad e importancia de implementar políticas de dignificación y desagravio a las familias campesinas. También, solicitar que los lugares que, como marca de memoria, han recibido el nombre de empresarios despojadores sean renombrados recogiendo las propuestas de las comunidades.

12. Recomendar en su Informe final la implementación de sanciones para aquellas empresas y empresarios que son investigados por despojo, tanto para acuerdos de comercio como para la contratación con el Estado colombiano.

13. En Esclarecimiento histórico: solicitar el reconocimiento público de la responsabilidad histórica por parte de empresas y empresarios de todos los sectores y del Estado. Así como dar cuenta en el informe final de los daños generados, a la democracia local y regional, por el proyecto paramilitar y las CONVIVIR.

Demandar el reconocimiento del papel activo del Estado en el desarrollo de la violencia instaurada en los territorios develando, a su vez, los mecanismos judiciales y políticos que han permitido la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos.

14. En Materia de Impunidad y mecanismos de rendición de cuentas de las entidades públicas y de las empresas:

• La CEV debe suplir los vacíos que presentan las Sentencias de Justicia y Paz, en el caso de los Bloques Elmer Cárdenas y Bananero, al no darse cuenta en ellas del contexto de las graves violaciones a los derechos humanos desde quienes las padecieron, además de NO develar el papel del paramilitarismo y el empresariado en el despojo. Esto desde un enfoque de Memoria que parta de las voces de las comunidades.

• Exigir la desclasificación de los archivos de inteligencia y, de acuerdo con las competencias, dar cuenta en el informe final de órdenes, operaciones o cualquier tipo de actuación que afectara los derechos de la población, nombrando los responsables y sí en algún caso fueron o no sancionados por la justicia.

• Demandar la creación de políticas públicas vinculantes para que de forma periódica las empresas nacionales y extranjeras rindan cuentas públicas de sus actuaciones en los territorios.

15. Reconocer en su Informe Final y recomendar al Estado y a la sociedad la reivindicación social, educativa y cultural de los saberes étnicos y campesinos, y la historia de su resiliencia tomando como ejemplo la reconstrucción de sus vidas luego de múltiples desplazamientos forzados, estigmatizaciones y persecuciones.

16. Señalar las conductas criminales de las multinacionales y su responsabilidad en los daños colectivos e individuales sufridos por cientos de familias e instar a medidas de satisfacción, dignificación y compensación al territorio. 

17. Diseñar una política pública que atienda el fenómeno del despojo en sus dimensiones, contextos, complejidades y sistemas criminales. La cual debe incluir una reparación integral de las víctimas, desde las propuestas de fortalecimiento de la cultura y economía campesina, acuerdos interétnicos, que construya y proteja las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad para la detención de los daños ambientales y para la recuperación social, cultural, política y espiritual de los territorios.

18. Esclarecer la tenencia de bienes y propiedades en manos del narcotráfico o de terceros ocupantes de mala fe para que estos sean parte de un fondo de reparación, construir un modelo específico para la efectividad de los derechos que se desprendan de dicho fondo, de manera que se puedan sanear dichos bienes y hacer una entrega real y material de los mismos a las comunidades afectadas. 

19. Solicitamos se considere proceder, desde las competencias y recursos que tiene la Comisión de la Verdad, en colaboración con las comunidades, centro de este informe, y los demás actores del territorio, en la construcción de un mecanismo para la rendición de cuentas de los terceros civiles implicados en graves violaciones de derechos y de esta manera:

• Esclarecer las conductas de agentes estatales en la época de los hechos; y su imbricación y relacionamiento con el paramilitarismo.

• Esclarecer el sistema criminal que consolida y profundiza el modelo económico de despojo y acumulación por desposesión, con el de fin que dicho fenómeno se detenga.

20. Recomendar la creación de políticas públicas para la protección de los espacios de las memorias, los monumentos, los Festivales de las Memorias de las comunidades afectadas, construidas desde las propias comunidades.

21. Reconocer los daños ambientales y la extinción de bosques primarios y kativales, ciénagas en desarrollo de múltiples violaciones de derechos humanos sistemáticos, desplazamientos forzados y el despojo empresarial, el desconocimiento de relaciones con otros sistemas de vida bióticas y abióticas de las comunidades por la violencia parainstitucional. Así mismo, mencionar y evidenciar la responsabilidad de las empresas, los paramilitares y las instituciones del Estado, por acción u omisión, en este tipo de destrucción sistémica ambiental.

22. Recomendar a la Fiscalía General de la Nación y a la Jurisdicción Especial de Paz, la realización de una investigación eficaz sobre responsabilidades de empresarios en el conflicto armado y la vulneración de derechos humanos en Urabá, con base en pruebas existentes, en expedientes y en sentencias judiciales, en la jurisdicción de la Ley 975 de 2005 concernientes a los bloques Bananeros, Elmer Cárdenas, Metro, Nutibara, Calima, entre otros, así como en las sentencias de Restitución de Tierras y también de la justicia ordinaria.

DESCARGAR LEER INFORME COMPLETO.

NOTA RELACIONADA.

 

 

 

 

Déjanos tus comentarios


Código de seguridad
Refescar

Revista Kavilando

PORTADA KAVILANDO 11 2B

Publicaciones

Slider

Afiliados a

clacso

cc

Visitas